Si usted es dueño de algún vehículo motorizado que utiliza gasolina, ¿sabía que a partir de enero del próximo año las gasolinas deberán contener un porcentaje que podría ser de 10% de alcohol carburante? No es una opción, es una imposición. Si su vehículo no está adaptado para el uso del etanol o alcohol carburante en el combustible, tendrá serios problemas en poco tiempo.

El gobierno no puede trasladar el riesgo de inversión de un sector productivo privado al consumidor. Lo que está haciendo el gobierno, a mi juicio, es garantizar a los productores de etanol en Guatemala una tajada del mercado sin que ellos tengan que invertir en las adaptaciones de la cadena de suministro. Se estima que solo los distribuidores tendrían que invertir unos US$50 millones. Aparte, las gasolineras, que son alrededor de dos mil en Guatemala, deberán invertir aproximadamente US$40 mil en cada estación, y no hablemos de los vehículos, especialmente las motos de bajo cilindraje y dos tiempos, como las de 125 cc, que son la mayoría y deberán invertir entre Q1 mil y Q2 mil cada una. Al final, ¿adivine quién lo paga? El consumidor.

Es antiético forzar el uso obligatorio del etanol, porque el gobierno se basa en estudios muy dudosos sobre su uso como protectores del medio ambiente y restringe la libertad individual. Produce menos CO2 en la combustión, pero en la cadena total de suministro no es así. Olvidan el incremento de áreas para la siembra de caña de azúcar, la reducción de bosques, el mayor uso de pesticidas y agua, y otros tóxicos que se producen, como los óxidos nitrosos y ozono, que al final contaminan más que lo que se usa actualmente. Por motivos de salud, fue rechazada una ley similar en México.

Esta ley es antiética y viola la Constitución, ya que infringe la libertad de comercio y de elección de los habitantes de Guatemala. Va contra la ética porque privilegia a un sector a costa del resto de los guatemaltecos, quienes deberán pagar más por un combustible que les causará menos eficiencia en sus vehículos y una serie de problemas innecesarios a la salud de todos los habitantes del país. Es antiético porque crea un monopolio y exclusividad en el mercado en favor de los productores guatemaltecos de etanol carburante (60% debe ser producido nacionalmente). Es antiético porque restringe la competencia y crea barreras no arancelarias. Han definido la calidad del etanol o alcohol carburante en un grado que es el que se produce en Guatemala a partir de la caña de azúcar. Si alguien quisiera importar etanol de maíz con otro grado, por ejemplo, de EE. UU., no podría hacerlo. Además, otorga licencias adicionales a aquellos que ya tenían licencias para importar y distribuir combustibles (más burocracia y otra barrera discrecional). Limita la elección del precio al obligar a basarlo en el mercado de Róterdam T2, habiendo otros mercados. Impide que el importador de combustibles pueda importar etanol; solo los productores de etanol nacional pueden hacerlo. Limita la innovación. ¿Por qué atarnos al etanol carburante cuando con libertad pueden aparecer nuevos oxigenantes que podrían ser mucho mejores que los actuales?

¿Qué se debería hacer para el beneficio de los guatemaltecos? Derogar la ley del alcohol carburante, decreto ley número 17-85, y derogar el acuerdo gubernativo 159-2023. Quien quiera invertir en una gasolinera o una bomba que suministre gasolina con alcohol carburante, que lo haga con su propio dinero y asumiendo el riesgo empresarial. Si logra una buena demanda del mismo, tendrá ganancias y se expandirá rápidamente. Si no, asumirá las pérdidas, no los consumidores, como está actualmente en la ley.