Si alguna duda quedaba de lo que se viene en materia de la libre expresión de los ciudadanos, la solicitud de antejuicio presentada hoy contra Edmond Mulet, candidato presidencial debidamente inscrito, deja claro que aquí ya nadie puede hablar de ningún proceso penal ni del comportamiento de las autoridades judiciales. El artículo de la Constitución Política de la República que regula la “libertad de emisión del pensamiento” no se refiere únicamente a periodistas, sino a cualquiera que difunda sus ideas por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia. Y el ciudadano común, no digamos un político, tiene toda la garantía de ejercitar ese derecho.

El mismo artículo 35 dice claramente que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, asegurando a esos funcionarios o empleados que un Tribunal de Honor, integrado conforme a la ley, puede declarar que la publicación que les afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. En ninguna parte de la Constitución dice que hay algunos funcionarios o empleados que quedan fuera de esa regulación de la Ley Fundamental.

Lo que se está ya planteando como un precedente y advertencia para cualquiera es que aquí, más que la Constitución, priva e impera la Ley Mordaza que impide a cualquiera hablar siquiera de lo que ocurre en el sistema de justicia. Los jueces, fiscales y demás empleados relacionados con la administración de la justicia gozan, según este precedente, de un fuero especial que obliga a todos los ciudadanos del país a callar, hagan lo que hagan, porque quien opine en contra de alguno de ellos será procesado.

El delito de obstrucción de la justicia establecido en la Ley contra el Crimen Organizado no puede estar sobre la Constitución de la República, que de manera absoluta, sin lugar a la menor duda, garantiza el derecho a la libre emisión del pensamiento por cualquier forma o medio. No dice que los políticos no pueden expresar su pensamiento y que eso aplica únicamente a los periodistas, puesto que el derecho que se consagra es universal y aplica para todos los habitantes del país.

Se ha sentado un precedente funesto con esta forma de establecer la Ley Mordaza más brutal que se haya visto en nuestra historia y, para variar, se aplica selectivamente porque unos tienen todo el derecho a decir lo que quieran y otros saben que si lo hacen les espera un proceso para ir a la cárcel.