Se afirma que no hay democracia sin partidos políticos. Todo sistema político debe estar basado en la confrontación de ideas, proyectos, concepciones sociales y modelos de organización que compiten entre sí para ganarse la voluntad y el apoyo de los ciudadanos. Esta competencia se suele traducir no solo en el contraste de propuestas electorales, sino también en debates cotidianos sobre la cosa pública, como lo son los presupuestos de la nación o los marcos regulatorios que afectan a la población. Cuando esto no ocurre o no sucede es que no se está cumpliendo con la premisa básica de un sistema sano de partidos. Algo como sucede en Guatemala.

De un tiempo para acá hemos presenciado cómo ciertas uniformidades se han ido produciendo en el panorama político del país. No es difícil ni remoto encontrar ejemplos de cómo en el Congreso, por ejemplo, se han producido votaciones en las que no es posible distinguir si ha habido discusión y diferencias, sino más bien una curiosa coincidencia —si no complicidad— en la mayoría de los bloques. Para el caso, esto solo puede venir de intereses personales o de grupo. Es cierto que estos intereses siempre han estado allí en nuestra historia, pero lo que ahora ocurre es que han pasado por encima de las convicciones políticas o de los modelos ideológicos, a tal modo que las han hecho desaparecer. Es el fin de la política como se le solía conocer.

En el caso del presupuesto de la nación a discusión, existe el claro riesgo que no haya debate sobre los impactos posibles, las prioridades sociales a financiar, una sana rendición de cuentas o el apoyo a ciertas políticas públicas. Simplemente un reparto a bolsones económicos de intereses específicos con el cual atender al apetito de los involucrados. Lo demás simplemente pareciera no importar. La política no debe reducirse a una especie de tapete de ruleta de casino, donde se apuesta al rojo o al negro, con la expectativa de que, si se tiene suerte, se podrá extraer de ella el mayor beneficio posible. Eso no es política; eso es otra cosa.

Han llamado la atención algunos videos que circulan en redes en los que algunos políticos se ufanan de no responder ya a los llamados de sectores sociales o económicos, presumiendo una suerte de independencia. Pareciera que olvidan que el papel de los partidos es ser vehículos de intermediación e interlocución social entre la comunidad y el poder público. Cuando ese vínculo se rompe, no es independencia lo que se muestra; es orfandad. Debería preocupar a todos que muchas de las fuerzas políticas, sin convicciones o proyectos, se presenten como clubes exclusivos donde el que paga la membresía es el único que opina.

¿Es posible recuperar la política del lugar en que se encuentra? La respuesta es sí. ¿Por dónde empezar? Mientras se produce una reforma profunda de la ley electoral —cosa que no ocurrirá en el corto plazo por estar diseñada actualmente muy al gusto de los usuarios— al menos dos cosas podrían hacerse. Recuperar el papel de los secretarios generales de los partidos, algo que se ha perdido en beneficio del papel de los jefes de bloque. Luego, obligar a los partidos a desenvolverse en ambientes diferentes al del Congreso de la República. La vida política debe llegar a los foros públicos y no solo producirse en el recinto legislativo, obligándola a desarrollar lenguaje, propuesta y debate. En estas tareas es la comunidad la que debe involucrarse.

Me niego a pensar, parafraseando a Clausewitz, que el clientelismo es simplemente hacer la política por otros medios.