El Congreso aprobó, mediante el Decreto 27-2025, el presupuesto estatal por Q163 mil 469 millones para ejecutarse en el 2026, pero ese monto se incrementaría hasta Q170 mil millones por ampliaciones preaprobadas.

Sin embargo, luego de la suspensión temporal del decreto del presupuesto para el 2026, decidida por la Corte de Constitucionalidad (CC), el Gobierno debió habilitar el vigente al cierre del 2025, por Q154 mil 836.6 millones.

El monto es Q8 mil 633 millones menor al aprobado para el presente año.

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, expuso que se detectaron diversas implicaciones derivadas de la suspensión del plan de gastos para el ejercicio actual:

• La inversión pública se limitará temporalmente a los montos del 2025. Por tanto, las nuevas iniciativas de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento previstas para el 2026 se postergarán hasta que se apruebe un marco presupuestario actualizado que atienda las necesidades del país.
• Se desfinancia el proyecto de la cárcel de máxima seguridad. Esta obra está contemplada en el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas. (Aproximadamente Q500 millones).
• Gastos asignados para las metas presidenciales. Estas metas no contarían con los recursos programados para actividades como la construcción y mejoramiento de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola, entre otros.
• Se desfinancian proyectos de puertos, aeropuertos y carreteras. Estas iniciativas, previstas para impulsar el desarrollo económico, quedan sin presupuesto hasta que sea reajustado o ampliado.
• Nuevas entidades. Con la suspensión del decreto también se suprimen fondos para entidades recién creadas como la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) y la Superintendencia de Competencia (Sicom), que no están incluidas en el presupuesto que cobro vigencia.
• Ejecución de préstamos. El Minfin recordó que el Congreso aprobó en el 2025 cinco préstamos (Decretos 22, 23, 24, 25 y 26) con el BID y el BIRF, por un total de US$1 mil 350 millones, destinados a programas de gasto social, electrificación rural (PAER), infraestructura vial (CA-9 Norte), movilidad rural y finanzas públicas inteligentes. Pero advirtió que, ante la falta de implementación del presupuesto para el 2026, hay “riesgo latente” de no poder ejecutarlos ni cubrir los compromisos adquiridos, según Finanzas.

Ampliación presupuestaria y financiamiento

El viceministro agregó que, entre otros efectos, se proyecta que Guatemala alcance un crecimiento del PIB de 4.1% en el 2025 y 4.0% en el 2026, pero operar con el presupuesto del año anterior “genera incertidumbre entre los agentes económicos”.

Por ello, una de las acciones que impulsará el Gobierno será buscar una ampliación presupuestaria que contribuya a la estabilidad financiera, al fortalecimiento institucional y a la continuidad de bienes y servicios públicos.

La suspensión temporal del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2026 compromete la continuidad y ampliación de la prestación de servicios públicos, añadió el ministerio. En tanto, el Gobierno debe cumplir con gastos ineludibles, como el pago de servicios personales (nómina), suministros e insumos estratégicos, además del pago oportuno de la deuda pública.

Respecto a la Sicom, Figueroa explicó que el Decreto 36-2024, habilitado con la suspensión del decreto presupuestario 2026, no contenía a dicha entidad. Lo mismo ocurre con la DIPP, por lo que ninguna de las dos tiene asignaciones presupuestarias en el 2025.

Superintendencia de Competencia

Consultado Javier Bauer, presidente de la Superintendencia de Competencia, sobre cómo se financiará la entidad mientras se le asigna el presupuesto del 2026, explicó que el superintendente ya solicitó una reunión con el Ministro de Finanzas y con la Comisión de Finanzas del Congreso, para explicar que el 4% del presupuesto del Ministerio de Economía, asignado por ley, equivale a Q19.5 millones, pero no cubre las necesidades operativas anuales de la entidad. En el presupuesto suspendido se les habían asignado Q25 millones, aunque requerían Q30 millones.

Mientras se gestiona la ampliación, la Sicom operará con el presupuesto inicial de Q20 millones asignado el 30 de diciembre pasado. Al ser una entidad autónoma y descentralizada, los fondos se mantienen en caja y pueden ejecutarse durante el presente año. No obstante, Bauer advirtió que se requerirá el presupuesto completo para el 2026, ya que deben cumplir funciones como promoción de la competencia, educación, divulgación, estructuración interna, contratación de personal y adquisición de sistemas informáticos. En diciembre inicia la segunda fase de la ley, que incluye recepción de denuncias, investigación y sanciones para lo cual la entidad debe estar preparada.

Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria

Los fondos para financiar obras de la DIPP estarían disponibles en su totalidad hasta que se logre un reajuste o ampliación presupuestaria. Para el 2026 se habían asignado Q2 mil 102 millones al Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), creado por la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Sin embargo, Q1 mil 700 millones de ese monto se reasignaron a la Dirección General de Caminos y al Fondo Social de Solidaridad (FSS), encargadas de ejecutar los proyectos.

Entre las obras previstas están el Anillo Metropolitano, que abarcará los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa, así como el libramiento de la Ciudad de Guatemala (interconexión CA-09 Norte y CA-01 Oriente), el Arco 18 y el Arco Norte Metropolitano.

La DIPP aún no ha informado cómo financiará esas obras mientras se concreta el reajuste o la ampliación presupuestaria.

Puerto Quetzal

El artículo 127 del presupuesto 2026 ordenaba preparar las negociaciones para ejecutar la ampliación de Puerto Quetzal mediante deuda pública. Este proyecto, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., debía ser formulado y sometido a la Junta Monetaria a más tardar el 31 de julio del 2026. El contrato contemplaba la ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8.