Tal parece que la así llamada instancia de jefes de bloques es en realidad una instancia de jefes de bloqueo a una agenda legislativa de auténtica visión de Estado, beneficio a la ciudadanía e integridad de servicio. Nadie forzó a los actuales diputados a postulares o a reelegirse. Por lo tanto, no pueden argumentar que la tarea de representación les resulta demasiado onerosa con el fin de querer justificar el lesivo, inviable e ilícito autoaumento aprobado con alevosía y nocturnidad. Y si el costo de oportunidad de ocupar una curul es tan insoportable, que renuncien, pero que no busquen prolongar el sucio incremento mediante el bloqueo de las sesiones del pleno.

La actitud de los diputados es tan reprobable como la de los bloqueos carreteros impuestos a la ciudadanía guatemalteca por el grupo denominado Codeca. Aunque afirma buscar el desarrollo campesino, los cierres viales impiden la llegada de productos agrícolas a los mercados, impactan a miles de pequeños comerciantes, trabajadores, artesanos, estudiantes, emprendedores, familias de provincia e incluso pacientes en traslado. Sí, pueden ejercer el derecho de libre expresión y de petición, pero sin perjuicio del derecho de los conciudadanos.

Es una pretensión inviable, enfermiza e irrespetuosa la de los diputados incrementistas. La Directiva intentó bloquear la difusión de la amañada enmienda presupuestaria de curul —nunca consensuada—, votada por 87 diputados; se bloqueó el acceso a la información cuando la junta permanente avaló, sin autoridad para ello y a escondidas otra vez, el aumento vergonzoso. Ante el repudio generalizado, fingieron dar marcha atrás, pero endilgaron en el pleno la votación para revertir el abuso. Los jefes de “bloqueo” sabotean las sesiones, para huir del ojo ciudadano, así como la CC rehuyó anular el abuso.

La obstrucción a la discusión del Congreso no puede prolongarse más, y menos aún el aumento, por su evidente ilegalidad y subyacente abuso. De continuar, podría pensarse en un incumplimiento de funciones, porque existen en el país ingentes necesidades de leyes eficaces, bien redactadas e integradas al corpus legal del país. Una nueva Ley de Tránsito, otra de Transporte y la de Servicio Civil son adeudos largamente relegados. También figuran en fila las reformas correctas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para corregir viejos entuertos, fortalecer la participación ciudadana y robustecer la fiscalización de finanzas partidarias.

Pero justo allí radica otro cuco de la politiquería barata que sale cara: ciertos grupos de diputados, bajo el influjo de exfuncionarios, exmandatarios, presidenciables fracasados y caducos criterios buscan avalar de nuevo el nefando transfuguismo, reducir capacidades de control financiero al Tribunal Supremo Electoral y darle puerta libre a la entrada de dineros sin reporte ni fiscalización. Bloquean el paso a una mayor fiscalización en tiempo real de sus cuentas, a transparentar los mecanismos de gestión partidaria y exigir reconocida honorabilidad a sus candidatos para mejorar el desempeño de la gestión pública.

El actual Tribunal Supremo Electoral, integrado por una titular y suplentes, anunció el inicio del proceso de planificación técnica de los comicios del 2027. Si bien estos serán conducidos por la próxima magistratura, a ser designada el próximo año, se necesita desde ya depurar el padrón electoral, detectar inconsistencias entre cifras de empadronados y documentos de identificación por localidad. También ya se apresuran inscripciones de nuevas fichas partidarias con todo y reciclajes de viejas figuras. En todo caso, el Registro de Ciudadanos debe cotejar bien esas nóminas, para no repetir vicios.