Ueno Bank: avanza devolución de depósitos mientras el Cato Institute cuestiona su acelerado crecimiento
La intervención de una entidad con cerca de 2.9 millones de clientes desató una crisis financiera y política que derivó en la salida del presidente Santiago Peña y la renuncia del titular del Banco Central. Mientras avanza la devolución de depósitos garantizados, las investigaciones ponen bajo escrutinio la supervisión bancaria, los créditos vinculados y la […]
La intervención de una entidad con cerca de 2.9 millones de clientes desató una crisis financiera y política que derivó en la salida del presidente Santiago Peña y la renuncia del titular del Banco Central.
Mientras avanza la devolución de depósitos garantizados, las investigaciones ponen bajo escrutinio la supervisión bancaria, los créditos vinculados y la exposición de fondos públicos y previsionales.
La crisis de Ueno Bank deja una advertencia que trasciende las fronteras de Paraguay: la estabilidad financiera no depende solamente de la solvencia de los bancos, sino también de la calidad de su supervisión y de la independencia de las instituciones encargadas de vigilarlos. Lo anterior, según análisis realizados por el Cato Institute.
AVANZA DEVOLUCIÓN DE FONDOS
El Banco Central del Paraguay (BCP) ha pagado, en menos de una semana, a la mayoría de los clientes del intervenido Ueno bank los fondos amparados por la garantía del Estado, y ahora deberá avanzar en la identificación de los activos disponibles para honrar los millonarios recursos represados en la entidad, entre ellos los de cinco cajas de jubilaciones.
Según la agencia EFE, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales o unos 228,3 millones de guaraníes (USD 38.622 dólares) por persona física o jurídica, por pargar en un máximo de quince días.
Pero una ley de emergencia promulgada el pasado 4 de noviembre estableció un anticipo de la devolución en un máximo de cuarenta salarios mínimos, unos 121 mil 760.000 guaraníes (unos USD 19 mil 600), y en un lapso de entre 24 horas y cinco días hábiles después de su entrada en vigor.
¿CUANTO SE HA DEVUELTO?
Hasta el miércoles pasado, cuando vencía el plazo estipulado por la reciente Ley N° 7745/2026 «de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera», un total de 1.812.348 personas había recibido sus fondos (completos o hasta el tope establecido).
Esto representó un monto global de 3,9 billones de guaraníes o unos USD 644 millones.
El mismo miércoles, según el BCP, se abonaron 1,7 billones de guaraníes (unos USD 288.4 millones) a 29 mil 988 personas, principalmente clientes con Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) por un monto de hasta 121 mil 760.000 guaraníes (unos USD 196 mil 321).
Para los dueños de CDA digitales, la acreditación se dio «de forma inmediata», aseguró este fin de semana a la radio Ñandutí el director del Fondo de Garantía de Depósitos, José Maciel.
El resto, sin embargo, deberá completar una verificación física del instrumento.
SEGUNDA ETAPA
Para una segunda etapa, el BCP deberá completar la devolución a quienes tengan hasta los 75 salarios mínimos depositados.
El integrante del Directorio del BCP Pedro Acosta dijo que este grupo de clientes debe esperar el resultado del «balance de exclusión», que cuantifica activos y pasivos.
Acosta indicó, en una reciente conferencia de prensa, que se organizarán los activos y pasivos en lotes que se ofrecerán mediante una licitación a otras entidades financieras.
Las elegidas asumirían tanto los derechos de cobro de los préstamos y otros activos como las obligaciones de administrar los depósitos pendientes.
El presidente del Banco Central, Jorge Schreiner, dio a conocer que han identificado unos USD 600 millones de «activos sanos», monto que, consideró, podría cubrir los recursos de pensiones, entre ellos unos USD 516 millones invertidos por el Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS), que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores del sector privado en el país.
Ueno Bank: cerca de 1.2 millones de clientes reciben la devolución de sus fondos en Paraguay
UN DESAFÍO ECONÓMICO-SOCIAL
La crisis bancaria que estalló en Paraguay e convirtió en uno de los mayores desafíos económicos e institucionales del país.
La crisis terminó desencadenando una tormenta política que alcanzó a la presidencia, al Banco Central y a los organismos responsables de administrar los recursos de los trabajadores y jubilados.
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.
La medida implicó la suspensión de sus servicios y el cierre de sus sucursales, dejando a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos.
