Mucha tinta y gigabites han corrido tras las sucesivas revelaciones escandalosas alrededor del magnate de México Raúl Rocha Cantú, señalado de trasiego de combustibles —huachicol, en el argot de ese país— y armas, los cuales tendrían como clientela a carteles mexicanos. Hace apenas una semana, Rocha Cantú solo tenía que tratar de acallar los rumores de supuesto fraude en el concurso de Miss Universo efectuado en Tailandia, en el cual fue coronada la aspirante mexicana, aunque no antes de la renuncia de dos miembros del jurado por presiones externas y no después de haber declarado él mismo que, en efecto, el jurado solo tiene un 35% de peso en la decisión final.

Cualquier ganadora del certamen habría tenido salpicada su corona con la sospecha de un señalado chanchullo, pero sobre todo por la sombra cuasidelictiva del multimillonario que fue nombrado cónsul honorario de Guatemala en Toluca, durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla, el 16 de noviembre del 2021. El ministro de Relaciones Exteriores era Pedro Brolo —dimitió dos meses después— y el embajador del país en México era Mario Búcaro, quien sustituyó a Brolo en el cargo.

Rocha Cantú estuvo presente durante la recepción oficial con motivo de la visita del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en mayo del 2025, pues su compromiso era promover las inversiones mexicanas en Guatemala. Lo que no se sabía era en qué forma sería la llegada de aquellos capitales ni en qué circunstancias. La investigación de la Fiscalía General de la República de México comenzó el 29 de noviembre del año pasado, y aunque se solicitó hace tiempo su captura, la orden judicial estuvo engavetada y se emitió recién, la semana pasada.

Mientras tanto, en Guatemala, Rocha Cantú continuó con la investidura “honoraria” hasta octubre último, según asevera el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, reactivo y tardío, emitido ayer. El Minex aduce que la destitución de Rocha Cantú se debió a un cambio inconsulto de dirección fuera de Toluca, el cual fue detectado por monitoreos de oficio. Por simple prevención, la Cancillería debería presentar un informe público actualizado con la nómina de los cónsules honorarios en varios países y ciudades donde no existe sede diplomática oficial. Según la página de dicha cartera, existen 88 representantes “honorarios”, cuya honorabilidad, idoneidad y residencia se debería cotejar.

La denuncia periodística que hicieron medios mexicanos sobre la situación legal de Rocha Cantú desató hepáticas reacciones al inicio. Pero cuando se hizo oficial la pesquisa y la orden de captura, ya las implicaciones cambian, sobre todo porque el magnate, en lugar de clamar inocencia, dijo que estaba en proceso de convertirse en “testigo protegido” de la fiscalía, quizá como un intento de negociación para evadir un potencial juicio y encarcelamiento.

Para los funcionarios conexos con su nombramiento y acciones “honoríficas”, el anuncio de Rocha Cantú constituye una confirmación indirecta de que algo hay de cierto: porque nadie pide protección si no teme que sus revelaciones puedan incomodar a más de uno, máxime si se trata de bandas criminales. El Ministerio Público de Guatemala debería investigar nexos e implicaciones de exfuncionarios, aunque tal pesquisa podría pasar a la fila de casos parsimoniosos que apuntan al anterior gobierno. En todo caso, la lección está bien explicada: otorgar nombramientos gratuitos sin investigar bien los perfiles puede salir muy caro y con un universo de complicaciones.