Migrantes cuestionan y exigen cambios en Conamigua, mientras elección se desarrolla en el Congreso

Los guatemaltecos migrantes que residen en Estados Unidos, mientras se desarrolla la elección de las nuevas autoridades, cuestionan el funcionamiento del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) y piden que quienes resulten electos respondan a las necesidades de quienes viven en el extranjero y de quienes regresan al país tras ser deportados.

La falta de atención, el escaso acercamiento con las comunidades migrantes y las dudas sobre el uso de los recursos figuran entre los principales reclamos, todo esto mientras el Congreso efectúa las discusiones para la elección de los funcionarios que dirigirán la institución para el período 2026-2029.

La Hora conversó con connacionales radicados en EE. UU., y sus críticas no se limitan a la atención que reciben los migrantes retornados, sino que también apuntan a la falta de representación de las comunidades guatemaltecas en ese país, la necesidad de mejorar los servicios consulares y la ausencia de información pública suficiente sobre los programas, presupuestos y resultados de la entidad.

Ana Tejada, guatemalteca migrante que reside en Estados Unidos, considera que Conamigua no ha cumplido con su propósito y cuestionó que la institución no haya brindado asistencia efectiva a quienes regresan deportados.

“Para mí, Conamigua es un fracaso”, expresó Tejada, quien considera que es urgente una reforma a la ley de la institución y que la persona designada como secretaria conozca de primera mano los problemas que enfrentan los guatemaltecos tanto en Estados Unidos como al retornar al país.

Según su experiencia, Tejada reprochó que algunos retornados no reciben apoyo suficiente para continuar su camino hacia sus comunidades de origen o encontrar oportunidades laborales, según casos de los que se ha podido enterar.

También criticó que la institución no haya respondido adecuadamente a las demandas de las organizaciones migrantes.

Juan Carlos Pocasangre, activista guatemalteco que participa en organizaciones de migrantes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Florida, también cuestionó la continuidad de las autoridades actuales y pidió que la elección tome en cuenta a personas que conozcan las necesidades de dichas comunidades.

Pocasangre mencionó, respecto a los pocos acercamientos, que hace aproximadamente dos meses solicitó junto con otros activistas una reunión virtual con el secretario ejecutivo de Conamigua, Raúl Berríos, para plantear preguntas y conocer las acciones de la institución, pero aseguró que no obtuvieron una fecha para el encuentro.

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“Si no se quiso reunir con nosotros, que somos los que le pasamos la información a nuestros compañeros migrantes, ¿cómo se va a reunir con un migrante que acaba de regresar?”, protestó.

El activista también criticó la cantidad de personal que tiene la entidad y la falta de apoyo para los retornados, ante lo cual propone que se reduzcan las plazas que innecesarias y se destinen mayores esfuerzos a la atención de quienes regresan al país.

Para él, la atención debería incluir una evaluación de las habilidades y la experiencia laboral adquiridas por los retornados en Estados Unidos, así como su vinculación con programas de capacitación técnica y oportunidades de empleo en Guatemala.

MIGRANTES PIDEN REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

El también migrante activista, Marvin Otzoy, explicó que Conamigua debería fortalecer su coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y los consulados para acompañar a quienes enfrentan detenciones por motivos migratorios, deportaciones y separaciones familiares.

Otzoy plantea que la atención debe comenzar desde el momento de una detención y contemplar la situación de los hijos, parejas y otros familiares que quedan separados, además de facilitar información sobre derechos y procedimientos migratorios.

El migrante también propone que se amplíen los servicios consulares para que la población guatemalteca pueda gestionar documentos de identificación, pasaportes, inscripciones de nacimiento y trámites relacionados con la doble nacionalidad, especialmente en comunidades alejadas de las sedes consulares.

De igual manera, expresó que es necesario que las organizaciones migrantes participen directamente en la definición de las políticas y programas de Conamigua. Según dijo, las necesidades de quienes viven en Estados Unidos deben incorporarse a las decisiones de la institución y no limitarse a acciones dirigidas a las personas que ya regresaron a Guatemala.

Programas de apoyo, así como de asistencia psicológica y económica para las familias afectadas por las deportaciones, también están dentro de sus peticiones, además de iniciativas de educación financiera, emprendimiento y reinserción laboral.

ANALISTA: DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y FALTA DE RESPUESTA A NUEVAS NECESIDADES

Rosario Martínez, investigadora de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Guatemala, recordó que Conamigua fue creada en 2006, antes de que existiera el actual Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), por lo que posteriormente surgieron cuestionamientos sobre la duplicidad de funciones entre ambas instancias.

La investigadora señala que Conamigua cuenta con respaldo legal y un presupuesto que ronda los Q100 millones, además de desarrollar acciones de atención a personas migrantes, mantener sedes en Guatemala y colaborar en la atención de migrantes en tránsito.

Sin embargo, advierte que esa duplicidad de funciones no favorece necesariamente la articulación de las acciones con el IGM.

