Resulta insólito que en pleno siglo XXI, cuando el mundo entero endurece sus normativas para enfrentar las crisis del clima, de contaminación y pérdida de biodiversidad, Guatemala retroceda con la aprobación del decreto 9-2025. Mientras países vecinos fortalecen sus leyes ambientales, nuestro país da la espalda al derecho fundamental de todo ciudadano: vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, como ciudadana y como defensora de la vida, me resulta aberrante e indignante este decreto.

¿Por qué es tan grave? Porque exime de presentar estudios de impacto ambiental (EIA) a instituciones benéficas y religiosas, a profesionales que prestan servicios individuales, a actividades de la economía informal, a proyectos de vivienda bajo la categoría de “proyectos regulados”, a actividades de transporte de carga y de personas, y les quita la obligación de cumplir con los EIA. Lucrativos o no lucrativos, todos pueden cometer abusos y constituyen un retroceso sin una evaluación técnica previa. Al hacer excepciones, abrimos de par en par la puerta a la improvisación, y en especial a la corrupción, al justificar lo injustificable.

¿Qué más? 1) Viola la Constitución; 2) rompe con el principio de igualdad; 3) contradice compromisos internacionales como el Cafta-DR, donde Guatemala se comprometió a no debilitar su legislación ambiental; 4) retrocede en derechos ya alcanzados, ignorando el principio de no regresión ambiental, que prohíbe retroceder en los niveles de protección alcanzados.

El Congreso de la República ha cometido un grave error al aprobar este decreto, ya sea por desconocimiento de sus riesgos o por desidia. Basta recordar que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente (decreto 68-86) fue emitida bajo el principio de igualdad, y con este decreto lo estamos rompiendo.

Siendo los EIA una herramienta fundamental, eliminar esta obligación para ciertos sectores es prestarse a favoritismos y, peor aún, abrir la puerta a abusos. ¿Quién controlará que una obra religiosa, un servicio profesional o un transporte no causen daños colaterales al ambiente y a la salud pública? ¿Quién asumirá la responsabilidad si la contaminación destruye fuentes de agua, provoca enfermedades o arrasa con ecosistemas? El decreto 9-2025 no tiene ni pies ni cabeza, pues atenta contra la Constitución, debilita la política ambiental del país y nos expone a sanciones internacionales.

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema) rechaza enfáticamente esta reforma y, por ello, hacemos un llamado al presidente de la República, a la ciudadanía, a la academia, a los pueblos indígenas, a las comunidades locales y a todos los sectores organizados de la sociedad a unirse en defensa de un principio irrenunciable: el derecho humano a un ambiente sano.

Nadie, absolutamente nadie, debe quedar fuera del mandato constitucional, pues el artículo 97 nos obliga a todos. Hoy la historia nos pone a prueba. Guatemala no puede darse el lujo de retroceder cuando el planeta clama por avanzar en la defensa del medioambiente. El futuro del país no puede hipotecarse con medidas complacientes hacia ciertos sectores. Gobernar es pensar en el bien común. Por eso, señor presidente, este es el momento de mostrar liderazgo. Confío en su buen juicio para vetar de inmediato este retroceso a nuestros instrumentos ambientales, esperando que el Marn pueda defender legalmente el derecho a un ambiente sano, ya que es su obligación. Demostremos que el ambiente, la salud, la vida y el patrimonio natural de la nación están por encima de intereses particulares.