Existe una realidad que no siempre queremos aceptar, pero es evidente a donde sea que volteemos a ver. Guatemala avanza, no gracias al Estado o al gobierno de turno, sino a pesar de él. Cada día, millones de productores, emprendedores, comerciantes, trabajadores y empresas guatemaltecas sostienen y empujan el sector productivo del país a pesar de los interminables trámites, impuestos mal administrados y servicios públicos deficientes. A todo eso sumémosle un entorno político que rara vez está alineado con el desarrollo productivo.

Mientras el debate público se desgasta en lo de siempre —escándalos, pugnas entre partidos o decisiones fallidas del gobierno—, los ciudadanos seguimos en lo que nos toca: hacer que las cosas funcionen. Aun cuando mucho está en nuestra contra. Porque seamos sinceros, no es normal que las carreteras se caigan a pedazos y un tramo que debería tomar dos horas se convierta en cinco, que las “mordidas” sean un mecanismo para acelerar procesos, bloquear calles afectando a los demás o incluso que muchos negocios deban hacerles el favor a delincuentes pagándoles extorsiones. Aun con tanto en nuestra contra y con obstáculos que en otros países serían considerados inaceptables, el país avanza.

A esas barreras materiales debemos sumarle una barrera cultural. Es evidente una narrativa instalada de desconfiar de quien prospera, de quien se considera empresario y demonizar la creación de la riqueza. Se ha instalado esta idea de que el empresario es el culpable automático de los problemas del país.

En lugar de discutir las fallas institucionales, se prefiere culpar al empresario. Es cómodo para muchos responsabilizar a quienes generan riqueza antes de enfrentar la triste realidad que el Estado es incapaz de construir infraestructura, garantizar seguridad o básicamente ofrecer reglas claras. El relato del “privado opresor” es la coartada más fácil para eximir de responsabilidad a la política o a ciertos proyectos políticos.

En un mapeo realizado por Naciones Unidas y el sector privado en abril del 2024 se identificaron más de cien iniciativas empresariales de educación, nutrición, salud y formación técnica que combinadas superan los 600 millones de quetzales al año en inversión. Estos programas con impacto directo son evidencia que mientras el Estado hace la lucha por mantener escuelas funcionando y de vez en cuando carreteras transitables, muchas empresas cubren las brechas financiando capacitaciones, becas, programas de seguridad alimentaria o de empleabilidad juvenil.

No encaja esto entonces con la caricatura que se hace del empresario explotador o que se aprovecha del Estado. Lo que sí está claro es lo que decía Roger Scruton de por qué se sostiene esa caricatura. Buena parte del pensamiento anticapitalista se alimenta de la falacia de “suma cero”. Esa creencia de que toda ganancia privada significa una pérdida para alguien más y desde esa lógica, el éxito ajeno se vuelve sospechoso y la desigualdad una injusticia. Lamentablemente, esa mentalidad reemplaza la admiración por el mérito con el resentimiento hacia quienes se esfuerzan, prosperan o aportan algo significativo al país.

La paradoja es clarísima. Mientas algunos acusan al sector productivo de ser el problema, son justamente los emprendedores, las empresas, los trabajadores quienes sostienen el dinamismo social y económico del país. Necesitamos corregir esa barrera cultural, no para exonerar a nadie de rendir cuentas cuando sea necesario, sino para entender que ningún país sale adelante demonizando a quienes producen.