La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG, ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo fiscal general. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.