La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció, durante el fin de semana, en contra del contenido del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2026, y pidió al Congreso corregir los errores que contiene.

Presentó sus principales señalamientos en cuatro puntos:

En el primero califica de irresponsable la propuesta del Ejecutivo, porque “aumenta el gasto público de forma insostenible y no prioriza las verdaderas necesidades de los guatemaltecos”.

En el segundo indica que la propuesta asigna la mayor parte de los recursos a gastos de funcionamiento y deuda, lo cual limita la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura, en especial en carreteras esenciales para el transporte de materias primas y productos.

Argumenta que este factor eleva los costos de traslado y, en consecuencia, incrementa el precio final de los bienes destinados al consumo familiar diario.

En el tercer punto afirma que, de aprobarse sin cambios, el presupuesto del 2026 se convertiría en una irresponsabilidad intergeneracional, debido a la deuda que deberán pagar hijos y nietos.

Este apartado se relaciona con el hecho de que el presupuesto superaría los Q163 mil millones, y que las ampliaciones preautorizadas podrían rebasar los Q170 mil millones. A criterio de los industriales, esto compromete el futuro del país.

El sector considera que ese plan de gastos “solapa excepciones, crea fondos especiales de difícil fiscalización y autoriza ampliaciones sin monto definido”, lo cual permitiría el uso del dinero sin límites ni claridad.

Tomando en cuenta esos factores, la CIG hace un llamado a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para que revise y corrija las deficiencias del proyecto, con el fin de garantizar transparencia y responsabilidad fiscal.

La entidad apela a la voluntad política, con la cual —indica— se combate la corrupción.

Durante octubre y noviembre de este año, el Cacif y el Cien también han lanzado advertencias acerca de la propuesta presupuestaria para el próximo año. El dictamen contempla entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones adicionales para los Consejos de Desarrollo (Codedes).

Como sector industrial, manifestamos nuestro total desacuerdo con la irresponsable propuesta de presupuesto 2026.

Lee la postura completa: https://t.co/bESXbchKG6pic.twitter.com/wlQSRatBBw

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) November 16, 2025

Presidente defiende presupuesto

Consultado el presidente de la República, Bernardo Arévalo, sobre si cuentan con otras medidas previstas en caso de que la propuesta de presupuesto para 2026 sea modificada en el Congreso o no se apruebe, el mandatario expresó su confianza en que esta será avalada.

Agregó que la Comisión de Finanzas del Legislativo podría considerar que se trata de una propuesta conveniente para fomentar condiciones de desarrollo en los distintos ámbitos del país.

Otra de las preguntas al mandatario se requiere a que, igual que otras entidades, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) manifestó la semana pasada su preocupación por el contenido del artículo 55 de la propuesta presupuestaria enviada por el Organismo Ejecutivo, ya que permitiría a los Codedes utilizar en 2026 los fondos no ejecutados durante los ejercicios fiscales de 2024 y 2025. Según el Icefi, esto abriría la puerta a actos de corrupción y abuso de recursos públicos en un año preelectoral. Por ello la entidad, recomendó eliminar dicho artículo.

Al respecto, el presidente explicó que los proyectos de los consejos de desarrollo deberían aprobarse con anticipación, conforme al ciclo regulado, pero que en diversos gobiernos ha habido retrasos en ese proceso, lo cual impide ejecutar los proyectos dentro del ejercicio fiscal asignado.

El mandatario indicó que, debido a esos retrasos, cuando se aprueban los fondos para inversión, los actores locales disponen de apenas tres, cuatro o cinco meses para ejecutar obras como escuelas, carreteras o puestos de salud, lo que hace prácticamente imposible completarlas dentro del mismo año.

“En esas condiciones, como hay un retraso y no están preparados, no se empieza a implementar en enero, sino cuando concluyen todos los trámites administrativos de rigor, establecidos por ley. Ya no queda tiempo para invertir, y las obras quedan abandonadas a medio construir o los fondos regresan al Fondo General del Estado”, añadió.

Arévalo afirmó que al Gobierno no le interesa que esos recursos regresen al fondo común, sino que se traduzcan en desarrollo y que las obras se terminen y empiecen a prestar servicios, como escuelas, clínicas, proyectos agrícolas y, por primera vez, iniciativas turísticas financiadas con esos fondos.

El presidente recordó que el año pasado se aplicó la misma fórmula propuesta en el artículo en cuestión, lo que permitió a los consejos de desarrollo continuar ejecutando los recursos y concretar obras públicas en los municipios.

“Lo que hace el artículo 55 es reconocer que los sistemas de aprobación de proyectos se han venido retrasando, al punto de que no se cumple lo que establece la normativa”, afirmó.

Y añadió: “Con el artículo 55 lo que buscamos es que los proyectos de desarrollo ya aprobados por los consejos —de salud, educación, cultura, carreteras o cualquier otro ámbito— puedan ser ejecutados. No hay ningún riesgo de corrupción, porque las mismas normas siguen aplicando, están sujetos a fiscalización, y simplemente se amplía el plazo para su construcción”.

Al mismo tiempo, señaló que en el Conadur se trabaja con los alcaldes para lograr que el sistema funcione adecuadamente.