En el análisis de ALas845 se conversó sobre las implicaciones de la inconstitucionalidad parcial declarada por la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el presupuesto de 2025.

Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF, señaló que accionaron contra 4 artículos del decreto de presupuesto que son “ambiguos” porque da discrecionalidad al Ejecutivo para fijar montos en esos rubros, además de suspender los “pesos y contrapesos” en una democracia con separación de poderes.

“El presupuesto no va a variar. No se van a quedar sin dinero, sino que si a la hora de contabilizar lo de las clases pasivas, por ejemplo, deben ir al Congreso y pedir que se lo aprueben. No se les quita el dinero, lo que no hay es una cuenta abierta para que no tengan límite. Además, las clases pasivas deberían ver si hay un límite para que de verdad les lleguen los fondos y no se vayan a otros rubros. Es para dar un orden”, dijo.

Torrebiarte añadió que tampoco los Codedes se quedarán sin presupuesto, pero “alguien que necesite para un proyecto, deberá ir al Legislativo y solicitar los fondos para aprobación”.

Según la directiva, es tarea de los ciudadanos fiscalizar en dónde se aplican los recursos. Sobre el otro artículo impugnado relacionado con desarrollo integral, indicó que se aumentaron en el decreto Q300 millones, pero que ahora se deberá acudir al Congreso para la autorización.

“Si se llega a necesitar el dinero, el Ejecutivo deberá justificar en el Congreso para qué se requiere. Esta medida de la resolución de la CC da certeza, y para dar pesos y contrapesos, pues ninguno de los dos organismos debe permitir que el otro lo determine”, dijo.

Según Torrebiarte, el Congreso estaba “cediendo responsabilidades” y menos lo tuvo que hacer con un “cheque en blanco”.

Vea la entrevista completa: