El miércoles 27 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC) informó que suspendió el reglamento que ordenaba clasificar la basura en Guatemala, al concluir que violaba la autonomía municipal.

La CC llegó a esa conclusión al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos.

La norma anulada estaba contenida en el Acuerdo Gubernativo 164-2021 y su reforma 184-2023, que establecían el “Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes”, publicado en agosto del 2021 y modificado en el 2023.

El acuerdo provocó inconformidad en cientos de recolectores de desechos, quienes efectuaron jornadas de protesta y bloqueos del tránsito en la capital en febrero recién pasado.

El propósito de esa regulación era mejorar la gestión de residuos en todas las fases del proceso, permitiendo que, una vez en el vertedero, los desechos llegaran clasificados.

Sin embargo, recolectores y recicladores expresaron su preocupación ante la implementación de la norma, al argumentar que las disposiciones afectarían directamente su actividad y podrían dejarlos sin empleo.

Tras lo resuelto por la CC, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, manifestó este jueves 28 de agosto su sorpresa por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Portillo, del partido Vamos. Esto lo dijo durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

La funcionaria afirmó que resulta contradictorio, ya que fue precisamente esa bancada la que promovió dicho decreto, aunque nunca le dio vigencia.

Además, advirtió que la resolución representa un riesgo para la salud de la población y fomenta la impunidad en materia ambiental.

Según Orantes, este tipo de acciones se ha vuelto recurrente, pues ocurre una situación similar con la Ley de Tratamiento de Aguas.

“Es tremendamente lamentable que, para la Corte de Constitucionalidad, la autonomía municipal se vuelva vía libre para la contaminación”, externó Orantes.

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Dijo que, en medio de la crisis nacional de contaminación por basura, nuevamente la CC declaró inconstitucional el reglamento de manejo de desechos sólidos.

“Haber declarado inconstitucional este reglamento de desechos va a tener serias consecuencias sobre la salud de nuestras aguas, de los ríos, de los lagos, de nuestras costas; va a aumentar aún más la contaminación de barrancos, calles, carreteras y paisajes; va a elevar enormemente la impunidad ambiental y, claramente, va a poner en riesgo la salud de los guatemaltecos”, advirtió.

Luego indicó que el Ministerio de Ambiente acata la orden de la CC, en apego al sistema legal.

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