Donald J. Trump persuadió en las elecciones generales de su país a un amplio y diverso electorado de que solucionaría, como una de sus prioridades, los problemas nacionales, en especial la migración ilegal, el narcotráfico y las maras. El Partido Republicano, bajo el liderazgo del movimiento trumpista, influyó a que sus candidatos al Congreso lograran el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Este sólido poder político le ha permitido integrar un equipo gubernamental afín y alineado en el que se incluye el nombramiento como secretario de Estado a Marco Rubio, exsenador por la Florida, experimentado en temas internacionales y de seguridad nacional.

En este contexto, la región al sur de la frontera de EE. UU., que abarca desde México a Venezuela, pasando por Centro América y el Caribe, son países de diferentes dimensiones e intereses, que adolecen actualmente de mecanismos efectivos de coordinación multilateral y de integración económica. Hay una ausencia de liderazgos con capacidad de convocatoria. Los modelos de desarrollo son de crecimiento económico modesto, pese a la estabilidad macroeconómica. Prevalecen casi de manera estructural las condiciones que favorecen la migración. Hay una alta dependencia del flujo de remesas. La informalidad está extendida. Los sistemas educativos públicos no están vinculados a la productividad nacional. Las inversiones en infraestructura productiva e inversiones privadas están en niveles muy por debajo de los estándares internacionales. Estos modelos están basados, la mayoría, en sistemas democráticos frágiles y algunos con sistemas políticos autoritarios. Esta región en la que el estado de Derecho es permeable e instrumentalizado es vista por la administración Trump de forma prioritaria por representar una amenaza y altos riesgos en múltiples temas de seguridad nacional.

El secretario Marco Rubio se estrena en sus funciones en un periplo fugaz por esta región vecina, que ha sido desatendida estratégicamente por los EE. UU. Los mensajes llegan con carácter urgente. Los países deben recibir a sus migrantes ilegales detenidos en los EE. UU. y en algunos casos de otras nacionalidades, que serán en números pocas veces visto. Los gobiernos de la región enfrentarán además de los desafíos propios de sus gestiones estas nuevas realidades de las que no estaban del todo previstas. Se requerirán recursos adicionales para desplazar fuerzas de seguridad en zonas fronterizas para hacerle frente a la migración ilegal, al narcotráfico y en especial a los carteles que operan en la región. La designación de estos como grupos terroristas tiene otra connotación que obligará a la región a cooperar y a coordinar con los EE. UU. de una manera aún más estrecha.

Ante estas nuevas realidades, que son apremiantes e ineludibles, uno se plantea esta interrogante: ¿Hacia dónde va Guatemala? El gobierno de turno, a un año de iniciar su gestión pública, que enfrenta sus propias precariedades y desafíos, debe considerar que el presidente de la República se dirija a la nación para explicar lo que significan para Guatemala estas nuevas situaciones, que estarán afectando a miles de connacionales en los EE. UU. y a miles de familias en el país. Se están dando bajo presión externa las condiciones para que más temprano que tarde se propicie un gran diálogo nacional en el que se discutan estos desafíos sin precedentes y se busquen acuerdos sobre fórmulas políticas y económicas que respondan con efectividad a estas nuevas y complejas realidades. Es imperativo que se inicie un cambio sensible hacia un desarrollo integral, que altere el modelo económico que está llegando a un punto muerto.