Una ley de toda dependencia del Estado de Guatemala debe contener principios generales de funcionamiento, regulación y objetivos prioritarios. Debe ser armoniosa y acorde con los principios y garantías constitucionales. Si de pronto se empieza a centrar en cuánto debe devengar cada empleado o cómo debe ser la corrección de faltas administrativas, se convierte en puntillosa, lo cual contraviene su fin institucional y de largo plazo. Para eso están los reglamentos, que se fijan según las circunstancias y coyunturas, para ir evolucionando conforme las actividades de la entidad lo requieran. Para lograr una norma institucional funcional, visionaria y eficiente se necesita análisis profundo, discusión seria, redacción impecable y una revisión para que sea a prueba de inconstitucionalidades.

Por eso, la nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), aprobada el 27 de noviembre en una sola discusión, bajo moción de urgencia nacional, no tiene uno, sino cuatro pecados originales que amenazan su subsistencia: denota que no hubo un análisis profundo en su planteamiento, su redacción está cargada de ambigüedades, la iniciativa de ley no fue debidamente debatida en el pleno y, además, tiene fragmentos que podrían contravenir artículos constitucionales. Lo inexplicable es ¿por qué ninguna bancada de oposición —que señalaron varias deficiencias— ha presentado un recurso en la Corte de Constitucionalidad?

La mencionada ley nace con la intención de modernizar y restructurar la PNC, y por ello derogó la que dio origen a la institución en 1997. Pero la iniciativa se presentó apenas 4 días antes de ser aprobada, tiempo insuficiente para el análisis y corrección, sobre todo porque rige el funcionamiento de la principal entidad a cargo de la seguridad ciudadana democrática.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) hizo una revisión de la mencionada norma y encontró posibles inconstitucionalidades en su articulado. Por ejemplo, no armoniza la PNC con el Ejército o las policías municipales. Al definirla con un concepto monopólico, vulnera la autonomía municipal porque subordina el cumplimiento de tareas ediles de seguridad a esa institución. Se creó una especie de fuero especial para los agentes en caso de uso ofensivo de sus armas, con una presunción general de cumplimiento del deber. Tales cláusulas riñen con el principio constitucional de igualdad y abre limbos de impunidad que, en lugar de estimular la mejora en el desempeño de los efectivos, puede convertirse en incentivo perverso para el abuso de autoridad.

La politiquería es una forma de negligencia que asuela a partidos, funcionarios y autoridades. En la redacción de dicha norma fue obvio el afán del presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, exdirector policial, de congraciarse con el gremio, al incluir aumentos generalizados y automáticos cada dos años y un bono extra anual. El problema es que crea una progresión de gasto adicional creciente e insostenible, cuya fuente de financiamiento no se especifica, lo cual entraña otra posible inconstitucionalidad.

Nadie se opone a la dignificación de los agentes policiales, pero eso no depende solo de sus emolumentos, sino de sus condiciones de trabajo y posibilidades de ascenso, con una combinación de tiempo, experiencia y logros; los reconocimientos al buen desempeño se deben hacer a través de procesos de meritocracia, y ello pertenece a un reglamento. La ley anterior de la PNC quedó expresamente derogada, pero la nueva alude a sus reglamentos como referencia, en tanto se formulan los nuevos, que son una treintena.