El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, solicitó públicamente al Congreso de la República mayores recursos para la construcción de cárceles de máxima seguridad en Guatemala. Según el funcionario, estas instalaciones son necesarias para controlar y clasificar a los reos más peligrosos del país, un grupo que actualmente supera los 8 mil pandilleros, muchos cumpliendo condenas de hasta mil 400 años.

Pese a esta solicitud, uno de los proyectos más importantes para enfrentar la crisis penitenciaria —la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla— permanece paralizado debido a problemas con el contratista, el terreno y trámites administrativos, según han confirmado diputados.

“Al Congreso de la República le pedimos mayor apoyo y asignación de fondos para el Ministerio de Gobernación, para la creación de cárceles de máxima seguridad, o por lo menos una que albergue a los más de 8 mil pandilleros que tenemos ya registrados”, explicó Custodio Boteo durante la conferencia de prensa del Ejecutivo del viernes 26 de septiembre.

El funcionario destacó la importancia de clasificar a los reos por nivel de peligrosidad y fortalecer las medidas de aislamiento y control tecnológico, con el objetivo de desarticular estructuras criminales.

“Es fundamental aislar a los reos de alta peligrosidad y garantizar que los cabecillas de las pandillas no sigan operando desde los centros penitenciarios. Además, los controles tecnológicos y las visitas deben estar completamente reguladas para evitar que estas estructuras criminales sigan funcionando desde dentro de las cárceles”, añadió.

La encrucijada del proyecto de Masagua

Mientras el proyecto de Masagua sigue detenido, surge la discusión sobre la viabilidad de mantener los fondos asignados. El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, y otro legislador sugieren que, si no se ejecuta el proyecto, lo lógico sería ajustar el presupuesto o redirigir los recursos hacia otras iniciativas de infraestructura penitenciaria.

Según Estrada, en la propuesta de presupuesto del Ministerio de Gobernación (Mingob) aún hay más de Q350 millones asignados para el proyecto. Sin embargo, estos fondos no se han ejecutado debido a múltiples obstáculos.

“La ejecución está detenida por problemas con el contratista, con el terreno y colindancias, por obstáculos técnicos y administrativos. Esto hace prácticamente inevitable levantar una licitación internacional nueva, lo que podría retrasar el inicio al menos hasta el 2027”, explicó.

El jefe de la Comisión de Finanzas cuestionó la utilidad de mantener los fondos asignados a un proyecto que no avanza, y reconoció que se analizará un reajuste.

“Considerando los retrasos, en el tema de fondos adicionales es lo que estamos revisando, porque al final, si no lo van a construir, ¿para qué dejar los fondos? Sino tendrá que hacerse un ajuste presupuestario para reducir o redirigir los recursos hacia otros proyectos, pero no nos han presentado ninguno. […] Ya vimos que desde el Ministerio de Gobernación el tema está verde, tan verde como hace cinco años”, puntualizó.

Asimismo, el diputado Gustavo Cifuentes Navarro, integrante de la Comisión de Gobernación, coincidió en la preocupación por la falta de planificación y gestión del Mingob.

“Antes de pedir más recursos deberían explicar por qué no han comenzado la construcción de Masagua. Ni siquiera han podido subir el evento a Guatecompras, no cuentan con proyectos alternativos maduros y los vecinos del terreno se oponen a la obra”, señaló.

Cifuentes agregó que no hay alternativas registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Guatemala (SNIPgt) ni otros terrenos identificados, lo que mantiene el proyecto detenido y sin perspectivas claras de ejecución.

El diputado también destacó la gravedad de la situación carcelaria: “Hay cárceles que operan con más del 300% de ocupación. Algunos reos llegan por delitos menores y terminan aprendiendo a delinquir dentro del sistema. Además, hay dispositivos de control telemático que están almacenados y no se utilizan. Esto refleja una falta de capacidad y prioridad por parte del Ministerio de Gobernación”, afirmó.

Ante la falta de avances, Estrada indicó que ese mismo viernes 26 de septiembre se presentó una iniciativa de ley para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargue directamente de la construcción de la cárcel de máxima seguridad. “El Ministerio mantiene el proyecto estancado desde hace años, por lo que se busca garantizar que finalmente se ejecute la obra”, concluyó.

Antecedentes del proyecto

La cárcel de máxima seguridad en Masagua fue gestionada desde el gobierno anterior de Alejandro Giammattei y fue adjudicada a finales del 2023 a la Inmobiliaria Rancho Sierra.

El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto superior a Q668 millones.

Desde su adjudicación, la obra ha enfrentado diversos obstáculos como costos elevados y rediseño, problemas con el terreno e inconvenientes de trámites administrativos.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el 9 de agosto del 2025, admitió que el proyecto presenta un año de retraso. “Lamentablemente, durante el 2024 se dieron retrasos en la preinversión que atrasaron el proceso, y hasta este primer semestre del 2025 se concluyó la primera fase. Esto ha provocado un retraso de un año”, explicó durante un foro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Jiménez indicó que incluso se estudia cambiar la ubicación de la cárcel o rediseñar el proyecto para maximizar los fondos disponibles y adaptarse a la realidad presupuestaria.

Añadió que el inconveniente ya no tiene relación con la comunidad ni con la municipalidad, pues esas diferencias se resolvieron mediante diálogo. La dificultad real es de carácter legal y técnico, derivada de un conflicto histórico en la medición y registro de tierras, lo que actualmente impide la obtención de las licencias correspondientes, por lo que debe resolverse judicialmente.

Según el funcionario, se evaluaba un posible traslado de la ubicación a Petén, como la alternativa más viable, aunque también se había considerado una finca en Zacapa.

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Crisis penitenciaria: un problema persistente

Jiménez afirmó que implementará una estrategia integral para enfrentar los principales desafíos del sistema carcelario, la cual se sostiene en cuatro pilares: ampliación de infraestructura, implementación tecnológica, formación especializada del personal y fortalecimiento del control interno mediante nuevos protocolos para prevenir actos de corrupción entre los guardias.

Antes de que finalice el 2025, según dijo, se espera que estén operando las cárceles de Renovación II y Renovación III, siguiendo el modelo de Renovación I, donde están recluidos reos de alta peligrosidad.

Sin embargo, no se ha precisado su ubicación exacta, capacidad, fecha de funcionamiento ni perfil de los reclusos que podrían albergar. Tampoco se han proporcionado detalles sobre los avances concretos en la ampliación de infraestructura o la implementación de los nuevos protocolos.

Guatemala mantiene una ocupación penitenciaria que alcanza el 342% de sobrepoblación, con 23,382 reclusos para apenas 6,842 espacios disponibles en el sistema general de cárceles, según datos oficiales.

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