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Zacapa e Izabal: El rostro de un Estado ausente

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Zacapa e Izabal: El rostro de un Estado ausente
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La violencia no aparece de la noche a la mañana; crece donde las instituciones abandonan sus responsabilidades. Los recientes acontecimientos de violencia registrados en los departamentos de Zacapa e Izabal constituyen una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad nacional y de la debilidad de la institucionalidad democrática en Guatemala ante los […]
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La violencia no aparece de la noche a la mañana; crece donde las instituciones abandonan sus responsabilidades. Los recientes acontecimientos de violencia registrados en los departamentos de Zacapa e Izabal constituyen una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad nacional y de la debilidad de la institucionalidad democrática en Guatemala ante los grupos del crimen organizado.

Los ataques armados, las amenazas, las muertes violentas y, particularmente, el asesinato del diputado Julio César Portillo y de tres agentes de la Policía Nacional Civil, así como la masacre registrada en Huité, y más recientemente en la aldea la majada en el departamento de Zacapa, nos obligan a plantearnos ¿en dónde ha estado el Estado guatemalteco mientras el crimen organizado avanza y las comunidades viven bajo el temor? Y ¿Cuál ha sido su respuesta y acciones ante los hechos de violencia?

Lo sucedido en el oriente del país no debe de analizarse únicamente desde la perspectiva de hechos criminales aislados. Estamos frente a una realidad mucho más compleja: territorios donde las estructuras del crimen organizado ligadas al narcotráfico parecen haber adquirido capacidad de intimidación, operación y control, mientras las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana enfrentan dificultades para ejercer su autoridad.

El problema no comenzó ayer, todos sabemos que en esa área se trasiega y almacena drogas, y que el negocio está ligado a clanes de familias y políticos de esa región. La ausencia del Estado no significa necesariamente que no existan edificios gubernamentales, municipalidades, estaciones policiales o dependencias públicas. La verdadera ausencia se manifiesta cuando las instituciones dejan de cumplir efectivamente sus funciones; cuando la población no encuentra protección, cuando la justicia no llega oportunamente, cuando las investigaciones no producen resultados y cuando las organizaciones criminales comienzan a ocupar espacios que deberían pertenecer exclusivamente a la autoridad legítima.

Zacapa e Izabal son departamentos estratégicos para el desarrollo económico nacional. Su ubicación geográfica, sus conexiones comerciales, sus rutas de transporte y su cercanía con la Frontera Sur lo convierten en espacios vulnerables frente a las actividades del narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

Sin embargo, durante años, el Estado ha mantenido una presencia institucional insuficiente para atender integralmente las necesidades de seguridad, justicia, desarrollo y protección social de muchas comunidades del interior del país.

No podemos reducir esta problemática a la falta de patrullajes policiales. La inseguridad también se alimenta de la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, la debilidad de las instituciones de justicia, la corrupción y la incapacidad de construir políticas públicas sostenidas.

Cuando el crimen organizado sustituye la autoridad del Estado, uno de los aspectos más preocupantes de los acontecimientos recientes es la capacidad de las estructuras criminales para desafiar abiertamente a las autoridades y de mantener el control territorial incluso de caseríos y municipios enteros a merced de estos grupos.

El ataque ocurrido en Río Hondo, Zacapa, que cobró la vida del diputado Julio César Portillo y de tres agentes policiales que integraban su seguridad, representa un hecho de enorme gravedad institucional. No se trata únicamente de la muerte de cuatro guatemaltecos; constituye también una agresión contra las instituciones democráticas y contra quienes tienen la responsabilidad de garantizar el orden público.

A ello se suman los hechos de violencia registrados en Huité y otros acontecimientos como el ocurrido en la aldea la majada, que han colocado a Zacapa en una situación particularmente preocupante.

Cuando los grupos criminales pueden actuar con semejante capacidad de violencia e intimidación, la pregunta ya no es solamente cuántos agentes tiene desplegados la Policía Nacional Civil, sino qué capacidad real tiene el Estado para prevenir, investigar y desarticular esas organizaciones.

La autoridad del Estado no se demuestra únicamente con uniformes, armas y operativos. Se demuestra mediante instituciones que funcionan, investigaciones profesionales, justicia independiente y capacidad de proteger a la ciudadanía.

El estado de sitio: una respuesta extraordinaria frente a una crisis que exige soluciones permanentes. El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio en Zacapa e Izabal por treinta días, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, como respuesta a la escalada de violencia y a las amenazas atribuidas a estructuras criminales.

