Otra vez, los diputados intentan engañar a los guatemaltecos. El martes anunciaron con bombos y platillos su decisión de anular, o sea dejar sin efecto, la resolución descarada y absurda, en pleno abuso de autoridad, el aumento al ya escandalosamente alto sueldo a su disposición. Pero aún está pendiente su revisión, y anulación, porque por ahora nada más detiene o retrasa ese aumento, no lo revoca, sino lo mantiene. El acuerdo en contra solo es de junta directiva, porque la sesión donde se discutiría fue cerrada por falta de quorum. Varios “congreseros” habían solicitado la anulación, pero hasta no ser decidida por el pleno solo es un intento de bañarse en agua de rosas y de tratar sin éxito de reducir el desprestigio de esos 160 representantes de pseudopartidos, no de la ciudadanía.

La reacción ciudadana generalizada en contra, la más fuerte y notoria en muchos años, se debió a diversos factores. El aumento, abominable e injustificable, mal utiliza la capacidad de tomar decisiones, al crear una dirigida a tener beneficio económico personal directo, lo cual mantuvo vivo el cuidadosamente mantenido desprestigio del Organismo Legislativo. Fue aún peor la falsa reacción inicial de algunos, supuestamente dispuestos a no aceptar esa canonjía, esa adicional prebenda (oficio lucrativo y poco trabajoso), para decirlo en palabras elegantes en vez de “abuso, acción indebida, deshonesta”. La decisión del martes tampoco indica si devolverán el dinero de esa acción cuya ilegalidad depende de una sesión específica, talvez no realizada por más faltas de quorum.

Todo esto explica los terribles efectos de una superpoblación de dizquepartidos integrados por una mezcla de conocidos tramposos y corruptos expertos o recién integrados. Es necesario conocer los ingresos totales de los diputados con el aumento ahora suspendido (en cifras redondas). Directiva: presidente, Nery Ramos (Azul) Q97 mil; primer vicepresidente, Jorge Romeo Castro (Viva), Q83 mil; segundo, Jorge Ayala (Valor), Q89 mil; tercero, Kevin Escobar (Cabal), Q89 mil; primera secretaria, Karina Paz (Vos), Q82 mil; segundo, Mario Gálvez (UNE), Q84 mil; tercero, Juan Carlos Rivera (Victoria), Q89 mil; cuarto, Sabino Velásquez (Bien), Q84 mil, y quinto, Pablo Mendoza (Creo), Q82 mil. Usted, lector, ¿los reconocería en la calle? ¿Los invitaría a cenar?

Todo este confuso e inaceptable desbarajuste obliga a preparar extramuros del Congreso una serie de cambios de la Ley Electoral y exigir su aprobación, para crear verdaderos partidos con base ideológica y política, con nombres serios e institucionales, no términos casi absurdos como victoria, elefante, vos y demás. Entre esas nuevas condiciones está limitar a tres el número de reelecciones, incrementar el número de ciudadanos para crear nuevos partidos, limitar aún más el tiempo de las campañas electorales y los gastos directos o indirectos, eliminar las aportaciones en especie. Pero también preparar una legislación para permitirle al Tribunal Supremo Electoral la expulsión de quienes abusen de su poder o realicen actividades cuestionables e ilegales.

Actualmente, la libertad sin límites convertida en libertinaje y garantizada por la inmunidad, deteriora más el prestigio del Congreso, además de provocar la abstención de ciudadanos útiles al país en la entidad estatal en teoría más importante del país a causa de la supuesta representación de sus integrantes. La ciudadanía espera con interés el último paso para acabar con este aumento del sueldo, y los integrantes del Congreso son los responsables del bloqueo citadino de ayer. Sería terrible y peligroso si la población, no un grupo de encapuchados supuestamente universitarios, deciden repetirlos para lograr el retroceso de decisiones oficiales no meditadas. De nuevo, el gobierno es el culpable indirecto de las cuantiosas pérdidas económicas y de posible violencia.