Hay que adelantarse a las posibles excusas irrisorias siguientes: “que esta no es la primera fuga masiva de reos en Guatemala” o que se han producido otras “más numerosas”. Cada circunloquio utilizado ayer por el director del Sistema Penitenciario para divulgar la evasión de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, a lo largo de un plazo indeterminado, aumenta los cuestionamientos a la gestión de la seguridad ciudadana durante el actual gobierno, sobre los controles que supuestamente se han impuesto en los reclusorios y también acerca de las posibles acciones delictivas perpetradas por esos convictos, ahora peligrosos prófugos.

Varias fugas están escritas en el libro de la vergüenza del Sistema Penitenciario guatemalteco, pero ello no es un atenuante, sino un agravante, pues se conocen modos de operar. Nada excusa la labilidad, el descuido o la componenda que permitió la huida de extorsionistas, asesinos y psicópatas cuya captura y procesamiento llevó años. La brutalidad de los crímenes perpetrados por esta gavilla es un motivo más de indignación y repudio ante la obvia negligencia del manejo carcelario.

La reincidencia delictiva contrasta con la blandengue postura de jueces que han dejado ir varias veces a pandilleros, o como el caso de la juzgadora Mireya Batún, que hace casi un mes ordenó el traslado del peligroso cabecilla Aldo Dupié Ochoa a la cárcel Fraijanes 2, justo donde se produjo el escape. No está lejos cuestionar si tan oficiosa concesión podría haber llegado a coincidir con la secuencia de fugas. Tal pájaro de cuentas sigue en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, pero, a la luz de los hechos, las autoridades deberían efectuar una corroboración biométrica para comprobar si no les dejaron un “doble”.

Es previsible que en este día arrecien los pronunciamientos políticos y expresiones de indignación por esta garrafal falla penitenciaria, que podría agudizar represalias en contra de víctimas de exacción, denunciantes y testigos de procesos judiciales. Pero es necesario que tales diatribas se dirijan a la propuesta de soluciones, y no solo a los discursos farisaicos o demagógicos. Este es el punto en el cual se comienza la transformación del Sistema Penitenciario y de ejecutoria de sentencias judiciales.

Hace un par de semanas hubo partidos que clamaron por una declaratoria de los pandilleros como terroristas, similar a la de Estados Unidos. Pero lo que en realidad se necesita es una ley integral que permita enfrentar a estos grupos criminales, y el Ejecutivo presentó una iniciativa que el Congreso debería discutir y aprobar para hacer efectivo tal combate. Dicha propuesta incluye estamentos específicos sobre más prisiones de máxima seguridad, para que luego no aparezcan oficinas como la de la Tortura pidiendo consideraciones para convictos comprobadamente antisociales.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación que debe llegar a deducir responsabilidades civiles y penales en contra de quienes resulten involucrados en esta fuga. No se trata de una oportunidad para socavar al Ejecutivo, con el cual se han suscitado tantas animadversiones, sino de evidenciar y corregir taras, desatinos y discrecionalidades que permitieron este insulto a la justicia de tantas víctimas de las pandillas. Al regreso de su periplo, el presidente Bernardo Arévalo debe evaluar la pertinencia del equipo a cargo de esta área, que es literalmente un asunto de vida o muerte para la ciudadanía. Sobre todo porque es evidente que también la corrupción es una suerte de terrorismo.