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Resolución de la CC congela fondos cuestionados para Codedes, pero también obras estratégicas para 2026
El Decreto 27-2025, sobre la ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 quedó suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras resolver una serie de amparos con los que se cuestionó el procedimiento realizado por el Congreso de la República para su aprobación, por lo cual el […]
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El Decreto 27-2025, sobre la ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026quedó suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras resolver una serie de amparos con los que se cuestionó el procedimiento realizado por el Congreso de la República para su aprobación, por lo cual el gobierno de Bernardo Arévalo deberá usar el próximo año los recursos que se le asignaron para el actual periodo.
El plan de gastos tuvo fuertes cuestionamientos por parte de cámaras empresariales y sectores académicos, por la forma en que se autorizaron fondos para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), así como el uso de las reservas monetarias como fuente de financiamiento, entre otros temas.
Con su resolución, el Tribunal Constitucional también anuló la entrega de fondos específicospara infraestructura vial, la modernización de puertos y el sistema ferroviario y la construcción de una cárcel de máxima seguridad para pandillas, entre otros proyectos.
DEBERÁ USAR FONDOS DE 2025
Tras la decisión de la máxima Corte, el gobierno de Bernardo Arévalo deberá utilizar los fondos del plan de gastos actual durante el transcurso del próximo año. Este es el presupuesto vigente y el Presupuesto 2026, el cual suspendió la CC:
CUESTIONADOS
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Uno de los proyectos que se verá afectado por la suspensión de la ley del Presupuesto 2026 será la adquisición de medicamentos e insumos médicos por medio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo cual fue cuestionado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), a cargo de Rafael Curruchiche.
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En octubre pasado, Curruchiche aseguró que el convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y UNOPS era lesivo para el Estado guatemalteco, puesto a que una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló que se entregaron fármacos de mala calidad y que, el Congreso debió haber aprobado el acuerdo.
A pesar de los cuestionamientos del ente investigador, el Congreso aprobó el artículo 25 en la ley del Presupuesto 2026, con el que autorizó a la cartera de Salud a la compra de medicamentos e insumos a través de UNOPS, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica.
NO SE PODRÁN USAR LAS RESERVAS MONETARIAS
Con la decisión de la CC sobre el Presupuesto 2026, también queda en suspenso la disposición que autorizaba al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) a gestionar el uso de Reservas Monetarias Internacionales para comprar acciones en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El asunto generó controversias y el mismo Banco de Guatemala anunció que accionaría contra esa medida, la cual se estableció en el artículo 85 del Decreto 27-2025.
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«Se autoriza al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para gestionar ante el Banco de Guatemala, previa autorización de la Junta Monetaria, el uso de Reservas Monetarias Internacionales para el pago correspondiente al capital ordinario tipo C del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)», reza ese apartado.
Diputados y analistas se unieron a las críticas contra esa disposición, por considerar que «las reservas son un pilar de estabilidad monetaria para el país». El Banguat también hizo ver que el uso de tales medios «debe ser manejado por la Junta Monetaria y no por mandato del Congreso» para el mencinado fin.
Por su parte, el titular de la cartera del Tesoro, Jonathan Menkos, defendió el artículo, y en un extenso mensaje publicado en X indicó que realmente solo se trata de «un asunto contable». Además, recordó que Guatemala ya tiene acciones en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Desarrollo Económico.
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PROYECTOS QUEDAN SIN FINANCIAMIENTO
MODERNIZACIÓN DE PUERTOS Y METRO
Ahora bien, al resolver la suspensión del plan de gastos de la nación para el próximo año, también se afecta el financiamiento de diversos proyectos y programas, a los cuales se les establecieron asignaciones específicas.
Entre ellos destaca el plan de ampliación y modernización de Puerto Quetzal, en Escuintla, y los estudios para la implementación del Metro. Para ambas obras, se fijó un techo de Q600 millones, de los cuales el 83% se destinarían para los trabajos en la portuaria.
Tal asignación se estableció en el artículo 156 de la Ley del Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026. Según informaron autoridades del Minfin, en su momento, así se financiaría el convenio suscrito con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para las mejoras en el Puerto.
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EN SUSPENSO, RECURSOS PARA CARRETERAS
Asimismo, se verían afectados varios proyectos de infraestructura vial, para los cuales se autorizaban readecuaciones presupuestarias a favor de la Dirección General de Caminos, Fondo Social de Solidaridad y Unidad Ejecutora de Conservación Vial, entre otras.
Entre las obras previstas figuraban un paso a desnivel en el ingreso a Sanarate, El Progreso, y otro en la cabecera departamental de Totonicapán, así como el mejoramiento y ampliación de varios tramos carreteros, de acuerdo con lo descrito en el artículo 121.
En ese apartado también se designaban recursos para la construcción del nuevo hospital de la Policía Nacional Civil en la zona 6 capitalina y la renovación del Hospital Nacional de Chimaltenango, por mencionar algunos.
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Además, el Ministerio de Comunicaciones quedaría sin la facultad de desentrampar obras que tienen procesos judiciales, pero que no tienen una resolución en firme, tal como lo plantea el artículo 147.
