Varias agentes de la Policía Nacional Civil sufrrieron una grave violación a su intimidadtras ser filmadas mientras se bañaban al finalizar su jornada laboral. Los videos fueron publicados en redes sociales, lo que desató una investigación interna para identificar a los responsables.

El hecho no solo evidencia la vulneración de la privacidad de las agentes, sino también las condiciones precarias en que muchas mujeres policías cumplen su servicio, utilizando métodos improvisados para su higiene personal. El director de la institución asegura que existen regaderas disponibles, aunque reconoce que aún persisten deficiencias.

Las autoridades confirman que ya se ha identificado al responsable de la publicación y que se iniciará el proceso legal correspondiente, conforme al artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a cuatro años de prisión por difusión de contenido sexual sin consentimiento. Especialistas y representantes de la sociedad civil consideran que la sanción legal es insuficiente y solicitan medidas administrativas más severas, incluida la destitución inmediata.

Especialistas y autoridades consideran que la investigación debe continuar y que se debe aplicar todo el peso de la ley. “Si esto ocurre con sus propias compañeras dentro de una sede policial, ¿qué protección pueden esperar las mujeres ciudadanas en situaciones de intervención policial?”, señalan expertos.

El hecho revela la intención deliberada de los responsables, quienes actuaron con premeditación y engaño para ridiculizar y vulnerar a sus compañeras. Especialistas insisten en que este tipo de conductas no solo son un delito, sino también un abuso de poder, y exigen sanciones ejemplares que incluyan destitución inmediata y registros que impidan la reincorporación al sistema de seguridad.

Además, advierten sobre la insuficiencia de la legislación vigente: el artículo 190 del Código Penal establece penas de dos a cuatro años de prisión por difusión de material sexual sin consentimiento, pero actualmente estas pueden ser conmutadas, lo que limita la efectividad de la sanción. Por ello, llaman a reformar la ley y endurecer las penas para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas.

Asimismo, hacen un llamado a la ciudadanía: el morbo y la difusión de imágenes privadas no solo revictimizan a quienes sufren la vulneración, sino que reflejan una cultura de bajo respeto por la intimidad. Señalan que el respeto a la indemnidad de las personas, sin importar su género, debe ser un valor fundamental de la sociedad.

Este no es un caso aislado: se reporta que también han sido fotografiadas sin ropa durante exámenes físicos, lo que genera preocupación sobre la exposición de las mujeres policías y cuestiona la protección institucional que reciben frente a abusos internos. Expertos y ciudadanos llaman a reforzar la cultura del respeto a la intimidad y la integridad de las personas, especialmente en instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.