El arbitraje internacional fue planteado por la compañía Energía y Renovación Holding, S.A. en el 2021, contra el Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

El Ciadi es una institución del Banco Mundial para la resolución de controversias.

El laudo o fallo fue emitido por el tribunal el lunes 31 de marzo del 2025, y en este se condena a Guatemala al pago inmediato de una indemnización a Energía y Renovación de US$64 millones 504 mil (unos Q496 millones 680 mil al cambio actual), según consta en el documento, divulgado por la institución,

También se resolvió que el país debe sufragar, además de sus propios gastos, la mitad de los gastos y honorarios incurridos por la demandante, la totalidad de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, así como los gastos administrativos del Ciadi monto que se estima en US$3 millones 931 mil 028.48, a la fecha del laudo.

La cifra podría subir más porque a dichos costos se le debe aplicar los intereses acumulados, a una tasa de interés anual, capitalizable anualmente.

La empresa había solicitado un monto mayor de indemnización según la información del caso en el laudo, pero luego de diversas revisiones el tribunal estimó que era de US$80 millones 630 mil, sin embargo, se explica que esta no ha cumplido plenamente con su deber de mitigar los daños, por lo que por mayoría considera que el importe de la indemnización por los costos hundidos se le debe reducirse en un 20% es decir, US$16 millones 126 mil, como sanción por el incumplimiento del deber del inversor de mitigar los daños sufridos como consecuencia de la violación del Tratado.

Señalan violación a Tratado Comercial

Según el laudo del Ciadi, se declara que Guatemala violó el artículo 10.06 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá firmado el 6 de marzo de 2002 y en vigor en la República de Guatemala y en la República de Panamá desde el 22 de junio de 2009 (el “Tratado” o el “TLC”), que se refiere a la protección a la inversión.

La reclamación incluye falta de protección y seguridad plenas, violación del trato justo y equitativo (FET), además daños sufridos como resultado de ataques violentos al proyecto y omisión del Estado de brindar protección efectiva.

En el contexto se explica en el documento del laudo, que Energía y Renovación fue fundada en 2012 y que ese año identificó una oportunidad de inversión en un proyecto hidroeléctrico desarrollado por PDH en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

La inversión involucraba la construcción y operación de dos plantas hidroeléctricas llamadas Generadora San Mateo S.A. y Generadora San Andrés y de una línea de transmisión conocida como Línea de Transmisión del Norte.

Según el documento la demandante indicó que, en el 2014, “grupos armados atacaron sus instalaciones, incendiaron su campamento, destruyeron maquinaria y agredieron al personal, lo que habría causado retrasos significativos e incrementado los costos de Proyecto. Los ataques y amenazas se habrían intensificado en los años siguientes, llegando a niveles críticos en 2017 cuando los alegados agresores destruyeron maquinaria y pusieron en peligro la vida de los trabajadores”.

Se agrega que la compañía afirma haber solicitado en múltiples ocasiones la intervención del Estado para garantizar la seguridad en la zona, y aunque el Gobierno reconoció el problema de ingobernabilidad y promovió una mesa de diálogo, los compromisos asumidos en el Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, firmado en 2018, no se habrían cumplido. Se agrega que la empresa pidió al Estado garantizar el estado de derecho y no se procesó a los responsables de los actos violentos.

En tanto el Estado rechazó las pretensiones de la demandante y considera que actuó con la debida diligencia considerando los recursos que tenía disponibles, se lee en el laudo.

Afectan imagen de país

Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que este resultado tiene tres aspectos que hay que considerar.

La primera es la seguridad jurídica, y este tipo de resoluciones internacionales contra el Estado de Guatemala evidencia es la necesidad de contar con una certeza para poder prevenir este tipo de conflictos y regulaciones claras, estables y predecibles. Explicó que mucho de todos estos proyectos grandes de inversión, afectan esa extracción de inversión a la hora de venir que se necesitan y una mala imagen de país.

La segunda consideración es el impacto fiscal, porque estas resoluciones es un costo para las finanzas públicas, “por qué se tiene que pagar por los impuestos de los guatemaltecos”.

“Esa cantidad de impuestos se podrían invertir en cosas de inversión que hacen falta en el país. Volvemos que nos deja una mala imagen confiable”, remarcó.

Finalmente, al gobierno y al Estado de Guatemala y en general a todos, toca que revisar, así como mejorar los mecanismos de dialogo, cual es la supervisión y cumplimiento de contratos con inversionistas, por lo que es importante evitar los futuros litigios y proteger nacional.

