Hace unos días recordaba una charla que tuve con el exfutbolista uruguayo Gustavo Faral, quien a inicios del siglo era el director técnico en Guatemala del equipo de futbol Deportivo Petapa. Sus resultados fueron tan buenos que incluso logró catapultarlo a la Liga Mayor.
Palabras más, palabras menos, a mi pregunta sobre el “secreto de su éxito”, el profe Faral me explicó lo importante de plantear una estrategia que no solo tomara en cuenta fortalezas y debilidades de sus jugadores, sino también las del equipo rival. El comportamiento de los árbitros en el torneo, la dinámica de la dirigencia, los “pesos” internos y externos y hasta el rol de la “hinchada”.

La anécdota viene a cuento no porque se estuviera definiendo el torneo de clausura del futbol nacional, ni por los resultados de la Champions o LaLiga española. Más bien, estuve dándole vueltas a propósito del complejo contexto político guatemalteco y las dificultades que está teniendo el equipo de gobierno para plantear una estrategia que le permita hacer frente y ganar el “campeonato” en defensa de la democracia nacional.

La política no es el futbol, eso está claro. Pero cuando vemos que el plan se circunscribe a “pasar el balón” para ver si así se gana o por lo menos se empata, se me hizo imposible no pensar en la analogía. Y hablo específicamente de la incapacidad que ha tenido el Ejecutivo para frenar el abuso en la acción punitiva del MP y el uso indebido del sistema de justicia como herramientas de persecución y mecanismo para torpedear/anular cualquier acción que intente trastocar el estado actual de las cosas.

Ejemplos sobran, pero en esta última semana vimos tres con mucha claridad: el traslado durante la madrugada del abogado Eduardo Masaya hacia el Preventivo de la zona 18, el freno a la decisión de la SAT de armonizar el número de identificación tributaria (NIT) con el código único de identificación (CUI), y el barullo público —además de acciones legales— en contra de la decisión de retirar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena.

En el primer caso, con premeditación y alevosía, buscaban desesperar a Masaya y obligarlo (como ya han logrado con otras personas) a aceptar cargos para resguardar su integridad, además de hacer ver que el ministro Jiménez no manda o no le hacen caso. En el segundo, frenar una vía para mejorar la recaudación y, de paso, convencer a una parte de la población de que la medida era una argucia para vigilar sus cuentas bancarias y las remesas que reciben. Y en el tercero, visto que les resulta provechoso en una sociedad como la nuestra avivar los fantasmas conservadores, volver a levantar la bandera de la dizque defensa de la soberanía y los valores tradicionales para echarse un nuevo pulso y desgastar aún más al gobierno.

El problema es que en este terreno los antagonistas antidemocráticos corren con ventaja ante la falta de pericia, cintura política, claridad comunicacional y, sobre todo, ante la ausencia del ejercicio firme del poder político del presidente Arévalo. Y esto no solo impacta en quienes son perseguidos, sino en la gobernabilidad, en la percepción ciudadana y en el conjunto de medidas que en otros ámbitos se están queriendo implementar.

Quedan 12 meses para que Consuelo Porras y su círculo dejen el MP porque terminará su período. En este tiempo redoblarán la apuesta, intentarán hacer todo el daño posible y procurarán dejar todo amarrado para garantizarse impunidad.

Termino con otra analogía futbolística que relató Diego Maradona. Brasil iba dominando un partido contra Argentina. En el medio tiempo, el entrenador argentino Carlos Bilardo les dijo a sus jugadores: “Si se la siguen pasando a los contrarios, vamos a perder”. Reaccionaron, la Albiceleste pasó a la siguiente ronda.