Amparos y denuncias marcan la última jornada de evaluación de la postuladora para fiscal general

Amparos y denuncias marcan la última jornada de evaluación de la postuladora para fiscal general

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17/04/2026 18:25
Prensa Libre
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Resumen Inteligente

La participación de Marco Antonio Villeda abrió la puerta a amparos y denuncias que han detenido por más de cinco horas el trabajo de la comisión.

La falta de acuerdos en la postuladora para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) volvió a frenar una de sus últimas sesiones, generando nuevas acciones legales por aparentes errores en la comisión.

Amparos y denuncias fueron presentadas este viernes 17 de abril, fecha que estaba programada inicialmente para la elaboración de la nómina de seis candidatos a fiscal general.

Pero algunos comisionados han advertido, fuera de micrófonos, la posibilidad de cambiar la votación final para este sábado 18 o bien extenderla al lunes 20 de abril, que originalmente estaba fijada en su cronograma.

Actualmente, la comisión de postulación se encuentra calificando a los aspirantes según la tabla de gradación. Herramienta que mide a los aspectos académicos, profesionales y éticos de aquellos que aspiran dirigir el MP.

Aparentes errores en la calificación motivaron una cantidad no clara de memoriales y amparos, que buscan que se repita la evaluación por la aparente omisión de los comisionados de algunos documentos.

Pero ahora la discusión escaló con la presentación de denuncias, y más amparos, tras la calificación de Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación y juez de carrera.

Los consensos sobre la nota de Marco Antonio Villeda han dilatado la sesión. Fotografía: Prensa Libre (Javier Gonzáles).

El abogado ha destacado ante la opinión pública por su trayectoria en el Organismo Judicial (OJ), entre ellos la titularidad del Juzgado de Extinción de Dominio. Judicatura desde donde quitó propiedades y fuertes sumas de dinero a políticos y empresarios acusados por corrupción.

Pero todos esos años de ejercicio profesional no fueron tomados en cuenta en la calificación de su expediente, debido a que Villeda se inscribió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como abogado hasta febrero pasado. La carencia de un documento que acreditara sus méritos profesionales le castigo a Villeda en su nota, que fue de 41.86 puntos; ponderación que no fue aprobada por la mayoría de comisionados, por lo que abrió una discusión que llevó la reunión hasta horas de la noche.

Decanos de UNIS y UMES han manifestado necesario validar la experiencia de Villeda. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Pero quedar fuera del proceso de selección de candidatos para fiscal general parece ser tan solo uno de los problemas que ahora enfrente al ministro de Gobernación, quien ya enfrenta acciones legales por haber olvidado ese registro ante el Poder Judicial.

La denuncia

La denuncia fue presentada por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, quien informó de una amplia gama de delitos por las que accionó contra Villeda.

Según Méndez Ruiz, si Villeda jamás se registró como abogado ante la CSJ no reúne las cualidades y calidades necesarias para ejercer el cargo de juez, por el que habría ocupado un puesto judicial para el que no estaba debidamente respaldado.

“Es responsable de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, usurpación de funciones, usurpación de calidad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y peculado”, dice Méndez Ruiz.

Pero además de la denuncia, Méndez Ruiz también cuestiona si todo lo actuado por Villeda tiene valor, y sugiere que se podría anular todos los fallos que emitió en su paso como juez contra personas acusadas por corrupción.

“Las resoluciones emitidas por Villeda carecen de legalidad, siendo responsable por estos hechos. De esa cuenta, violentó la administración de justicia emitiendo sentencias que incluso derivaron en la extinción de bienes”, concluyó.

Villeda responde

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, justificó no haber estado inscrito en el Registro de Abogados y Notarios y afirmó que, de quedar fuera del proceso de elección de fiscal general por falta de punteo, analizará acciones legales.

Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Prensa Libre Radio, explicó que en procesos anteriores participó como aspirante e incluso integró la lista de seis candidatos sin que se le exigiera ese requisito.

Según indicó, la inscripción en el Registro de Abogados y Notarios es obligatoria para quienes litigan o ejercen el notariado, pero no para jueces, función que ha desempeñado durante toda su carrera.

“Lo que pasa es que hay una mala lectura detrás de todo esto”, expresó. Añadió que el cuestionamiento de la comisión de postulación se basa en que se registró como abogado hasta febrero del 2026, lo cual —según dijo— responde a que nunca ha ejercido el litigio ni el notariado.

Villeda aseguró que su trayectoria ha sido exclusivamente en la judicatura, por lo que no necesitaba cumplir con ese requisito. Recordó que en el 2010 participó en el proceso para fiscal general, fue incluido en la lista de seis elegibles y no se le solicitó la inscripción.

Repetir calificación

Tras las dudas sobre la validación de la experiencia profesional de Villeda, el abogado Diego Sagastume Vidaurre presentó una acción de amparo, que según él ya fue tramitada, en donde busca que se suspenda la calificación a los aspirantes a fiscal general.

Sagastume Vidaurre expone que algunos aspirantes no cumplen con todos los requisitos de ley, por considerar que los años de ejercicio de juez no son equiparables a años de ejercicio como abogado.

Este amparo busca que se le ordene a la comisión detener las calificación y regresar todo el trabajo para reconsiderar las notas, para así quitar a los aspirantes los puntos otorgados a los años de experiencia como juez.

Contra la CC

Las acciones legales no se resumen únicamente contra la comisión de postulación y el aspirante Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación del presidente Bernardo Arévalo.

También se presentó una denuncia contra Anabella Morfín, la primera presidenta de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), instancia que quedó instalada el pasado 14 de abril.

Esa denuncia surge por la aparente negativa de Morfín en convocar a sesión de pleno y discutir un amparo, que lleva más de un mes sin ser resuelto por la CC.

Esa acción legal fue presentada por el abogado Raúl Falla, también de la Fundación Contra el Terrorismo, quien busca por medio de una orden constitucional excluir a los aspirantes que no reúnen los requisitos de ley, particularmente los jueces de carrera, según el análisis de Falla.

Pero la CC pasada, que estuvo presidida por la exmagistrada Leyla Lemus no resolvió ese amparo, pasando esta responsabilidad a la nueva Corte, particularmente a la nueva presidenta que ahora fue denunciada.

La denuncia no es únicamente para la presidenta, también se accionó contra personal de informática de la CC, quien aparentemente no habría dado todavía los accesos y controles a Morfín para comenzar a programar los casos pendientes.

Por aparte el abogado Falla envió un memorial a la CC solicitando que el amparo sea conocido por el pleno constitucional, considerando que es necesario para esclarecer el procedimiento.

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