Este año varios trabajos respecto a una licitación que hizo la Policía Nacional Civil, dependencia del Ministerio de Gobernación, para la compra de vehículos tipo picop, hicieron que luego de haber sido adjudicado el negocio a la empresa Changhe Motors se anulara la decisión luego de que la firma Isuzu de Japón oficialmente hizo ver que esas unidades no gozaban de la garantía de fábrica por ser de manufactura china.

Sin embargo, resulta que un año antes las autoridades del IGSS, que habían adjudicado primero una licitación a la empresa Magna Motors de Guatemala por un monto de 16.7 millones, anularon su decisión por considerar que había irregularidades en la oferta porque no se acreditó de manera correcta el contrato que les facultaba para la distribución de la marca ofrecida. Días más tarde, el 18 de enero de 2024, la junta de licitación modificó su decisión y resolvió dar el contrato a Changhe Motors S.A., empresa que había quedado en segundo lugar con un precio de 18.35 millones de quetzales, formalizando el contrato en el mes de febrero.

El punto medular en el caso de la PNC fue el informe oficial rendido por la empresa Isuzu en el sentido de que no ofrecían garantía por vehículos que no eran fabricados por ellos, señalando concretamente a los de manufactura china que vende la empresa Changhe Motors S.A. en Guatemala. Obviamente los picops comprados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tampoco gozan de esa garantía, pero ello no fue tomado en cuenta por la junta de licitación ni por la Directiva del IGSS que, bajo la presidencia de José Adolfo Flamenco Jau, les otorgó el negocio.

No es, ni por asomo, el primer caso en compras y adquisiciones que hace el IGSS bajo la presidencia de Flamenco Jau que despierta sospechas y hasta el mismo Sindicato de Trabajadores del Instituto se ha pronunciado reiteradamente por operaciones que, según han afirmado, comprometen los intereses de los afiliados a la institución. Este caso, sin embargo, pasó inadvertido para ellos y para la opinión pública y no es sino ahora cuando se determina que el negocio que no pudieron hacer desde el Ministerio de Gobernación y que afectó seriamente la imagen del entonces ministro, Francisco Jiménez, era una réplica de lo que ya habían orquestado en el Seguro Social.

Son muchos los casos que ameritan la aplicación de los mecanismos de control y fiscalización que corresponden a la Contraloría General de Cuentas que debiera ser el instrumento específico para evitar que se despilfarre el dinero de los guatemaltecos mediante negocios nocivos, como la compra de vehículos que no gozan de la garantía de los fabricantes de las principales marcas.