Hace 438 días que el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo guarda prisión preventiva. En su contra hay tres procesos penales que el Ministerio Público (MP), los querellantes adhesivos y algunos jueces y magistrados se han encargado de retrasar.
En el primero, denominado “Alfa 7”, en el que por fin se inició el juicio la semana pasada, Campo goza de una medida de prisión domiciliaria con control telemático. Pero como en el segundo de los procesos, conocido como “caso Zolic”, se le negó el arresto domiciliario, el abogado continúa en prisión. A estos dos expedientes se suma una tercera acusación relacionada con su trabajo como fiscal del caso “Libramiento de Chimaltenango”, en el que ni siquiera ha podido rendir su primera declaración.

Del segundo de los procesos (el que lo mantiene en la cárcel) se sabe poco, porque el expediente está bajo reserva. Lo que se conoce es que el MP lo acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. A pesar de estar en juego su libertad, desde marzo de 2024 están suspendidas las audiencias en las que se debe definir si enfrentará juicio o no. Esto porque la otra persona que está acusada en este mismo caso recusó al juez Jimi Bremer y estas son las horas que sigue sin resolverse la recusación.

Aunque la defensa apeló la decisión de Bremer de mantenerlo en prisión preventiva, una sala confirmó lo resuelto por el juez y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también denegó el amparo provisional que se había solicitado a su favor, pese a que se ha excedido con creces el plazo razonable de prisión preventiva y persiste el retraso de las audiencias sin justificaciones. Ahora su libertad (aunque sea condicional) está en la cancha de la CC.

Stuardo Campo dirigió la Fiscalía contra la Corrupción del MP entre 2016 y 2021 y luego fue trasladado por Consuelo Porras a la Fiscalía de Tráfico Ilícito de Migrantes, justamente cuando estaba investigando (junto al auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón) al exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, por la megacorrupción en la construcción del libramiento de Chimaltenango. Ahora resulta que el acusado es él.

Su caso tiene varias similitudes con el que enfrenta la también abogada Claudia González Orellana, quien fungió como mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y está acusada por el MP del delito de abuso de autoridad. La denuncia en su contra provino de la exmagistrada de la CSJ Blanca Aída Stalling Dávila, quien fue procesada al intentar presionar al juez Carlos Giovanni Ruano para que otorgara una medida sustitutiva a favor de su hijo señalado en un caso de corrupción.

Claudia González estuvo presa en Mariscal Zavala, y aunque se le otorgó una medida sustitutiva, su caso debió cerrarse porque el tipo penal por el que se le señala solo aplica a las y los funcionarios públicos y ella nunca lo fue. Aun así el juez Jimi Bremer decidió enviarla a juicio, pero el proceso quedó entrampado en la etapa de ofrecimiento de prueba, a pesar de que una sala de Apelaciones le ordenó al juzgador (en tres ocasiones) concluirla y enviar a debate. Ante la desobediencia, se recusó a Bremer, pero aún se está a la espera de que se resuelva la recusación.

La persecución indebida en contra de Campo y González muestra cómo el sistema de justicia se sigue utilizando para castigar a dos abogados que cumpliendo con su deber persiguieron estructuras de corrupción y tráfico de influencias. Hay un interés manifiesto en retrasar maliciosamente sus procesos y, en el caso del exfiscal Campo, mantenerlo en prisión. Urge rescatar la Fiscalía General del control de las mafias y un paso en la dirección correcta es recuperar, este viernes 14/2, en la elección del Colegio de Abogados, la independencia gremial.