Martínez considera que uno de los principales retos de la institución es responder a un contexto migratorio que ha cambiado. Además de las necesidades de quienes permanecen en Estados Unidos, ahora ha cobrado mayor importancia la atención a las personas retornadas y su reintegración económica y social.

“Las personas migrantes perciben a Conamigua como una entidad alejada a sus necesidades”, explicó la investigadora. Además, señaló que las demandas varían según la situación de cada persona, pues no son las mismas para quien vive en Estados Unidos que para quien acaba de regresar a Guatemala.

En el caso de los retornados, Martínez destacó la necesidad de acompañar su incorporación a las comunidades de origen y facilitar el acceso a servicios de salud, educación y otros apoyos sociales, principalmente cuando regresan familias con niños y niñas que tienen ciudadanía estadounidense y necesitan integrarse al sistema guatemalteco.

La investigadora mencionó que algunos padres enfrentan dificultades para comprender los procedimientos de incorporación escolar y la documentación requerida para que sus hijos continúen sus estudios en Guatemala.

En ese contexto, considera que Conamigua podría apoyar mediante la orientación y la coordinación con el Ministerio de Educación y otras instituciones.

Martínez también identificó debilidades en la continuidad del trabajo institucional. Según explicó, parte del personal contratado bajo el renglón 011 puede enfrentar cambios de funciones que dificultan sostener determinadas acciones a lo largo del tiempo.

REFORMA A LA LEY Y PARTICIPACIÓN DE LOS MIGRANTES

La posibilidad de reformar la ley de Conamigua también forma parte de los planteamientos de las comunidades migrantes. La investigadora Martínez considera que es viable discutir cambios, pero resaltó que el proceso debería ser encabezado por las autoridades de la institución y desarrollarse mediante una consulta colectiva.

Ese diálogo, indicó, tendría que incluir a los migrantes, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y otros sectores, con el propósito de revisar las funciones de la entidad a partir de las necesidades actuales.

La investigadora recordó que las organizaciones migrantes han impulsado ejercicios y propuestas de reforma en años anteriores. Indicó que el desafío consiste en convertir esas demandas en cambios que respondan al contexto actual de deportación, el retorno y la reintegración de las familias.

En cuanto a la participación de los migrantes en el funcionamiento de Conamigua, Martínez reconoció que existe una figura de representación de guatemaltecos en el extranjero dentro de la estructura de la institución; sin embargo, explicó que hace falta acompañamiento para que esas personas conozcan mejor sus funciones y puedan participar de manera efectiva.

También mencionó que es necesario que las nuevas autoridades mantengan un diálogo abierto con las comunidades migrantes y mejoren la comunicación sobre el papel y las atribuciones de la entidad.

LA ELECCIÓN EN EL CONGRESO Y LOS PERFILES CUESTIONADOS

Las exigencias de los migrantes coinciden con el proceso que desarrolla el Congreso para elegir a las nuevas autoridades de Conamigua.

El presidente de esa comisión, Edgardo Ramírez, informó que el proceso contempla entrevistas y una evaluación de los perfiles para integrar una nómina de cinco candidatos que será remitida al pleno del Legislativo.

La elección definirá a quienes ocuparán la Secretaría y Subsecretaría Ejecutiva para el período 2026-2029.

Entre los aspirantes hay funcionarios que ya trabajan en la institución, exautoridades y personas con antecedentes políticos o administrativos que La Hora ha documentado.

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Uno de ellos es Raúl Berríos Ramírez, quien ha ocupado durante dos períodos la Secretaría Ejecutiva y ahora busca la Subsecretaría.

También figura Julio Francisco Lainfiesta Rímola, actual subsecretario ejecutivo y exdiputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN), quien fue condenado en enero de 2026 a dos años y seis meses de prisión conmutables por violencia contra la mujer, después de aceptar los cargos, según informó el Ministerio Público.

La lista incluye a Diego Santamarina Cárdenas, notario que constituyó Aviv Farmacéutica y Aria Pharmaceutical Group, empresas que obtuvieron adjudicaciones millonarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Otra aspirante es Karla María Barrientos Solares, conocida como Karla Baso, quien participó en actividades de la UCN en 2015 y trabajó en Conamigua bajo el renglón 029 desde septiembre de 2024 hasta hace pocos meses, según sus declaraciones.

Entre los demás perfiles destacan Elizabeth Nicté Paz Pineda, exsubsecretaria de Conamigua que obtuvo una resolución judicial favorable en un litigio laboral contra Aeronáutica Civil, y Marcos Fernando Yax Guinea, exdiputado de FCN-Nación que fue detenido en 2023 después de que la Policía Nacional Civil reportara que conducía bajo efectos de licor y un motociclista lo señalara de disparar al aire.

Yax fue procesado por disparos sin causa justificada y recuperó su libertad tras pagar una caución económica.

La elección también incluye a otros exfuncionarios y trabajadores actuales de Conamigua. La Comisión de Migrantes ha señalado que evaluará aspectos como la formación académica, el conocimiento de idiomas y la experiencia en asuntos migratorios.