El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) mantiene la intención de manifestar este lunes 28 de abril, pese a resolución de un amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) la tarde de este domingo 27 de abril, que advierte al presidente Bernardo Arévalo de no permitir los bloqueos en Guatemala.

Representantes de Codeca indicaron que las movilizaciones comenzarán a tempranas horas de este lunes, mientras el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) ya establecieron las líneas de actuación y control para el cumplimiento de la orden de la CC.

Neftalí López, integrante de Codeca, explicó que ante la resolución que emitió la CC y de llevar a cabo los bloqueos, “ya será una decisión de cada lugar y territorio”.

“No sabíamos que iban a dar con lugar el recurso de amparo. La acción sigue, que ya está planificada, pero en cada territorio los compañeros que dirigen el movimiento hablan con la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ellos siguen el protocolo que corresponde”, puntualizó.

López reiteró que se mantiene en pie el movimiento a partir de las 6 de la mañana de este lunes.

“El movimiento sigue en pie, porque no se tenía la información de eso -amparo CC-, pero todavía se conversará con los compañeros para ver qué dicen, pero lo acción sigue”, agregó el representante de Codeca.

Garantizar el libre tránsito

Horas después de conocerse la resolución de la CC, el ministro de Gobernación, Francisco Jimenez, declaró en la red social X que “el derecho a manifestarse está garantizado por nuestra Constitución, y como autoridades somos respetuosos y garantes de ese derecho fundamental. También es deber del Estado salvaguardar la libre locomoción, la seguridad y los derechos de todas las personas”.

Destacó: “Hasta el momento, los comunicados públicos de Codeca responsablemente no han hecho mención explícita de bloqueos y han informado a la ciudadanía y autoridades dónde realizarán sus manifestaciones cumpliendo con lo que requiere la ley. No obstante, la Corte de Constitucionalidad ha emitido un amparo que instruye de manera precisa a las fuerzas de seguridad para garantizar el libre tránsito en el territorio nacional”.

El funcionario, reiteró que desde el Mingob reconocen que “existen tensiones, donde distintos sectores sociales denuncian afectaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo el ejercicio de la protesta, la libertad de expresión y la participación política. Somos conscientes de estas preocupaciones y reiteramos nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho”.

Activación de protocolos y diálogo

El ministro Jiménez subrayó que se abordarán los protocolos establecidos si llegara a presentarse algún bloqueo.

“El Ministerio de Gobernación reitera su compromiso de actuar conforme al mandato constitucional: proteger simultáneamente el derecho de manifestación y el derecho de locomoción. En caso de que las manifestaciones deriven en bloqueos que afecten el libre tránsito, se activarán los protocolos establecidos, priorizando siempre el diálogo, la negociación y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, añadió.

“La labor de las fuerzas de seguridad es compleja: deben proteger a quienes manifiestan y también a quienes transitan, asegurando que ambos derechos puedan coexistir en equilibrio. La dispersión de nuestros efectivos por múltiples puntos del país, en caso de bloqueos simultáneos, inevitablemente reduce nuestra capacidad de prevención de la delincuencia común”, afirmó el funcionario.

Concluyó con el llamado a la responsabilidad colectiva y ejercer los derechos con respeto a los derechos de los demás. “Nuestro compromiso sigue firme: proteger, dialogar y actuar siempre en el marco de la ley”.

Protocolos por actuar

Entretanto, Esvin Jacinto, subdirector de Operaciones de la PNC, comentó que se recibieron las instrucciones para actuar, luego de haber conocido la resolución de la CC.

Recordó que como institución cuentan con protocolos para manifestaciones y bloqueos en las rutas, “por lo que se está instruyendo a cada jefe de comisaría que deben generar seguridad en los puntos de bloqueo”.

En cuanto al protocolo de bloqueos, se cuentan con los documentos de varias instituciones para que participen con los diálogos que puedan desarrollar con este tipo de actividades, agregó Jacinto.

“En nuestro protocolo en estos casos va primero un diálogo con las personas para lograr en algún momento acuerdo, porque es necesario como institución policial tratar por medio del diálogo acuerdos, ya sea que se deje alguna vía habilitada para que se pueda fluir el tráfico, y en otros casos se ha logrado dar lapsos de tiempo para que se puedan habilitar las vías”, afirmó el jefe policial.

Recordó que con este tipo de actividades se logra garantizar la libertad locomoción y el derecho de manifestación.

Postura institucional

Al consulta al Ministerio Publico (MP) sobre el movimiento para este lunes convocado por diferentes grupos sociales, indicó que el derecho de manifestación se encuentra garantizado dentro del catálogo de derechos individuales que contempla la Constitución Política de la República de Guatemala (Art. 33), y en ese sentido, el MP, como ente cuyo mandato es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, “respeta las acciones que dentro de ese derecho se realicen siempre y cuando no se vulnere el orden público y los derechos de los demás guatemaltecos”.

En cuanto al desarrollo del movimiento, el MP indica que el artículo constitucional “es claro” al indicar que la única regulación que se tiene al respecto es aquella que garantice el orden público, y en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad “ha sido enfática en los fallos emitidos en relación a distintos amparos interpuestos en torno a este tipo de expresiones ciudadanas (y que el más reciente es de este domingo), principalmente porque se debe garantizar el derecho a la reunión pacífica y manifestación, y luego porque en ningún momento esas acciones deben vulnerar los derechos a la vida, salud, seguridad, libertad de locomoción, entre otros. Esto con el objetivo de que otros ciudadanos no resulten afectados por el derecho que ejercen algunos al manifestarse”.

Y sobre los resultados que podrían esperarse, el MP expuso: “En reiteradas ocasiones y contrario a lo que de forma errada y malintencionada se ha difundido en torno a este caso, el Ministerio Público no está en contra de las manifestaciones pacíficas, al contrario, creemos en el derecho a la libre expresión, por lo que lo mínimo que se puede esperar al respecto es que dichas manifestaciones se realicen de buena forma, dentro del marco de la legalidad y sin dañar los derechos de los demás”.

Visión de partidos políticos en el Congreso

Los diputados Luis Aguirre de la bancada Cabal y Román Castellanos de Semilla también fijaron postura sobre los movimientos convocados.

Aguirre declaró que se respeta el derecho constitucional de los guatemaltecos a manifestar y expresar sus opiniones. Sin embargo, se opone a los bloqueos, ya que afectan directamente la economía nacional y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

“Los bloqueos, como los que ha promovido Codeca, provocan pérdidas económicas, obstaculizan el trabajo honrado y ponen en riesgo la seguridad de todos los guatemaltecos. Es fundamental que cualquier manifestación se realice dentro del marco de la ley y sin vulnerar los derechos de terceros”, opinó.

En todo caso, dijo que estos bloqueos pueden provocar enfrentamiento porque ya se han expresado representantes de mercados, quienes aseguran que hay impacto negativo en sus negocios. Además, estos bloqueos “polarizantes” dan el pretexto a los diputados para que no se presenten a trabajar, comentó.

Castellanos afirmó que como bancada se respetan el derecho de manifestación y expresión de los guatemaltecos en manifestarse, por lo que las instituciones deben garantizar el libre ejercicio de los derechos manifestación y locomoción.

“Son manifestaciones convocadas y deben desarrollarse de manera pacífica y consciente de que hay un enojo hacia la fiscal general Consuelo Porras, hacia la democracia y esta criminalización absurda contra el expresidente de los 48 cantones y ese rechazo se ve reflejado expresando de esta manera en las manifestaciones”, apuntó.