Un juez federal de EE.UU. bloqueó la deportación de 327 niños guatemaltecos no acompañados, protegiéndolos mientras se revisan sus casos migratorios.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la deportación de 327 niños guatemaltecos que se encontraban bajo custodia de las autoridades de inmigración en el país. La decisión, emitida como medida preliminar, cuestiona la estrategia del gobierno estadounidense y protege a los menores de ser expulsados sin un debido proceso legal.

Los documentos judiciales indican que los niños, de entre 10 y 16 años, son considerados “elegibles para reunificación con sus padres o familiares” en territorio estadounidense, lo que les otorga derechos especiales bajo la legislación vigente. El fallo también destaca que los intentos previos de deportación, incluido el del 31 de agosto cuando 76 menores fueron subidos a un avión rumbo a Guatemala, fueron detenidos por órdenes judiciales temporales.

El juez Timothy J. Kelly, del Distrito de Columbia y designado por Donald Trump, cuestionó la actuación del gobierno, señalando que no existen pruebas de que los padres de los menores hubieran solicitado su regreso.

“El argumento del gobierno se derrumbó como un castillo de naipes”,

escribió Kelly, y añadió que la administración actuó de manera cuestionable al tratar de deportar a los menores bajo el pretexto de reunirlos con sus familias.

Los abogados de los niños argumentaron que la administración violó el debido proceso, al intentar expulsarlos sin considerar que tienen casos pendientes ante tribunales migratorios y que cuentan con protecciones especiales por ser menores no acompañados.

Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA), estos menores generalmente deben tener la oportunidad de comparecer ante un juez antes de cualquier deportación.

Actualmente, Estados Unidos tiene bajo custodia a más de 2.000 menores no acompañados, según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Casa Blanca anunció que apelará la orden de Kelly, lo que mantiene el caso en un punto clave dentro del debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump.