Si algo unía a los partidos Patriota y Líder eran los negocios en el Congreso. En abril de 2014, aprobaron sin discusión alguna y de urgencia nacional la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos. Ese nombre rimbombante se llegó a conocer simplemente como la Ley Tigo.

¿Qué tenía de especial? De los 17 artículos, solo uno se refería al control de celulares en las cárceles, el cual fue el gancho para encubrir que esa norma había sido dictada punto por punto por el sector privado. De esa manera, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) pasó sobre la autonomía municipal, ya que autorizó el arbitrio que se debía cobrar por la colocación de torres, postes y cableado.
Anteriormente, las alcaldías cobraban entre Q75 mil y Q100 mil anuales por antenas de telefonía, pero muy gamonal la SIT lo dejó en Q30 mil. La ley fue diseñada para compañías como Tigo y Claro, que tuvieran instalado un mínimo de seis mil kilómetros de fibra óptica o registradas más de cien mil líneas de acceso. De esa manera quitaron del camino a los pequeños empresarios. La ley fue una chulada de concentración monopólica.

La norma también regula que la SIT puede autorizar la instalación de antenas, fibra óptica, cableado y postes en propiedad privada o bienes de dominio público, sin importar si son reservas ecológicas, ríos, lagos o sitios arqueológicos. Es más, autoriza a los empresarios a “remover la vegetación necesaria para que no estorbe” la instalación de cables, postes y torres, o sea pueden desmochar bosques y talar en áreas protegidas. Lo importante es llenar de postes y cables el territorio nacional, aunque pase sobre sitios arqueológicos o lugares turísticos. No hay pierde, los diputados aprobaron, de urgencia nacional, una ley que dio a las telefónicas una mayor concentración monopólica y para que hicieran micos y pericos en el país.

¿Cómo lo lograron? Sobornando diputados. El dinero para comprar voluntades fue transportado en bolsas de lona y llevado en helicópteros en la sede de Tigo, donde Acisclo Valladares Urruela, jefe de Asuntos Corporativos de esa empresa, lo enviaba a la vicepresidenta Roxana Baldetti para su distribución. Tras la caída del gobierno del Partido Patriota, Valladares Urruela fue ministro de Economía de la administración de Jimmy Morales.

La Cicig y la Fiscalía contra la Impunidad, dirigida por Juan Francisco Sandoval, documentó el caso de corrupción que abarca los años 2012 a 2014 y que reveló cómo los diputados respondieron a intereses empresariales, a cambio de dinero. Pese a las evidencias, la fiscal general Consuelo Porras y el juez Víctor Cruz anularon las pruebas y el caso en Guatemala ya no se movió.

Pero no sucedió lo mismo en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia investigó el caso a partir de las pesquisas realizadas por la Cicig. En el 2015, Millicom, operadora de Tigo, reconoció voluntariamente el caso de corrupción ante las autoridades norteamericanas.
Según los señalamientos judiciales, Tigo buscó enriquecerse mediante pagos a funcionarios guatemaltecos corruptos para obtener ventajas indebidas, como la aprobación de la Reforma de usufructo, en 2012, que le permitió renovar sus títulos de usufructo de radiofrecuencia por 20 años, sin pagar nada al Estado, además de la Ley Tigo.

El pasado 12 de noviembre, las autoridades estadounidenses informaron que Tigo se comprometió a pagar una multa de US$118.2 millones. Sin embargo, en Guatemala, Consuelo Porras guarda un hermético silencio, a tono con su compromiso con la corrupción e impunidad.