Cuando se dieron los primeros pasos en el complejo proceso de cambio de autoridades para la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, la tendencia general era creer que todo seguía perdido, en manos de esa alianza multisectorial que busca la restauración plena de los patrones de impunidad, el control de las instituciones, el aprovechamiento de los recursos del Estado y el ejercicio del poder público a discreción. Con libertades y derechos limitados y prácticas antidemocráticas.

Pero las cosas están cambiando. Lo más notorio es la nueva correlación de fuerzas gremiales en el Colegio de Abogados que no se gestó hace poco y de alguna manera es un correlato de lo ocurrido en las elecciones generales de 2023, cuando esa “alianza multisectorial” utilizó todas sus herramientas para bloquear candidaturas y eliminar adversarios de peso, pero no advirtieron el voto impredecible que se decantó por Semilla y Bernardo Arévalo.

Tras el advenimiento de un inesperado binomio presidencial, en el 2024 emergieron nuevas opciones a las agrupaciones tradicionales en el gremio de abogados. Unidad por la Justicia igualó a las agrupaciones que por años crecieron a la sombra del dinero estatal y del poder político de sus dirigentes (Nester Vásquez), y empezó a dejar atrás a otras estructuras (lideradas por el exrector Estuardo Gálvez y “El Rey del tenis”). Algunos de ellos fueron a la decadencia total, otros se mantuvieron, pero las nuevas opciones se quedaron a lo largo del 2025 y han conquistado espacios importantes como la directiva y el Tribunal Electoral del CANG, una silla en la postulación de candidatos al TSE y las magistraturas titular y suplente de la CC, con Astrid Lemus y Fernando Bermejo.

La caída de Nester Vásquez y las limitaciones que enfrenta Estuardo Gálvez, golpeado sin duda por su alianza con la cúpula de funcionarios y fiscales del MP (piezas de Consuelo Porras y de figuras políticas como Manuel Baldizón) son las notas más relevantes del momento.

Mientras, en otros ámbitos se desarrollan los procesos de nominación de candidatos a magistrados del TSE y de fiscal general de la República, y de designación de magistrados de la CC, algunos con más publicidad y transparencia que otros. Alientan los cambios que se reportan, pero la ruta para completar las elecciones de segundo grado en los plazos legalmente establecidos, sin contratiempos, ni amaños, es frágil e incierta.

Muestra de ello es que la fiscal Leonor Morales llegó con contingentes fuertemente armados a allanar los centros de votación del CANG por un caso en reserva que apunta a que podrían intentar invalidar esa elección, y todo retardo en este campo beneficiaría a Nester Vásquez por una eventual prolongación de funciones en la CC.

Aunque hay fragilidad e incertidumbre, se vislumbran factores que contribuirán a enfrentar -desde la población, desde la opinión pública informada- las prácticas antidemocráticas y desestabilizadoras que pueden intentar los más radicales de la “alianza multisectorial” por la impunidad y el aprovechamiento del Estado.