Mi padre, Henry Joaquín Nicol Elizondo, fue un pionero del sector automotriz en Guatemala, propietario del concesionario Agencias Nicol, S. A., un hombre de honor que siempre cumplió con sus créditos hasta que circunstancias externas le llevaron a la ruina. Décadas atrás, Willys Jeep pasó a ser Kaiser-Jeep Corporation, cambiando la fabricación y dejando motores defectuosos en los Jeep Wagoneer producidos en Brasil. Agua se mezclaba con el aceite y los vehículos se detenían. Esto provocó devoluciones masivas y pérdidas enormes, mientras la empresa extranjera se negó a asumir responsabilidad, obligando a mi padre y a nuestra familia a absorber costos que jamás pudieron cubrir.

En 1968, para evitar la quiebra, mi padre firmó un acuerdo con el Crédito Hipotecario Nacional, entregando todas sus propiedades: el concesionario, fincas, minas, gasolineras y otros negocios —con la promesa de que sería todo devuelto en cinco años. Nunca ocurrió. Los activos permanecieron bajo control externo durante 23 años, sin apoyo del gobierno guatemalteco.

Tras años de litigio, la familia ya había ganado el caso: cerca de 40 millones de dólares a Chrysler por daños y perjuicios. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la Corte de Constitucionalidad cerró el caso, dejando todo sin efecto y borrando décadas de lucha legal. Juristas calificaron esto como una “muerte civil”: a mi padre le fueron quitando sus bienes presentes, pasados y hasta futuros —que, según el Dr. Edmundo Vásquez Martínez, era algo injusto, e inconstitucional—, quedando desprotegido para mantener a su familia, incluso con niños pequeños. Murió en extrema pobreza, a los 80 años, pese a su honorabilidad y contribución al país. Esta injusticia evidencia cómo se privilegia a empresas extranjeras sobre familias guatemaltecas, aun cuando la ley y la ética lo exigían.

Este caso me enseñó algo dolorosamente vigente: cuando las instituciones de justicia se dejan comprar, fallan sobre vidas reales y sobre la confianza de toda la ciudadanía.

Hoy, Guatemala enfrenta un momento crucial con la integración de magistrados como la Corte de Constitucionalidad (CC), entre otros. Cabe resaltar que la CC es el guardián de la Constitución y el árbitro de los conflictos más delicados del país. Además, el Congreso tendrá un papel clave en procesos como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La ciudadanía no puede permanecer indiferente. La justicia no es solo tema de abogados o políticos; es el cimiento de la democracia y la convivencia social. Sin embargo, veo con preocupación que se esté eligiendo a los mismos de siempre.

Procesos recientes, como la elección en el Colegio de Abogados y Notarios, muestran que existen perfiles con respaldo, pero ojalá no sean desplazados por dinámicas políticas que poco tienen que ver con mérito o idoneidad. Guatemala necesita instituciones fuertes, magistrados independientes y decisiones que fortalezcan la confianza pública.

Guatemala tiene juristas y académicos de prestigio que podrían restaurar credibilidad y confianza. En la elección de la Usac, Mazariegos, que piensa perpetuarse, parece que será abrumadoramente derrotado, pues está perdiendo a los colegios profesionales. Quizás es un respiro.

Si algo nos enseña la historia reciente es que cuando las instituciones son capturadas, el daño se extiende por generaciones. Mi familia lo vivió y aún lo vive en carne propia. Guatemala necesita magistrados con independencia, capacidad y credibilidad. La justicia no puede seguir siendo rehén de los mismos de siempre que han cooptado al país.