El pleno del Congreso reformó la ley de alianzas público–privadas con las que esperan agilizar proyectos del Estado. Las modificaciones habían quedado en pausa tras una discusión protagonizada por las dos facciones oficialistas.

La noche de este martes 25 de noviembre, con el voto a favor de 129 diputados, se emitió el decreto legislativo 21-2025, que da vida a las nuevas reglas de la ley de alianzas público-privadas, que todavía deben de ser sancionadas por el presidente Bernardo Arévalo.

Los diputados priorizaron estas reformas antes del proyecto de presupuesto general de la nación para el 2026, al estar como primer punto de una moción impulsada por el oficialista José Carlos Sanabria.

El diputado, que es visto como el “negociador” del presidente en el Congreso, impulsó una moción para alterar el orden del día. Destacando como primer punto retomar el articulado final de la ley de alianzas público–privadas.

Seguidamente, se enlistó una iniciativa de ley, para ser aprobada de urgencia nacional, que transforma la Comisión Nacional contra la Corrupción a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia.

También en ese nuevo orden del día, que fue apoyado por la mayoría del pleno, se detallaron cinco préstamos que en conjunto ascienden a US$1 mil 350 millones.

El @CongresoGuate alteró el orden del día, sugerido por el oficialista José Carlos Sanabria y antes del presupuesto 2026 aprobará la ley de Anadie; convertirá la comisión contra la corrupción a una secretaría; y aprobaran 5 préstamos qué ascienden a 1 mil 350 millones de dólares. pic.twitter.com/3d06YYisCN

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 26, 2025

“Préstamos usados para más gastos. Es preocupante y lamentable escuchar como esta administración con saldos de caja, sin ningún proyecto emblemático, y que no ha cambiado las condiciones del país, ahora busca un paquetazo de préstamos que solo va a financiar una administración que no responde a las necesidades”, criticó el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos.

También los opositores Héctor Aldana y Hellen Ajcip se manifestaron en contra del préstamo y hasta algunos artículos del presupuesto nacional, que quedó en la parte final de la moción aprobada, pero sus argumentos no hicieron eco.

Se mantiene al sector privado

La semana pasada la aprobación del articulado final de la ley se frenó cuando el diputado Samuel Pérez, de la facción oficial Raíces, intentó expulsar de un consejo directivo de la ley a la representación del sector privado.

Esto generó molestias entre algunos diputados, indicando que el tema ya había llegado a un consenso, pero las diputas fueran tales que algunos diputados decidieron desmarcarse.

Ahora que se retomó la ley, el artículo nueve de las reformas no fue aceptado, dejando el texto original que ya existe en la ley, que mantiene la representación del sector empresarial en la ley.

Tras esto, cada uno de los 46 artículos consiguió su aprobación sin reproches, incluso se presentaron algunas enmiendas para incluir artículos nuevos o alterar parcialmente los detallados en el dictamen.

Uno de ellos permitiendo que estudios y asesorías de proyectos puedan ser de carácter internacional, respetando los modelos de contratación del Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; y Banco Centroamericano de Integración Económica.

También se aprobó el modelo para la evaluación y aprobación de proyectos, detallando en el dictamen cuáles son los pasos para concretar un plan de alianza público – privada.

En caso de que algún proyecto en marcha enfrente algún tipo de controversia, el mismo no quedará suspendido, excepto que este punto haya sido plenamente acordado al momento del contrato.

Otro cambio en la normativa es incluso la forma en como hasta el día de hoy se habían conocido los proyectos de esta entidad, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como Anadie, se sustituye por Agencia Nacional de Infraestructura, que será conocida como ANI.

La nueva ANI contará con una asignación presupuestaria de Q50 millones como fondo de capital privativo; tendrán otros Q100 para proyectos de preinversión; Q400 millones para la contingencia de proyectos; y Q2 mil millones para la garantía de proyectos.