CODEDES SIN FONDOS
La resolución de la alta Corte también suspendió los fondos autorizados por el Congreso para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para el 2026, así como la autorización para usar los recursos no ejecutados dentro del Presupuesto 2023, 2024 y 2025, así como sus respectivas ampliaciones.
Con la ley del Presupuesto, los diputados aprobaron Q10 mil 821 millones 429 mil para los Codedes, distribuidos en Q4 mil 491 millones 416 mil de los fondos para la Paz del IVA, Q17 millones 913 mil del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol) y Q6 mil 312 millones 100 mil de un aporte extraordinario aprobado de última hora por la Comisión de Finanzas y Moneda, presidida por el diputado de Cabal, Julio Héctor Estrada.
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También, el artículo 54 del Presupuesto 2026, establecía que los Consejos también podían hacer uso de los fondos no utilizados en los tres años anteriores, por lo que, la decisión de la CC no afectaría esta disposición, ya que el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Codedes, establece una autorización similar.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) aseguró que el aporte extraordinario para los Codedes no siguió criterios técnicos, por lo que, su aprobación podría obedecer a intereses de tipo político partidario.
También, el alcalde de Mixco, Neto Bran, criticó los aportes extraordinarios a Codedes para 2026, ya que, el Congreso autorizó Q500 mil para el municipio, mientras que a otras localidades con menor población se les autorizó fondos mayores.
CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD
La construcción de una cárcel de máxima seguridad que busca albergar a privados de libertad que forman parte de las organizaciones terroristas que funcionan en el país, también quedó a la deriva, según la resolución de la alta Corte.
El presidente Bernardo Arévalo anunció la construcción del centro de privación de libertad, a causa de la crisis en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) por la fuga de 20 reos del Barrio 18.
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Derivado de la crisis, el Congreso también aprobó la Ley Antipandillas, que resultó en la declaración de organizaciones terroristas en contra del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, entre otras disposiciones, que incluyen la construcción de una cárcel específica para estos grupos dedicados a la delincuencia.
Con la ley del Presupuesto 2026, la normativa buscaba poner en marcha la construcción, ya que el artículo 108 facultaba al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) a realizar readecuaciones al presupuesto de la cartera del Interior por un monto de Q500 millones para que fuera acreditado al Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).
También, señalaba que Gobernación y Defensa serían los responsables de definir la ubicación, características técnicas, arquitectónicas y de seguridad del proyecto, así como aprobar los estudios, planos, especificaciones y demás instrumentos para su ejecución y operación y mantenimiento.
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA
El amparo otorgado por la alta Corte también provoca que la recién creada Superintendencia de Competencia quede sin fuentes de financiamiento, ya que, a través del artículo 159 se establecía un aporte de Q25 millones para su funcionamiento.
En noviembre de 2024, el Congreso aprobó la Ley de Competencias, por lo cual, se inició un proceso para la integración del Directorio, la elección de la persona encargada de la Superintendencia, Jorge Miguel Castillo, así como la aprobación de un reglamento para su funcionamiento.
Sin embargo, el inicio de las labores en la Superintendencia de Competencias para verificar, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas de empresas que funcionan en Guatemala podría estar en riesgo tras la decisión de la máxima Corte.
A horas del cierre del Presupuesto 2025, el Superintendente de Competencias confirmó que la cartera del Tesoro desembolsó Q20 millones, lo que apoyaría para el pago de salarios, así como para la adquisición de mobiliario y equipo, y contratación de personal.
INSTITUCIONES DE JUSTICIA
La decisión de la máxima Corte también significa que las instituciones justicia contarán con los mismos fondos que fueron aprobados en el Presupuesto 2025.
Estos eran los fondos que había aprobado el Congreso para el próximo año y lo aprobado para este 2025:
OTROS PROYECTOS QUEDAN SIN FINANCIAMIENTO
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Aparte, queda en suspenso la disposición que obligaba al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a hacer los ajustes necesarios para destinar Q900 millones al subsidio de la tarifa social de energía eléctrica, con la cual se favorece a familias que consumen menos de 100 kilovatios hora al mes.
Otros programas del Gobierno que no obtendrían los recursos que aprobó el Congreso en el Decreto 27-2025 son:
- Fondo Emergente, con Q120 millones
- Fondo Nacional de Becas, con Q60 millones
- Fondo para la Protección y Recuperación de Bosques, con Q40 millones
- Fondo de Innovación Tecnológica, con Q50 millones
- Subsidio al transporte gratuito de personas adultas mayores por Q35 millones
- Fondo para productores de cardamomo por Q30 millones
- Fondo para pequeños y medianos productores agrícolas por Q50 millones
GOBIERNO SE PRONUNCIA
El Gobierno de Guatemala se pronunció tras la decisión de la CC y afirmó que actuará en el «marco de la legalidad para cumplir con sus compromisos con el pueblo de Guatemala».
Según explicaron, cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica el presupuesto anterior lo que permite que las instituciones sigan operando.
El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/F7ii46OAUP
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) December 31, 2025
«Como gobierno, trabajaremos en las vías necesarias que permitan que los recursos lleguen al pueblo de Guatemala. Por ello, trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario que garantice un presupuesto acorde a las necesidades de la población. En el mes de enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto par aadecualo a los desafios económicos, sociales e institucionales propios del 2026, así como a los resultados establecidos en el tercer año de gobierno», afirmaron.
