La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el jueves 3 de julio a Melvin Quijivix, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en lo que se convierte en la primera detención de un funcionario muy cercano a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, y por lo tanto del expresidente Alejandro Giammattei.

Si bien, Quijivix se forjó una carrera en el mundo de la generación de energía, siendo asesor en el INDE, el Ministerio de Energía y Minas y en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, fue en 2021 cuando llegó a aquella institución, apadrinado por Giammattei desde lo que ha sido denunciado como una «plaza fantasma» en la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Previo a asumir fue parte del Centro de Gobierno que dirigía Miguel Martínez.

Entre 2021 y 2023, con Quijivix al frente del INDE, el Consejo Directivo aprobó una serie de contrataciones millonarias que, según denuncias que presentaron el año pasado las actuales autoridades de gobierno, estuvieron plagadas de irregularidades.

El mismo CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras), que tiene una silla en el Consejo, denunció a principios de este año, públicamente, irregularidades en al menos una contratación, la de un proyecto fotovoltaico en Escuintla.

CONTRATOS

De acuerdo con lo informado por el MP, la detención de Quijivix es por lavado de dinero, se presume que tiene que ver con su gestión al frente del INDE. Se conoció que el caso fue declarado en reserva.

La Hora hizo un recuento de los contratos que fueron autorizados por el Consejo Directivo del INDE, cuando era presidido por Quijivix, y que fueron objeto de una denuncia penal en julio del 2024.

Un comunicado del Ministerio de Energía y Minas dice que se detectaron inconsistencias en los procesos de adjudicación, cero avances en la ejecución y mal uso de recursos del Estado en los siguientes procesos de contratación:

1. Proyecto de Repotenciación Santa María, en Zunil, Quetzaltenango, por Q196.1 millones, adjudicado a la empresa Alfaconstructores. No presenta avance físico ni financiero.
2. Proyecto fotovoltaico en Alta Verapaz, por Q66.9 millones, adjudicado a Servicios de Ingeniería, Asesoría y Construcción, S. A. No presenta avance físico ni financiero.
3. Proyecto fotovoltaico Guacalate, en Escuintla, por Q116.9 millones, adjudicado a Constructora Ochoa López. Se entregó un anticipo de Q9.4 millones y no hay avance físico.
4. Proyecto fotovoltaico en la sede central del INDE, por Q7.7 millones, adjudicado a Construvisión. Se entregó Q1.2 millones en anticipos.
5. Proyecto de suministro Chixoy, por Q6.6 millones, adjudicado a Construvisión. No presenta avance físico ni financiero.
6. Proyecto Jurún Marinalá, por Q3.7 millones, adjudicado a Construvisión. No presenta avance físico ni financiero.
7. Construcción subestación en Melchor de Mencos, Petén, por Q220 millones, adjudicado a Tecnisol.
8. Proyecto de electrificación rural, por Q110 millones.
9. Proyecto ampliación subestación eléctrica en Huehuetenango, Q26 millones, adjudicado a Marsa Inversiones, de los cuales se dio anticipo de Q3.6 millones.

Cómo la corrupción del Estado es protegida por ciertos actores desde el Estado

DETALLES

Una fuente con conocimiento del tema contó a La Hora algunos detalles de cómo se fraguaron los procesos —considerados fraudulentos— dentro del INDE, durante la era Quijivix.

Por ejemplo, señaló que las empresas que regularmente contrata el INDE son constructoras, pero deben ser especializadas y contar, incluso con aprobaciones internacionales, pero varias de las compañías adjudicadas consiguieron avales de empresas reconocidas a nivel mundial para lograr ganar los concursos, pero una vez contratadas resultó que los bienes entregados los hicieron con materiales y fabricantes guatemaltecos.

La fuente confió que los equipos que efectuaron la investigación constataron con al menos una de las empresas internacionales y les confirmaron que en algún momento tuvieron contacto con las firmas guatemaltecas, pero que ya no tenían ningún vínculo después de que estas incumplieron varios acuerdos.