La autoridad monetaria explicó que la decisión buscaba proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera, y sostuvo que se trataba de una situación particular de la entidad, no de una condición generalizada del sistema bancario paraguayo.
CRECIMIENTO SIN PRECEDENTES, SEGÚN EL CATO INSTITUTE
El impacto fuesignificativo por el tamaño que había alcanzado Ueno en poco tiempo. La entidad había logrado captar una amplia base de clientes y administrar importantes recursos públicos.
Entre las exposiciones más relevantes se encuentra la del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía inversiones por aproximadamente USD 355 millones en el banco, además de utilizar sus servicios para el pago de pensiones a unos 32 mil jubilados y que fue publicado por las agencias EFE y diversos medios locales.
Ueno creció rápidamente y en 2024 se fusionó con Visión Banco, una operación que, según el artículo de Gabriela Calderón publicado por el Instituto Cato, incluyó la posibilidad de diferir durante 20 años pérdidas de una cartera incobrable cercana a USD 300 millones.
Calderón señaló en el estudio que, después de cambios normativos en el IPS a finales de 2023, la participación de Ueno en las inversiones de esa institución mediante certificados de depósito en guaraníes aumentó de 1% en 2023 a 8.4% en 2024 y 19.7% en 2025.
“Estos señalamientos plantean preguntas sobre las condiciones regulatorias que acompañaron la expansión del banco y deberán ser contrastados con los resultados de las investigaciones correspondientes”, apunta la analista.
RELACIONES CON EL PODER POLÍTICO
La controversia también se concentra en las relaciones entre los responsables de la entidad, las autoridades financieras y el poder político.
Calderón destacó que Carlos Carvallo, quien llegó a presidir el Banco Central, había encabezado anteriormente la financiera Ueno. Asimismo, Santiago Peña, ahora ex presidente, mantuvo participación accionaria en Ueno Holding, sociedad vinculada al grupo propietario del banco, hasta marzo de 2025.
“Estos antecedentes alimentaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la independencia de la supervisión financiera”, añadió.
No obstante, la existencia de vínculos previos no constituye por sí misma prueba de una intervención ilegal o de favorecimiento; son asuntos que requieren esclarecimiento institucional y judicial.
La crisis escaló rápidamente al terreno político. Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a solicitud de Peña, mientras la Fiscalía abrió investigaciones sobre las operaciones de la entidad y ordenó actuaciones contra antiguos directivos.
La controversia también alcanzó al mandatario, quien enfrentó un proceso político y cuestionamientos por sus vínculos empresariales anteriores.
Para el 9 de noviembre, la investigación se había ampliado, con allanamientos a la unidad bursátil del grupo y recuperación de documentos destruidos, entre ellos fragmentos de informes de debida diligencia y correos electrónicos.
Chris Newton, investigador especializado en Paraguay del medio Insight Crime, explicó en un podcast que el verdadero responsable de la debacle de Ueno, es el expresidente del país y máxima autoridad del partido Colorado (gobernante), Horacio Cartes.
Según Insight Crime, Cartes llegó a usar el banco como una caja chica, un instrumento para lavar dinero y financiar empresas de allegados políticos. Estos patrones los repitió Peña confiado en el círculo de impunidad que les rodeaba.
El analista recuerda que Cartes fue sancionado por Estados Unidos en julio de 2022 (retiro de visa) y en enero de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bajo acusaciones de corrupción sistemática y vínculos con redes de sobornos.
Sin embargo, el 6 de octubre de 2025, la OFAC levantó oficialmente dichas sanciones y lo retiró de su lista de personas bloqueadas.
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CALDERÓN: INCENTIVOS PERVERSOS
Uno de los acontecimientos más relevantes para los ciudadanos ha sido la activación del Fondo de Garantía de Depósitos. El mecanismo paraguayo cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente 228.3 millones de guaraníes por depositante y por entidad financiera.
Aunque este avance representa un alivio importante para una gran cantidad de depositantes, todavía quedaban cuentas pendientes, entre ellas algunas con certificados de depósito, bloqueos u operaciones vinculadas con la Agencia Financiera de Desarrollo.
El caso también abrió un debate sobre quién debe asumir las pérdidas cuando una institución financiera colapsa.
