En abril pasado comenté que al Gobierno de Arévalo de León aún le queda tiempo para enderezar el rumbo porque algunos de sus ministros y funcionarios podrían estar empezando a dar resultados, quizás demasiado tarde para las aspiraciones de la población, por lo que deberían tener una mayor comunicación con la ciudadanía, lo cual ahora hace con mayor presencia mediática y con las conferencias de prensa de La Ronda.

La macroeconomía va bien, la calificación riesgo país mejora y se profundiza la relación con los Estados Unidos para atender la infraestructura portuaria y más recientemente las debilidades penitenciarias, así como un atinado manejo de la negociación con el secular líder sindical magisterial, entre otros aspectos positivos, pero acontecimientos más recientes están cuestionando la credibilidad y confianza en las autoridades y funcionarios de Gobernación, de Salud, de la Defensa, Compras y Contrataciones del Estado y legitimidad electoral del propio gobierno.

No cabe duda de que las más recientes demostraciones de fuerza en el Congreso de la República han debilitado la posición gubernamental, alterando el balance de poder parlamentario. La imposición legislativa de la Ley 7-2025 es una muestra de ello, aunque tanto diputados como Ejecutivo coincidieran en otorgarle fondos a los COCODES.

Y la reciente desbandada de autoridades del Ministerio de Gobernación por la evasión de 20 criminales de alta peligrosidad que estaban a su cargo, la reciente persecución penal de funcionarios del Ministerio de Salud Pública por el acuerdo de abastecimiento de medicinas y equipamiento hospitalario por medio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, cuya sede está en Dinamarca), que, de paso, ya había sido utilizada en el pasado por instituciones públicas sin inconveniente alguno. Pero para empeorar las cosas, el Ministerio de la Defensa informa sin mayor reparo que se le desaparecieron 69 fusiles de asalto (Galil y M16), 4 lanzagranadas M79 y 60 mil cartuchos 5.56 mm.

Y si estos eventos no fueran suficientes, por solicitud expresa de la FECI del Ministerio Público, el Juez Penal encargado del caso del Movimiento Semilla, ofició al Congreso e instruyó al Registro de Ciudadanos para que en 2 horas procediera con la nulidad absoluta de la inscripción del comité pro-formación de dicho partido político (que ya está cancelado), confrontando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dispuso respetar los resultados del proceso electoral del 2023. Ante lo cual un grupo de abogados interpuso amparo ante la CC, cuya sentencia podría terminar estabilizando o desestabilizando al Gobierno.

Estos acontecimientos se dan en la víspera de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2026, la elección de la Junta Directiva y reparto de Comisiones del Congreso, así como antesala de “la madre de todas las batallas” a que me referí en este espacio el 16 de julio pasado, en que se decidirá el TSE, la CC, Fiscal General y Jefe del MP, Contralor General de Cuentas, entre otros.

En todo caso, estamos ante la peor crisis de este Gobierno y como ciudadanos debemos exigir que prevalezca el Estado de Derecho, se respete la institucionalidad, se fortalezca el régimen democrático y republicano del país, asegurando la plena vigencia de la Constitución Política. Como diría Vargas Llosa en una de sus novelas ambientada en Guatemala, pareciera que estamos viviendo “tiempos recios” y no es tolerable dar al traste con los avances, aún con sus luces y sombras, que ha tenido el país.