El pasado 18 de febrero, la organización Human Rights Watch (HRW) hizo público el informe Forzadas a renunciar a sus sueños: violencia sexual contra niñas en Guatemala, que expone cómo las violaciones sexuales en contra de niñas y adolescentes menores de 14 años siguen siendo un flagelo generalizado en el país.

En las 92 páginas del documento se describen los múltiples obstáculos y dificultades que enfrentan las niñas víctimas de violación para recibir atención médica integral, acceder a la seguridad social y continuar estudiando. En la mayoría de los casos, además, las pequeñas no reciben protección y se ven forzadas a seguir viviendo en la misma casa de su agresor.

“Una niña de 11 años de una zona rural fue violada por su padre y buscó atención médica después de descubrir que estaba embarazada de cinco meses. Aunque denunció el caso, las autoridades la enviaron de regreso a casa con su padre, y se vio obligada a dar a luz en casa, en condiciones inseguras y sin asistencia. Las autoridades nunca arrestaron al padre y, dado que el caso nunca fue objeto de una resolución judicial, la niña no recibió reparaciones por el daño que sufrió”, documenta HRW.

Con base en las cifras del Registro Nacional de las Personas (Renap), la organización constató que entre 2018 y 2024, 14 mil 696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres. Obviamente, estos datos no incluyen a las pequeñas que no quedaron embarazadas pero fueron víctimas de violación. El subregistro de casos, la mala gestión de los datos y la falta de coordinación entre instituciones públicas que conocen estos casos, siguen dando como resultado una enorme ineficacia para rastrear, prevenir y responder de manera integral, firme y efectiva a la violencia sexual en contra de las niñas.

Pese a que la legislación guatemalteca establece que cualquier actividad sexual que involucre a niñas y adolescentes menores de 14 años es un delito, entre enero 2018 y octubre 2023 se dieron 6,697 desestimaciones fiscales y judiciales. Es decir, se rechazó continuar investigando y procesando penalmente a los violadores y agresores sexuales.

La falta de justicia alcanzó una cifra récord: si comparamos los nacimientos ocurridos en ese período en niñas entre 10 y 13 años producto de violaciones sexuales y el total de condenas, que fue de 102, estamos hablando de más del 99 % de impunidad. Otro nefasto resultado de la cooptación del MP y del sistema de justicia, que se traduce en que los violadores sientan que pueden continuar agrediendo sexualmente a las niñas, porque no tendrán castigo.

Las cosas siguen sin mejorar. Durante enero de 2025, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) documentó 202 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años y en los doce meses del año pasado, 1 mil 953. Datos que nos hablan de cómo las niñas guatemaltecas son consideradas objetos sexuales y mercancías en “propiedad” del agresor. Por si fuera poco, la estigmatización en su contra sigue siendo permanente y la “culpa” de lo ocurrido se sigue trasladando a las sobrevivientes y no a los agresores.

Aunque existe el programa “Vida” del Ministerio de Desarrollo Social para brindar cobertura en seguridad social y apoyo económico a las niñas víctimas de violencia sexual, se constató que entre enero y diciembre de 2024, solamente estaban registradas 179 niñas de las 1,953 que dieron a luz en ese período.

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y nos encuentra ¡otra vez! en deuda con las niñas de Guatemala. Es inaceptable que no haya una respuesta integral, urgente y efectiva para prevenir y frenar la violencia sexual y la maternidad forzada.