No me gusta llamarlo maldición, porque suena duro, y porque —gracias a Dios— en este país siempre queda un poco de esperanza. Pero lo cierto es que todo lo que puede y debe hacerse en temas estratégicos y prioritarios está atrapado en un pantano, estancado, detenido, manoseado y con un horizonte de factibilidad oscuro y deprimente.

En infraestructura, por ejemplo, la lista de diagnósticos, estudios, presentaciones y powerpoints sobre nuestros puertos y aeropuertos ya podría tener su propio canal en Netflix. Desde soluciones inmediatas hasta planes con nombre pomposo para el largo plazo, todo existe…, menos la aprobación de la “casta” politiquera para aprobarlo.

Y, a pesar de que existe una opción viable, eficiente y sin necesidad de endeudar al país —como las alianzas público-privadas (APP)—, entra al Congreso a guardar polvo y telaraña. Estas APP no solo resolverían de forma sostenible buena parte de nuestras deficiencias estructurales, sino que generarían empleos, inversión y desarrollo. Pero, claro, eso no le conviene a quienes viven del pago de peaje corrupto politiquero.

Pensemos, por ejemplo, en un aeropuerto concesionado, moderno, eficiente, con estándares internacionales y libre de la parálisis administrativa que lo mantiene en esta vergonzosa situación. Uno que atraiga aerolíneas, facilite el turismo y dinamice la economía. Mientras Costa Rica opera su principal aeropuerto bajo una concesión a Aeris Holdings, eficiente y sin problemas desde hace años. Por su parte, El Salvador ha iniciado la construcción del Aeropuerto del Pacífico, en La Unión, proyectado para abrir en el 2027. Mientras que aquí seguimos esperando que algún día se logre rescatar mediante una concesión lo que debería ser nuestra principal puerta al mundo.

Puerto Quetzal es otro símbolo del absurdo. Por ahí entra más del 65% de la carga nacional, pero sigue siendo rehén de la inercia. Hace poco comenté cómo hay barcos esperando hasta 23 días para descargar, y las dificultades de implementar las soluciones temporales de emergencia sugeridas por las empresas usuarias debido al pantano sistémico burrocrático que lo tiene cooptado.

¿Y qué decir de las carreteras? Porque el peor servicio es el que no se tiene, el que ofrece hoyos, baches y colas. ¿Como sería si el peaje de Palín todavía estuviese operando, junto con la otra concesión que se detuvo durante años hacia la Costa Sur? Serían exactamente igual de eficientes, rápidas que las VAS privadas que operan, ¡gracias a Dios!, actualmente. Es el mejor ejemplo de la diferencia entre un manejo estatal, burrocrático, corrupto e ineficiente y las infraestructuras privadas que subsisten porque ofrecen buenos servicios.

Un experto internacional lo dijo hace años cuando lo entrevisté sobre la Ley de APP: “Los gobiernos no tienen fondos suficientes para cubrir las necesidades de inversión. En Guatemala, de cada quetzal que entra, solo 17 centavos quedan para inversión; el resto es para funcionamiento, situado constitucional y servicio a deuda”.

Y las APP también podrían servir hasta para reformar el sistema penitenciario. Porque lo de Pavón y sus réplicas no es un sistema, son fábricas de impunidad. Ahí no hay cárceles, son campos de concentración donde más de 24 mil presos sobreviven en condiciones infrahumanas y un hacinamiento del 325%.

En fin, nada de esto cambiará mientras el país esté secuestrado por un liderazgo inexistente y un Congreso cooptado por mafias disfrazadas de diputados, cuyo único norte es bloquear todo lo que no les deja tajada. Y así seguimos, en loop infinito, como capítulo de telenovela barata.

Espejito, espejito, ¿hay algún país más paralizado que el nuestro?