Los diputados al Congreso deben tener un aumento, pero no de sueldo, sino de trabajo, de eficiencia y de productividad. Las múltiples leyes pendientes o reformas largamente aplazadas, desde hace varias legislaturas, desnudan los vacíos de las peroratas politiqueras de nuevas y viejas figuras del tinglado partidario. Con grandilocuencia farisaica no faltan legisladores que denuncian los atrasos en procesos portuarios que impactan al comercio, la exportación y la industria, pero a menudo han sido sus partidos actuales —o previos— los que han pasado con mucha pena y nada de gloria por el hemiciclo, perdiendo el tiempo y engavetando el avance, sobre todo aquellos exintegrantes de extintos partidos de múltiples y voluminosos financiamientos jamás reportados.

En el Congreso se habla, en conjugación de futuro simple indicativo, acerca de cinco iniciativas de ley relacionadas con el desarrollo de puertos, aeropuertos y, en general, de infraestructura. La acotación sobre el tiempo verbal es relevante porque alude a una acción venidera, a una intención o a una probabilidad. Tales iniciativas aún no se concretan, ni siquiera algunas que tienen un plazo perentorio. Es irrisorio cómo ciertos diputados afirman que se presentarán en el “transcurso” de abril, mes marcado por el descanso de Semana Santa, que tiene una altísima eficiencia de cumplimiento en el Congreso.

Eso no significa que las normas pendientes no urjan. Al contrario, son necesarias desde hace demasiado tiempo. En la comisión de Comunicaciones se habla de crear un “marco específico” para la contratación de obra pública, a fin de transparentar procesos, acortar tiempos y agilizar el desarrollo de infraestructura. Esta legislatura lleva 14 meses de atraso solo en esa área. Y no se necesitan parches, sino una Ley de Adquisiciones nueva, funcional e integral.

También se mueve otra iniciativa relacionada con la Ley de Aviación Civil, para su debida actualización y puesta en sintonía con las regulaciones de todo el mundo, pero, sobre todo, con las exigencias de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. En efecto, Guatemala está varada en cuanto al desarrollo aeroportuario, pero muy poco ayudó a impulsar cualquier avance la estadía del mismo director de Aeronáutica Civil durante más de seis años, durante los gobiernos del extinto partido FCN-Nación y del anterior oficialismo. A lo largo de ese tiempo se oyeron muy pocos cuestionamientos de quienes ahora impulsan cambios. De nuevo, son transformaciones urgentes pero cuya iniciativa ya debería tener dictamen. Pero está en tiempo indicativo de futuro también.

La iniciativa de Ley General de Puestos es una de las obligaciones de la recientemente creada Autoridad Designada del Sistema Portuario. El viceministro de Comunicaciones, Fernando Suriano, que también es actual titular de la directiva de la Portuaria Quetzal, afirmó que la propuesta tiene un 60% de avance, que esta semana se presentaron a la Comisión Portuaria las consideraciones, estructura y elementos de la iniciativa, cuyo plazo perentorio es mayo. Siendo optimistas y en modo compuesto subjuntivo de futuro podría decirse que, si para entonces se hubiere presentado allí, comenzará otro trayecto, de duración totalmente impredecible, en este Congreso.

La Ley de Transporte es otra de esas normas desactualizadas a la cual se debe sumar la de Tránsito. Ambas necesitan de una renovación total, incluyendo aspectos como la contratación de seguros de responsabilidad civil, tema que rechazaron muchos diputados, con la demagogia usual, en las recientes y sospechosas protestas. Ojalá estos temas lleguen pronto a discutirse en tiempo presente.