La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala, concluyó su primera visita oficial al país, realizada entre el 9 y el 14 de noviembre, con el objetivo de acompañar los procesos de elección de segundo grado que se llevarán a cabo en el 2026. Entre estos procesos están la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC), del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), así como del contralor general de Cuentas (CGC).

El principal mensaje dentro del informe presentado por la Misión Especial de la OEA fue que “los próximos procesos de elección de altas autoridades judiciales y fiscales en 2026 son fundamentales para la preservación del Estado de derecho, la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la confianza ciudadana en las instituciones”.

Luego de una semana de reuniones con representantes de los tres poderes del Estado, órganos constitucionales, sector académico, sociedad civil, pueblos indígenas, gremios de abogados, sector privado y comunidad internacional, la Misión emitió un comunicado en el que subrayó la necesidad de que estos procesos se desarrollen con apego a la ley, transparencia y celeridad. También expresó su “seria preocupación” por los temores de criminalización y acoso que podrían disuadir a candidatos idóneos de participar.

Universidad de San Carlos: actor clave

Uno de los puntos destacados en el informe fue el rol de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), única universidad pública y autónoma, como actor clave en varias comisiones de postulación. La Misión señaló la “responsabilidad” de la casa de estudios para fortalecer la democracia en el país, así como las “preocupaciones” de diversos sectores sobre la situación del Consejo Superior Universitario (CSU).

El rector de la Usac, Walter Mazariegos, será quien presida la comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), comisión que ya fue convocada por el Congreso y debe quedar instalada a más tardar el próximo 20 de enero.

La Misión subrayó la importancia de que la Usac cumpla“prontamente con la regularización y renovación” de su Consejo Superior, conforme a la Constitución, la ley y resoluciones de la CC, para que su participación en los procesos del 2026 “goce de legitimidad” ante la comunidad universitaria y la sociedad en general.

También se refirió al vencimiento de mandatos en órganos de dirección de la Usac y al clima interno en relación con la libertad académica y la participación estudiantil.

Procesos importantes

La Misión hizo énfasis en la elección de magistrados del TSE, CC, el fiscal general y el contralor general de Cuentas.Señaló que la renovación oportuna y legítima de estas instituciones es pilar para la continuidad del orden constitucional guatemalteco.

Hizo un llamado a los órganos responsables —el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la CC, las comisiones de postulación, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y las universidades— a actuar con “debida planificación”, evitando acciones que puedan retrasar la renovación institucional y generar incertidumbre.

Transparencia y criterios de idoneidad

La Misión instó a que todas las etapas de selección y designación se rijan por “procedimientos claros, públicos, transparentes, verificables y orientados a identificar y seleccionar a las personas más idóneas, capaces, honradas y honorables”. Destacó que las comisiones deben guiarse por criterios de “idoneidad, independencia e integridad”, y usar mecanismos como las tablas de gradación para evaluar la honorabilidad y capacidad de los aspirantes.

Además, resaltó la importancia de la veeduría social, alentando la participación de organizaciones civiles, pueblos indígenas, mujeres, periodistas y academia en la observación de los procesos, conforme a la ley.

Preocupación por la criminalización y el temor

Uno de los hallazgos más alarmantes fue el clima de temor entre potenciales candidatos, integrantes de comisiones, abogados, académicos y defensores de derechos humanos, quienes manifestaron miedo a ser objeto de “criminalización, campañas de difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales”.

También se reportó una creciente “apatía y descreimiento” en algunos sectores, que perciben que “hacer bien las cosas” puede implicar “altos costos personales, incluyendo la posibilidad de exilio o persecución”.

Ante esto, la Misión expresó su “seria preocupación” de que esos temores puedan “desalentar la participación de perfiles idóneos y debilitar la calidad de las futuras autoridades”. Urgió a las instituciones del Estado, “en particular al Ministerio Público, a no hacer un uso indebido del derecho penal, acciones disciplinarias o administrativas, ni campañas de estigmatización como herramientas para inhibir la participación o castigar decisiones adoptadas con independencia”.

También señaló que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) debe brindar protección a quienes enfrenten amenazas por postularse o por decisiones en las comisiones.

Compromiso y seguimiento

La Misión Especial, nombrada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, a solicitud del Gobierno de Guatemala, agradeció la colaboración de todos los sectores y reiteró su respeto por la soberanía guatemalteca.

Anunció que continuará con un acompañamiento “cercano y constructivo” de los procesos de 2026, y que realizará una nueva visita en febrero próximo para continuar el diálogo y emitir recomendaciones basadas en estándares interamericanos y buenas prácticas.

La delegación que visitó Guatemala está integrada por el experto constitucionalista y en derechos humanos Carlos Ayala Corao; la expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, María Paulina Aguirre Suárez; y la exministra de Justicia de Chile y directora regional de IDEA Internacional, Marcela Ríos Tobar.

El informe concluye que su presencia y seguimiento marcan un punto de observación internacional crucial para un año que definirá el rumbo institucional del país.