El Congreso de la República ratificó la medida el 17 de noviembre mediante el Decreto 29-2026, incorporando además disposiciones para permitir la intervención de los centros penitenciarios por las fuerzas de seguridad. La decisión evidencia la gravedad de la situación que atraviesa el oriente del país. Sin embargo, también plantea una reflexión necesaria: ¿es suficiente una medida excepcional para resolver un problema que tiene raíces estructurales?

El estado de sitio puede proporcionar herramientas extraordinarias para recuperar temporalmente el control territorial, facilitar operaciones de seguridad y combatir organizaciones criminales. Pero no sustituye una política pública integral.

La seguridad no puede depender exclusivamente de estados de excepción. Si al concluir los treinta días las instituciones regresan a las mismas condiciones de debilidad, si las estructuras criminales conservan sus redes financieras, sus mecanismos de intimidación y sus conexiones, la crisis podría reproducirse.

Además, toda medida excepcional debe ejecutarse bajo estricto control constitucional, respeto a los derechos humanos, fiscalización institucional y rendición de cuentas. La lucha contra el crimen organizado no puede convertirse en una justificación para debilitar el Estado de derecho. Sería equivocado atribuir toda la responsabilidad de esta crisis a una sola administración gubernamental. El deterioro institucional, la expansión del crimen organizado y las debilidades del sistema de seguridad y justicia son problemas acumulados durante diferentes gobiernos.

Pero reconocer su origen histórico tampoco puede convertirse en una excusa para las autoridades actuales. El Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de los habitantes. Esa responsabilidad no se limita a reaccionar después de una masacre o cuando un ataque armado alcanza a funcionarios públicos.

La obligación fundamental del Estado es prevenir. Y prevenir significa contar con inteligencia civil y criminal efectiva, fortalecer la Policía Nacional Civil, profesionalizar las investigaciones, recuperar el control de las cárceles, combatir las redes de financiamiento ilícito y garantizar que el Ministerio Público y los tribunales puedan actuar sin presiones ni interferencias.

También significa invertir en educación, infraestructura, servicios públicos y oportunidades económicas para las comunidades históricamente relegadas.

No puede existir una política de seguridad sostenible si el Estado solamente aparece cuando hay muertos, despliega fuerzas de seguridad durante algunas semanas y posteriormente vuelve a desaparecer de los territorios.

El abandono del interior del país también es una forma de vulnerabilidad nacional. Durante décadas, Guatemala ha concentrado buena parte de su atención política, económica e institucional en la capital. Mientras tanto, numerosas comunidades del interior han tenido que enfrentar carencias en servicios públicos, infraestructura, acceso a la justicia y oportunidades de desarrollo. La violencia que hoy golpea a Zacapa e Izabal debería obligarnos a revisar ese modelo de Estado centralizado, reactivo y muchas veces distante de las necesidades de la población. No podemos aceptar que existan territorios donde los ciudadanos tengan que modificar sus horarios, limitar sus desplazamientos o vivir con temor por la presencia de estructuras criminales. Tampoco podemos permitir que la población honrada termine siendo la principal víctima de las consecuencias de la incapacidad institucional. El Estado debe recuperar su presencia, pero no solamente mediante la fuerza pública. Debe hacerlo con escuelas, hospitales, carreteras, fiscalías, juzgados, programas de desarrollo y autoridades que respondan a las necesidades de sus habitantes.

En conclusión: un estado que no protege pierde legitimidad. Lo que sucede en Zacapa e Izabal debe ser una llamada de atención para toda Guatemala.La muerte de ciudadanos, agentes policiales y funcionarios públicos, así como el temor que experimentan numerosas comunidades, demuestra que la crisis de seguridad no puede seguir tratándose como una sucesión de acontecimientos aislados.Un Estado democrático tiene el monopolio legítimo de la fuerza y la obligación irrenunciable de garantizar la seguridad de sus habitantes. Cuando las organizaciones criminales desafían esa autoridad, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un problema de institucionalidad, gobernabilidad y Estado de derecho.

Guatemala necesita recuperar sus territorios, pero también recuperar la confianza de sus ciudadanos. El Gobierno debe demostrar que tiene una estrategia más allá de las medidas extraordinarias. El Congreso debe ejercer su función fiscalizadora. El Ministerio Público debe investigar y perseguir penalmente a los responsables. El sistema de justicia debe garantizar que los delitos no queden impunes.

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