Guatemala vive, una vez más, la dolorosa evidencia de que la transición de la guerra a la “paz” no desmanteló el autoritarismo: lo perfeccionó.

Lo que antes se hacía con bala, hoy se ejecuta con togas y resoluciones. La crisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) no es un problema universitario aislado. Es la expresión más concentrada de un Estado cooptado, donde el legalismo formal se ha convertido en la principal herramienta para enterrar la justicia real.

Como bien diagnostica el jurista Gustavo Galindo en su análisis de la Anatomía de la Cooptación, la historia contemporánea guatemalteca no es la de una democratización fallida, sino la de una metamorfosis exitosa del autoritarismo. Ciertamente, las estructuras de exclusión no desaparecieron con los Acuerdos de Paz; se blindaron con una arquitectura legal que transforma el Estado en botín permanente de élites y redes de poder. La USAC, la única universidad pública del país, está siendo destazada bajo este mismo esquema.

Hay que recordar, aunque duela, que el enfrentamiento armado guatemalteco (1960-1990, con 200 mil muertos) no fue solo ideológico: fue el mecanismo para preservar privilegios económicos, políticos y étnicos, bajo el supuesto racista de una superioridad cultural y racial según las élites guatemaltecas. La militarización bajo la Doctrina de Seguridad Nacional dejó un Estado débil por diseño, donde el poder real operaba por encima de la ley.

Los Acuerdos de Paz intentaron corregir eso —preeminencia de la sociedad civil, desmantelamiento de aparatos clandestinos, reconocimiento de derechos indígenas, reforma agraria—, pero las élites (una veintena de familias oligarcas, algunos del CACIG, el estamento militar) los neutralizaron. El resultado fue una “paz institucional”, una pseudo paz, que legalizó la cooptación y heredó una pseudo democracia para una pseudo universidad en un pseudo país. Esto es, un país no país, como dice nuestra Carolina Escobar Sarti, un paisaje, país-aje.

El «glorioso» ejército de Guatemala, uno de los más sanguinarios del mundo, fue el brazo del poder de los dictadores militares, chafarotes les decimos en Guatemala, sirvientes de las élites pseudo empresariales guatemaltecas, que viven de monopolios. Estos pseudo empresarios guatemaltecos, dueños de la finca, del diente al labio defensores del capitalismo, pero que realmente no les gusta el Libre Mercado porque las élites guatemaltecas no compiten (esa veintena de familias dueñas de la finca), hacen monopolios y viven de privilegios del Estado.

Hoy, esa cooptación se expresa en instituciones como la USAC. La Constitución de 1985 y la Ley de Universidades Privadas, crearon feudos de poder: colegios profesionales y universidades con representación en el CEPS, Consejo Superior de universidades privadas y comisiones de postulación. Lo que parecía “representación técnica” se convirtió en tráfico de influencias y juez y parte. Esto hay que cambiarlo para quitarnos la tiranía de los rectores corruptos que solamente obedecen al Pacto de Corruptos y al derecho de su nariz.

En la USAC, esto se materializa doblemente en dos elecciones falsas, corruptas, de mentira: El 24 de marzo del 2022 y el 8 de abril de 2026. Ambos procesos fueron viciados de forma descarada, al recordarlo casi que vomito. En ambos el sistema de justicia se plegó a los intereses del Pacto de Corruptos y de su hija putativa: La Alianza Criminal.

En ambas «elecciones», que realmente fueron selecciones, se realizaron exclusiones graves de cuerpos electorales opositores, validado por un Consejo Superior Universitario, CSU, capturado, lleno de consejeros con puestos vencidos y defendido por una Corte de Constitucionalidad, CC, que, en el 2022 y en el 2026, rechazó amparos con resoluciones que niegan la evidencia documental. En la actualidad son tres magistrados que prefieren el formalismo vacío antes que corregir un acto ilegal e ilegítimo. El legalismo se usa para entorpecer la justicia. Trabajan a «compadre hablado», de tal forma que son protectores judiciales del Pacto de Corruptos y de su hija putativa: La Alianza Criminal.

Esto no es un error judicial. Es autocracia judicial. El sistema está diseñado para que los mismos actores que autorizan universidades elijan a los jueces que deben fiscalizarlos. El resultado es un círculo cerrado de impunidad. La CC, en lugar de ser baluarte republicano, actúa como escudo del Pacto de Corruptos. Se niega la realidad de la exclusión de electores democráticamente constituidos para imponer a un rector que no representa a la comunidad universitaria. Este destazador de universidades representa al Pacto de Corruptos y es una de las columnas principales de la Alianza Criminal. Aunque quisiera decir que este no tiene nombre, se llama Walter Mazariegos y representa, vuelvo y repito, a los corruptos, al Pacto de Corruptos, que lo tienen de cholero de baja monta y que obligó a un grupito de trabajadores universitarios a hacer el ridículo para una manifestación callejera este viernes 26 de junio del 2026. ¡Qué ridiculez!

La decadencia académica bajo esta administración de corruptos es escandalosa y confirma el desastre. Según el más reciente Ranking QS Top University 2027, la USAC dirigida por Walter Mazariegos se sitúa en el puesto 106 de 118 universidades de Latinoamérica, a solo 12 posiciones de quedar fuera del listado. Obtuvo apenas 17.4 puntos sobre 100 en reputación académica y muestra una clara tendencia a la baja: en 2023 estaba en el grupo 1201-1400 a nivel mundial; ahora cayó al grupo de más de 1401. En Centroamérica queda por debajo de varias universidades costarricenses y de la Universidad del Valle de Guatemala, UVG. Esto no es casualidad: es el resultado directo de la captura, la mediocridad impuesta y la destrucción de la autonomía real.

Esta captura no afecta solo a la USAC. Amenaza la formación de profesionales críticos, la investigación aplicada que el país necesita (agua, seguridad alimentaria, educación técnica, justicia social) y la autonomía universitaria como pilar democrático. Es la continuación de la exclusión histórica: económica, política y étnica. La universidad pública, que debería ser motor de movilidad social y pensamiento libre, se convierte en finca particular.

No estamos ante un “problema técnico” que se resuelve con ajustes. Realmente urge una reingeniería del Estado: eliminar la representación corporativa en comisiones de postulación, someter la autonomía y exenciones fiscales a rendición de cuentas real, y desmantelar las redes de influencia que controlan el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

En la USAC, la comunidad —estudiantes, docentes, egresados— resiste. Esa resistencia es praxis: acción consciente que busca transformar estructuras y conciencias, tal como lo demandan los Acuerdos de Paz traicionados. No aceptamos que tres magistrados impongan su voluntad contra la evidencia y la voluntad mayoritaria.

Guatemala cansa. Guatemala duele. Pero Guatemala también resiste. La recuperación de la USAC no es solo una batalla universitaria: es la defensa de lo poco que queda de democracia real frente a la autocracia judicial. No permitiremos que el legalismo formal sepulte para siempre la justicia sustantiva.

La historia dirá si fuimos capaces de desmantelar esta anatomía de la cooptación o si permitimos que nos devore por completo. En la USAC, la lucha continúa. Y esa lucha debe extenderse a todo el Estado. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.