El presidente Bernardo Arévalo ha presentado al Congreso de la República una iniciativa de Ley General del Sistema Portuario. Como se ha informado, en su confección el Gobierno ha contado con insumos de expertos a nivel interamericano y del sector exportador de Guatemala. No puedo hacer un comentario sobre las disposiciones específicas de dicha iniciativa porque no he podido tener acceso a su contenido. Lo que los medios de comunicación han recogido es que se trata de un cuerpo normativo que crea una autoridad a nivel nacional, con carácter autónomo, que regiría y regularía a las empresas públicas portuarias y que, bajo un marco jurídico claro, aprobaría la participación de entidades privadas en ciertos servicios específicos. Se habla de diversos tipos de terminales y de articular las instalaciones portuarias con las vías de comunicación terrestres, incluyendo los ferrocarriles.

La respuesta a la situación de los puertos, aeropuertos, ferrocarriles y otras infraestructuras, como puentes, túneles, etcétera, tenía que ser jurídico-institucional, porque los problemas que todas las actividades que giran en torno a todo eso presentan no son técnicos ni de logística. Ahora bien, hay varios niveles de marcos normativos e institucionales.

Al más alto nivel están el control de probidad (contra la comisión de delitos), de legalidad financiera pública, de legalidad administrativa pública, y de legalidad de los actos y negocios de índole privada en que el Estado o sus entidades sean parte. Dicho en términos llanos, hay que recordar el dicho aquel de que: “en arca abierta hasta el justo peca” y, por tanto, el mejor diseño institucional puede triunfar o fracasar dependiendo de si los sistemas de control mencionados arriba son eficaces o no.

No quiero dar a entender que, hasta que todos esos controles lleguen a ser eficaces, da lo mismo qué sistema portuario se tenga. No. Lo que quiero decir es que, buena parte del fracaso del modelo actual está en la ineficacia de esos sistemas de control en manos de las instituciones de justicia. Al final de cuentas, un soborno, una sustracción de fondos públicos, una malversación, etcétera, son delitos y las ineficiencias administrativas, los desperdicios de recursos, las faltas de previsión, etcétera, son faltas administrativas.

Ahora bien, si se analiza objetivamente el éxito o fracaso relativo de sectores como el de las telecomunicaciones o el energético durante los últimos 50 años, por ejemplo, está claro que, sin ser ninguno perfecto —porque no hay soluciones perfectas—, el modelo de gestión privada en mercados competitivos con supervisión estatal ha sido mucho más exitoso. Sé que algunos lectores que no vivieron esperas de tres años para conseguir un teléfono o los racionamientos de energía eléctrica de tres horas diarias de los años ochenta van a arquear las cejas y pensar que los servicios actuales son deficientes. Por eso arriba he escrito: “éxito o fracaso relativo”.

En definitiva, el país está ante una encrucijada importante y, ante las debilidades tan notorias de los niveles de control más básicos, dejando de lado las discusiones teóricas y las posiciones ideológicas, creo que ya hay suficiente experiencia acumulada —de más de medio siglo— para constatar que, sin dichos controles, los modelos de gestión estatal, en términos relativos, han dado peores resultados. Modelos como el del sector energético pueden extrapolarse a puertos, aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, etcétera. ¿Por qué no intentarlo?