Ahí es cuando volvemos a la reglamentación del Convenio 169, “porque probablemente se tuviera esa reglamentación, hacer adecuadamente, este tipo de demandas no sucederían”.

Riesgos fiscales

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada, expresó que es “icónica” esta resolución del laudo, porque comienza a exigir pagos al Gobierno Central, por cosas que hizo, sino que no hizo, y es simplemente por dejar de hacer cosas.

Comentó que haber ignorado temas como haber realizado el trabajo importante para regular y normar las consultas de los pueblos indígenas Convenio 169 o no poder imponer una gobernabilidad razonablemente en los lugares, abre la puerta para continuar otro grupo importante de demandas de proyectos en problemas.

“Es un llamado a fortalecer al gobierno y en general al estado guatemalteco para que, en el marco de inversiones internacionales, se tenga la fortaleza jurídica y acompañamiento porque si la violación es muy flagrante puede representar en pagos punitivos que desbaratan la capacidad fiscal del estado”, precisó.

El diputado ejemplificó que el mayor riesgo fiscal, es que detrás de este laudo, hay más arbitrajes, en la cual de estado tendría compromisos, por lo que hay que tomarlo en cuenta en la planificación fiscal y reconocer que cierra un poco la capacidad de endeudamiento del país, más conservador, pensando en el futuro que este tipo de conflictos fiscales se pueda materializar, como el de esta ocasión con fallos similares.

“Hay que ser más conservador con el uso del espacio fiscal disponible”, concluyó Estrada.

Cronología

El estado de Guatemala enfrentaba demandas internacionales como resultado de problemas en varios proyectos hidroeléctricos para construcción y operación.

• El 15 de noviembre del 2021 el Ciadi con sede en Washington, D.C., registró la solicitud de un arbitraje que presentó la compañía Energía y Renovación Holding, S. A., registrada en Panamá.
• El instrumento invocado fue el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica y Panamá.
• La compañía impulsó la construcción del proyecto Pojom II, que también es conocido como San Mateo, para una capacidad de generación de 20 megavatios (MW), con una inversión proyectada en US$48.5 millones (unos Q373.4 millones), así como la Generadora San Andrés, con capacidad de 10.65 MW, por US$27.2 millones (unos Q209.44 millones), según los registros divulgados en el 2019. Los proyectos se ubican en el área de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
• Para febrero del 2021 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó una ampliación de 72 meses (seis años) para el uso de bienes de dominio público, que es necesario para construir y operar las hidroeléctricas, pero no lograron seguir construyendo e iniciar operaciones.

El comienzo de la conflictividad

• En el área cercana a los dos proyectos hidroeléctricos fue un constante foco de tensión por varios años.
• Una de las razones se debió a que las comunidades de esos municipios se oponen a los proyectos. En algunas ocasiones se registraron manifestaciones o acciones que fueron violentas mientras que en otras son movimientos de resistencia pacífica.
• Además, se reportó desde años atrás la aparición de que grupos armados atacaron las instalaciones, maquinaria y equipo de los proyectos; en casos separados se informó de la muerte de dos personas que se oponían a los proyectos además de un trabajador de las hidroeléctricas.
• En los registros, se indica que, para noviembre del 2018, varias comunidades, autoridades locales y el gobierno firmaron un Acuerdo de Paz y Desarrollo con el fin de detener los actos violentos, pero después hubo otros ataques.

Supuesto incumplimiento

Al consultar en esa ocasión al entonces ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata confirmó que se tenía conocimiento de un posible planteamiento del arbitraje, a lo cual respondió que la empresa desarrolladora que cuenta con capital panameño, no pudo avanzar en estos proyectos por problemas de conflictividad social y ahora “están aduciendo que esos problemas han supuesto un incumplimiento por parte del Estado de Guatemala en las cláusulas que protegen las inversiones, en virtud del TLC con Panamá”.

“Argumentan que el Estado de Guatemala incumplió algunas obligaciones habiendo dado un trato distinto a ese proyecto de inversión respecto a otros, pero eso no es cierto; lamentablemente, la conflictividad asociada a ese proyecto como en otros es real, y hemos hecho esfuerzos para ir resolviendo, por ejemplo, el tema de consultas a los pueblos indígenas”, explicó en esa oportunidad.