El exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, es procesado en el caso Alfa Siete, y el Ministerio Público (MP) solicitó una sentencia de seis años de prisión, según fuentes judiciales.

El MP también pidió la misma pena para los exfiscales auxiliares Carlos Faustino Pérez Flores y Gonzalo Rafael Chilel, a quienes, junto con Campo, señala por el delito de incumplimiento de deberes dentro de dicho proceso.

En este caso, la Procuraduría General de la Nación (PGN) manifestó tener dudas sobre la investigación planteada por el MP y no se adhirió a la petición de seis años de cárcel. En su lugar, solicitó una sentencia justa contra Campo y los otros dos exfiscales.

El proceso se origina en el operativo Alfa Siete, ejecutado en agosto del 2022 por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que desarticuló una red dedicada al tráfico de personas y derivó en múltiples capturas en distintos departamentos del país.

La acusación principal contra Campo y los dos exfiscales auxiliares es por incumplimiento de deberes, por supuestamente haber ordenado la detención de una persona equivocada —un adulto mayor—, quien permaneció retenido durante 27 días.

En su declaración, Campo, quien ejerce su propia defensa, afirmó ante la jueza del caso: “En mi calidad de fiscal de sección contra el tráfico ilícito de migrantes, deseo acotar que jamás tuve la intención de causar un daño a la señora María Bárbara Andrés Hernández de López, sino por el contrario. Al tener conocimiento del error cometido por el personal subalterno —es decir, la fecha en la que tuve conocimiento de tal circunstancia, 26 de agosto del 2022, aproximadamente a las 10 horas, lo cual me fue informado por el señor agente fiscal encargado del caso, Carlos Faustino Pérez Flores—, inmediatamente acudí ante el juez contralor del proceso el día lunes 29 de agosto del 2022, a las 9 horas, con el propósito de requerir el auto de falta de mérito a favor de la persona sindicada”.

Agregó: “El Ministerio Público no demostró la intención de incumplir con un deber y, consecuentemente, al no poder prever el resultado típico, no existe delito. También deseo acotar, honorable señora juez, que el Ministerio Público no señaló concretamente en qué momento específico se produjo la supuesta omisión y únicamente se limitó a señalar supuestos descuidos o errores administrativos, tales como revisar informes policiales y oficios bancarios, los cuales, en todo caso, no son atribuibles a mi persona, dado que no era yo el responsable directo de dirigir ni de realizar la investigación”.