El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado este martes 21 de noviembre en el que expuso seis puntos específicos para conocer el caso denominado “Toma de la Usac: Botín Político”, en el cual están señalados estudiantes y docentes universitarios, integrantes del partido Semilla, diputados actuales y electos, así como el binomio presidencial electo, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Este expediente, que es investigado por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, fue revelado la semana pasada cuando el personal de esa oficina, en conjunto con la Policía Nacional Civil, desarrolló un operativo para ejecutar órdenes de aprehensión contra los sindicados. También se presentaron solicitudes de antejuicio contra los legisladores y las autoridades entrantes.

Estos son los aspectos clave que destacó el ente investigador:

1. La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) presentó una denuncia en 2022 tras la toma “ilícita” de las instalaciones y un año después planteó otra por los daños causados al recinto. En ese sentido, el MP inició con las investigaciones en seguimiento a los hechos denunciados.
2. La fiscalía le solicitó a un juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba, lo que permitió documentar los daños causados en el marco de la toma que duró 385 días. De esta manera se estableció un daño patrimonial estimado en Q90 millones. “Asimismo, se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”, destacó el MP.
3. En el 2010, la Usac fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.
4. En el marco de las pesquisas, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), realizar un peritaje lingüístico que, de acuerdo con la entidad, no es definitivo ni desvanece los demás elementos de la investigación recabados. “El alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”, se indicó.
5. En seguimiento a este caso, el juez autorizó 31 diligencias de allanamiento y 27 órdenes de captura. También se solicitaron seis procesos de antejuicio para poder investigar, si se declaran con lugar, a los involucrados. Los delitos que se les atribuyen a estas personas son: usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita. “Al advertir que, deliberadamente, estuvieron presentes, participaron e incitaron abiertamente a la toma ilegal de la universidad”, expuso la Fiscalía.
6. Suman al menos 250 mil los estudiantes que fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la Usad durante más de un año. Ante ello, los universitarios afectados presentaron una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos.