Aunque se trata de un tema que ha sido relegado más de tres décadas, el anuncio de la obligación de contratar un seguro para toda clase de vehículos, desde motocicletas hasta camiones, no deja de causar sorpresa. La medida anunciada como parte de reformas a la Ley de Tránsito recibió elogios pero también fue objeto de atropelladas críticas, sobre todo de particulares y grupos que lucran con el transporte de personas pero que hasta la fecha no cuentan con ese tipo de protección, no les dan mantenimiento a los automotores, no ofrecen condiciones dignas para los pasajeros ni rinden cuentas al fisco sobre sus ingresos.

Recientes sucesos viales, como el gravísimo y mortífero percance de la calzada La Paz, han llevado a una fuerte reflexión y a múltiples expresiones, en todos los sectores del país, sobre la necesidad de crear condiciones más seguras para el desplazamiento en automotores. Hace dos décadas se impuso la obligatoriedad a empresas de autobuses de contar con un seguro a favor de los pasajeros en caso de accidentes. En las actuales reformas también se retoma y refuerza esta condición, pero se extiende a cualquier otro tipo de vehículo que transporte personas.

Es previsible que haya resistencias a cumplir con esta disposición. Existen antecedentes de medidas previas tomadas a nivel de algunas municipalidades para autorizar el funcionamiento de taxis y vehículos de fletes, las cuales condujeron a bloqueos viales y protestas. No obstante, está más que demostrada la alta siniestralidad en calles y rutas, las irresponsabilidades e imprudencias en que incurren muchos pilotos, así como la malsana y frecuente actitud de no hacerse responsable de los daños materiales o personales ocasionados en un percance.

La obligatoriedad del seguro fijada para el próximo 1 de mayo representará un aluvión de solicitantes ante las empresas de este ramo; presentar la documentación y las constancias requeridas, así como pasar por los peritajes sobre el estado de los vehículos insumirá buena parte de los 45 días de plazo establecido por el Ministerio de Gobernación. La verificación de la tenencia de seguro quedará a cargo de las policías de Tránsito. Dicha constancia se convertirá en un documento adicional por presentar a la autoridad. Allí es donde debe entrar la innovación para que los consabidos retenes no se conviertan en nuevos embudos para un tránsito de por sí agobiante o para que la exigencia de tal certificado no genere tentaciones de corrupción.

Según cifras del sector asegurador, tan solo un 10% del parque vehicular del país cuenta al menos con una póliza de responsabilidad hacia terceros o bien con algún seguro más completo por robo o daños. Muchas empresas serias de transporte de carga y pasajeros ya tienen seguros. Pero alrededor de 3.6 millones de vehículos están pendientes de resolver este requisito. Esto quiere decir que de aquí al plazo perentorio se deberían emitir más de 60 mil pólizas nuevas, lo cual deja entrever cierta improvisación en la medida establecida. Si bien era necesaria desde hace años y se pudo anunciar desde el inicio de este gobierno, solo se le agiliza después de una tragedia.

En muchos países, la licencia de conducir se considera un privilegio, y en efecto lo es. Lamentablemente, la inercia y la inacción de múltiples gobiernos para evitar desgastes ha dejado sin cumplir esta obligación legal. Ganarse la vida conduciendo un vehículo o desplazarse libremente por cualquier vía son derechos: sin embargo, el respeto a las normas de tránsito y el aseguramiento de vidas son obligaciones, sobre todo si se obtienen ganancias a partir de ello.