Guatemala en un Estado con vocación carcelaria. No es nada nuevo, aunque sí intensificado en los últimos años, producto seguramente de las dictaduras, de la represión y de ausencia de acción judicial eficaz. Tampoco hay respeto por el ser humano, lo que conduce a no valorar la libertad como un elemento sustancial y característico, el mayor valor que posee y que hay que proteger.

Las comparecencias públicas de la Cicig y el Ministerio Público saciaron el deseo de muchos de disfrutar de unos minutos de atención orwelliana, con otros que realizaban el trabajo sucio. Apenas transcurrían minutos desde los allanamientos sistemáticos hasta la prisión preventiva; y de ahí, la condena mediática y el regocijo colectivo llegaban en tan solo un instante. En poco tiempo, únicamente quedaba “disfrutar” del encarcelamiento de los “mal vistos” —independientemente de su culpabilidad—, ya que la acusación recién comenzaba y podían pasar meses o años hasta el juicio que condenaba o absolvía.

Ciertos medios de comunicación y redes sociales celebraron el poder de transmitir ejecuciones públicas en directo, satisfaciendo así el deseo morboso de venganza que algunos albergan en su interior. No había necesidad de convocar en una “Plaza de la Revolución” ni de montar un patíbulo, mucho menos de la presencia de un verdugo enmascarado, ya que todo quedaba oculto y anónimo detrás de pantallas de celulares, televisores o radios. Incluso durante el gobierno de Colom se habilitó una cárcel específica para esos “criminales”, y el interés público se centró en ese nuevo penal que ha continuado siendo un referente de la ola de detenciones e ingreso en prisión, hasta nuestros días. Aquellas decisiones han generado estas consecuencias, y ahora, por venganza, vivimos una tercera fase de esa actitud represiva, mientras seguimos encarcelando a quienes nos desagradan.

Como sociedad, no hemos comprendido la justicia más allá de la simplicidad de lo que colectivamente nos satisface y consideramos justo, frente a aquello que nos molesta, y rechazamos, aunque con preocupante arrogancia nos convertimos simultáneamente en fiscales, defensores y jueces. No se trata de establecer un sistema que solo encarcele a quienes verdaderamente lo merecen, sino de llenar los centros de detención con aquellos que creemos que deben ser ocupantes obligatorios, siempre según nuestro atrevido criterio. Tampoco se respetan los tiempos legales de prisión o atención judicial, y quienes caen en las garras del sistema quedan bajo la fuerte sospecha de que “algo habrán hecho”, siendo abandonados a su suerte.

El país vecino es un reflejo de esta situación. Con alrededor de 80 mil detenidos —muchos sin juzgar—, su gobierno ha alcanzado altos niveles de popularidad, a pesar de estar liderado por un aprendiz de dictador con tendencias autoritarias, a quien tanto locales como foráneos “valoran” y aplauden como verdugo nacional.

Cambiar esta situación requiere comprender cuáles deben ser los principios para elaborar las normas y valorar adecuadamente la libertad. Además, es necesario superar el analfabetismo judicial para entender los procesos de manera correcta y respetuosa.
Sin embargo, en su momento celebramos aquello que ahora condenamos, lo que se refleja en un cambio de perspectiva —a menudo infantil— que evidencia una gran falta de madurez social. No avanzaremos mientras la lucha sea entre “los tuyos” y “los míos”, la “derecha” y la “izquierda”, “chairos” y “corruptos”. Una sociedad infantilizada no tiene la capacidad de autocorregirse ni tampoco diseñar un futuro, y lo que no hemos sido capaces de aprender en décadas, no lo resolveremos en días, mucho menos con actitud poco crítica.