Desde el 2024, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) comenzó los preparativos para la creación de una nueva propuesta de Ley de Compras y Contrataciones del Estado, con la que se busca mejorar y agilizar los procesos de adquisiciones públicas.

Durante el presente año, el Minfin elaboró un diagnóstico del marco legal actual y analizó las propuestas legislativas recientes y un análisis comparativo de legislaciones de otros países, con el objetivo de desarrollar una nueva norma que actualice el manejo del presupuesto estatal.

El articulado de la nueva normativa de contrataciones trasladará en septiembre al presidente Bernardo Arévalo para su revisión. Posteriormente, entre octubre y noviembre, se prevé la socialización de la propuesta con distintas entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de elaborar el expediente de la iniciativa que será entregado al Congreso de la República, encargado de su aprobación.

Cambios que se esperarían en la norma

Para elaborar la nueva propuesta de ley, se analizaron también las iniciativas legislativas recientes que buscan reformar el régimen actual.

Uno de los principales aspectos a modificar son los montos establecidos para los procesos de licitación y contratación. Al consultar con el Minfin sobre los cambios que incorpora la propuesta, compartieron la explicación que Menkos ofreció durante la Ronda del pasado 11 de agosto. Entonces, señaló que el monto de cotización de Q900 mil, vigente desde 1992, equivale hoy a aproximadamente Q137 mil 869, debido a la pérdida de poder adquisitivo. En cuanto a las compras directas, cuyo límite actual es de Q90 mil desde el 2009, su valor real actual rondaría los Q48 mil 280 asegura el funcionario.

Con base en ese análisis, el Minfin estima que el límite para cotizaciones podría incrementarse hasta Q2 millones, y el de compras directas hasta Q200 mil.

Según el ministro, estas modificaciones permitirían mayor agilidad en los procesos de adquisición tanto para entidades públicas como municipalidades. Además, se pretende optimizar los trámites administrativos y reducir la burocracia, aunque estos cambios aún no se detallan.

En materia de transparencia, el Ministerio de Finanzas mantendrá los controles actuales, como las licitaciones obligatorias para adquisiciones superiores a Q2 millones y el fortalecimiento del sistema Guatecompras, en el cual deberán publicarse todas las adquisiciones, sin importar el monto. También continuará el fortalecimiento de la Subasta Electrónica Inversa (SEI), utilizada para adquirir bienes y servicios homologados o estandarizados.

Asimismo, se buscará eliminar las cláusulas de confidencialidad en los contratos, a fin de garantizar una fiscalización plena.

Sobre este aspecto, Menkos afirmó: “Contamos con el apoyo del Programa de Desarrollo del Derecho Comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto es un sello de garantía de que esta nueva ley se está elaborando con los mejores estándares, no solo para agilizar las compras y contrataciones del Estado, sino también para cumplir con criterios de calidad, espacios de transparencia y rendición de cuentas”.

Agregó que también se ha realizado un análisis comparativo de legislación de otros países y se han sostenido reuniones virtuales con entidades de contratación pública en Perú, Colombia, Costa Rica y República Dominicana, para intercambiar experiencias.

Iniciativa para agilizar la inversión pública

Respecto a la iniciativa 6576, que propone la creación de la Ley para la Agilización de la Inversión Pública, Menkos aclaró que esta no contraviene la Ley de Compras y Contrataciones. Dicha iniciativa establece un régimen especial y temporal —de tres años— para la ejecución de proyectos de inversión considerados estratégicos por el Estado, en áreas como salud, educación, cultura, deporte, seguridad, movilidad y agua, entre otras.

Las autoridades del Minfin afirman que dicha ley será complementaria a la nueva normativa de contrataciones.

Entre los aspectos destacados de la iniciativa 6576 figuran la posibilidad de contratar proveedores internacionales con experiencia acreditada mediante procesos simplificados, así como la facultad de suscribir convenios con entidades como la ONU, UNOPS y el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU.

Además, obligará a entidades públicas, municipalidades y Cocodes a publicar información sobre proyectos, costos y avances en portales de acceso público.

Se propone también la creación del Fondo de Ejecución de Inversión Estratégica (Fonives), que será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), como entidad encargada de recibir, custodiar y ejecutar los recursos destinados a proyectos estratégicos, tanto del presupuesto nacional como de aportes internacionales y donaciones.