Una de las empresas que habría incurrido en esta práctica, dijo, fue Construvisión que obtuvo al menos tres proyectos millonarios con el INDE. La fuente añadió que la institución cuenta con evidencias documentales de esta práctica.

Además, dijo que algunas de las empresas señaladas acreditaron su supuesta experiencia con documentos aparentemente falsos, también con el objetivo de ganar las adjudicaciones, pero las compañías a las que supuestamente les habían prestado servicios se encargaron de desmentirlas con una simple solicitud de información.

«Por ejemplo, dijeron que habían trabajado para grandes azucareras, pero estas empresas respondieron que no los conocen que nunca habían negociado con ellos. Así fue la constante», subrayó la fuente, quien dijo que en total se decretó el incumplimiento de 31 contratos y se busca la ejecución de fianzas para recuperar Q67 millones.

La fuente también habló de un contrato que fue dado por finalizado: el proyecto fotovoltaico Guacalate, puesto que el propietario de la empresa, Constructora Ochoa López, es uno de lo que más ha protestado en contra de la terminación de dicho contrato.

Incluso, representantes de esta fueron al Congreso por invitación del diputado José Inés Castillo, jefe de bloque de la UNE, como parte de las «constructoras afectadas» con la medida tomada por las nuevas autoridades del INDE.

La fuente dijo que, en enero de 2024, esta empresa solicitó una prórroga del contrato aduciendo que la Municipalidad de Escuintla se había tardado seis meses en autorizar la licencia de construcción; sin embargo, el equipo que investigó el proceso constató que la comuna se tardó solo 10 días para dar la orden de pago, pero fue la empresa la que se retrasó en hacerlo efectivo, pese a que ya se le había desembolsado el anticipo.

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Asimismo, también habló del proyecto fotovoltaico construido en la sede central del INDE, también a cargo de Construvisión. Señaló que los paneles solares fueron colocados, pero no con las características acordadas en el contrato; además, el equipo del Instituto contaría con pruebas que revelan que el proyecto lo terminó construyendo una empresa distinta a la que fue contratada.

También detalló que el INDE contaría con pruebas que demuestran los nexos, como socios, representantes legales y direcciones entre Construvisión, Constructora Ochoa López y Marsa Inversiones, empresas que han facturado millones al Estado, y que habrían participado en los mismos procesos para asegurarse ganar los concursos, lo que revela una posible colusión.

ASESORÍAS

La fuente también profundizó sobre la denuncia por Q8.6 millones pagados en asesorías. Esta red indicó, funcionaba para el otorgamiento de contratos por asesorías en la cual participan varios actores que tienen puestos y conexiones entre sí con las diferentes empresas que recibieron adjudicaciones.

Expuso que todo empezaba con los gerentes de área, quienes creaban las necesidades para justificar las contrataciones. Por los montos, estos contratos no requerían la aprobación del Consejo Directivo.

Precisó que la esposa de Melvin Quijivix, Nina Patricia Román Rojas, era el contacto entre las empresas y los gerentes de área. Añadió que, de todas estas irregularidades el INDE también cuenta con pruebas documentales.

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CORRUPCIÓN PROTEGIDA

La Hora publicó el pasado 2 de julio el artículo «Cómo la corrupción del Estado es protegida por ciertos actores desde el Estado», en el cual se da a conocer cómo, a consecuencia de la terminación de los contratos, denuncias penales y orden de ejecución de fianzas, ciertos funcionarios se han ensañado en contra de las autoridades del INDE detrás de la investigación.

Puntualmente, los diputados José Inés Castillo y Cristian Álvarez, se han dado a la tarea de cuestionar a las autoridades, el primero porque no se agotaron los procesos administrativos antes de dar por terminados los contratos (pese a las irregularidades manifiestas), lo que ha afectado a las constructoras.

Y el segundo porque se opone a la forma cómo fue elegido el representante sindical ante el Consejo Directivo del INDE, que dejó fuera a quien estuvo en dicha silla por 18 años y que avaló todos los contratos, aparentemente fraudulentos, durante la administración de Quijivix.