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Calderón plantea que el problema no puede entenderse solamente como el resultado de decisiones individuales de malos administradores.
Su argumento central es que pueden existir incentivos perversos cuando los bancos encuentran más rentable cultivar relaciones con políticos y reguladores que competir mediante mejores servicios y condiciones para sus clientes.
La autora advierte sobre el riesgo de captura regulatoria y de que las pérdidas de decisiones privadas terminen trasladándose a los recursos de todos los depositantes o contribuyentes.
CALIDAD DE LAS REGLAS
Esta interpretación ofrece una lectura institucional de la crisis: el problema no sería únicamente la solvencia de un banco, sino la calidad de las reglas, la independencia de los supervisores y la forma en que se asignan los recursos públicos y previsionales.
La advertencia es particularmente importante cuando una entidad financiera crece rápidamente y concentra una proporción significativa de los depósitos de organismos estatales.
En esas circunstancias, la supervisión debe ser capaz de identificar oportunamente la concentración de riesgos, los créditos a empresas relacionadas y cualquier operación que pueda comprometer los recursos de los ahorrantes.
Sin embargo, existe otra perspectiva que también debe considerarse. El Banco Central paraguayo ha insistido en que la intervención responde a la situación particular de Ueno y no demuestra una crisis sistémica del conjunto de las entidades financieras.
Desde esta posición, el procedimiento de resolución y la activación del Fondo de Garantía son mecanismos previstos en la legislación precisamente para atender la insolvencia de una institución, proteger a los depositantes y evitar que sus problemas se extiendan al resto del sistema.
La devolución de recursos a más del 93% de las cuentas cubiertas al 10 de noviembre respalda la capacidad de respuesta del mecanismo de garantía, aunque no resuelve las dudas sobre los fondos que exceden su cobertura ni las responsabilidades por el deterioro financiero de la entidad.
Las dos interpretaciones no son necesariamente excluyentes. Que el problema pueda estar concentrado en una institución no significa que deban minimizarse las posibles fallas de supervisión o los conflictos de interés. Del mismo modo, las denuncias sobre relaciones políticas y regulatorias deben investigarse y probarse antes de convertirse en conclusiones definitivas.
FONDOS PENDIENTES
El Fondo de garantía estatal no protege las inversiones como los fondos mutuos, fideicomisos o letras hipotecarias.
Según ha denunciado un grupo de afectados, cerca de 30 mil nversores de fondos mutuos manejados por Ueno AFPISA (Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión Sociedad Anónima) no han podido acceder a sus recursos, que totalizan unos USD 46 millones.
Una de las voceras del grupo, Rocío Craiyacich, dijo a EFE que su principal reclamo es poder «visualizar» sus fondos en una web y que sus inversiones sean traspasadas a una «administradora seria».
La Superintendencia de Valores, en una resolución con fecha de 10 de noviembre, suspendió por el plazo de 180 días corridos la autorización para operar de Ueno AFPISA.
El Banco Central comunicó el viernes que reducirá temporalmente el encaje legal «en cinco puntos porcentuales», con el propósito «claro y único», según detalló su titular, de «fortalecer la liquidez del mercado de valores».
En un comunicado, el BCP explicó que se busca que esos recursos adicionales sean «destinados exclusivamente a la compra o recompra» de los CDA o bonos financieros «emitidos por ellas mismas u otras entidades del sistema financiero».EFE
CUESTIÓN DE CREDIBILIDAD
La credibilidad del sistema dependerá de que las autoridades publiquen información suficiente, expliquen cómo se llegó a la intervención y permitan que las investigaciones avancen sin privilegios ni interferencias, refieren los analista de Cato.
Para Paraguay, la prioridad inmediata es proteger a los depositantes, aclarar el destino de los recursos públicos y previsionales comprometidos y establecer las responsabilidades que correspondan.
Los analistas coinciden que, a mediano plazo, será necesario revisar los mecanismos de supervisión, los límites de concentración de depósitos institucionales, las operaciones con partes relacionadas y las reglas que regulan los conflictos de interés entre el sector financiero y las autoridades públicas.
También será fundamental fortalecer la independencia del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos para que sus decisiones respondan exclusivamente a criterios técnicos y al interés público.
El verdadero desenlace de esta crisis se medirá no sólo por cuánto dinero logren recuperar los ahorrantes, sino por la capacidad del país para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir.