Los guatemaltecos llevamos décadas repitiendo un ciclo que parece interminable. La mayoría desea un cambio para el país, anhelamos instituciones transparentes, líderes honestos y políticas que realmente beneficien a la ciudadanía, pero al momento de votar seguimos eligiendo a los mismos personajes, a esos politiqueros que han hecho de la corrupción y el clientelismo su modo de vida.

El discurso del cambio se convierte en un eslogan vacío cada cuatro años, mientras las prácticas delincuenciales se perpetúan y se normalizan como algo que es permitido: robar. Lo más preocupante es que ya no hablamos únicamente de promesas incumplidas, sino de mecanismos institucionalizados de saqueo que se disfrazan de gestión pública.

Hoy, en Guatemala, se ha vuelto común escuchar que las obras se pagan por adelantado, aunque nunca se ejecuten. Es un modelo perverso, donde el dinero de los impuestos se desvanece en contratos que jamás se materializan en beneficio de la población. Pero qué podemos esperar con contralores como que están por dejar el cargo, serviles y alineados a los corruptos.

Ejemplos sobran. El caso del pago de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores es un ejemplo reciente. Se desembolsaron más de Q60 millones, se firmaron compromisos, pero el estadio sigue esperando las mejoras prometidas, ni siquiera los planos han sido elaborados, pero ya la entidad internacional tiene en sus arcas el dinero de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

El dinero ya no está en las cuentas del ente deportivo, pero la obra tampoco y el Estadio Doroteo sigue en ruinas. Lo mismo ocurre en la Municipalidad de Antigua Guatemala, donde se pagó por un sistema informático que nunca fue entregado. La historia se repite una y otra vez, cada vez más frecuentemente. Los fondos públicos se esfuman y el país se queda con las manos vacías.

Este patrón refleja un problema estructural, nada más y nada menos que la falta de sanciones y que todo queda en impunidad. Los responsables rara vez enfrentan sanciones, y cuando lo hacen, los procesos judiciales se dilatan hasta perderse en la maraña burocrática. Mientras tanto, los mismos políticos continúan en campaña, ofreciendo soluciones que nunca llegan, apelando a la memoria corta del electorado y dando “apapachos y sonrisas” que solamente en esta época suelen ofrecer.

Lo más indignante es que estos politiqueros, cada cuatro años, resultan convertirse en los nuevos ricos de Guatemala. Son los mismos que vemos reaparecer como candidatos reciclados, disfrazados de “monjas de la caridad”, cuando en realidad son unos “Piratas Modernos”, que encontraron en las arcas del Estado su botín personal. Se presentan con nuevas banderas, con discursos renovados, pero detrás de ellos está la misma maquinaria de corrupción.

Cada elección es para ellos una oportunidad de enriquecerse, de acumular propiedades, de engrosar cuentas bancarias, mientras la mayoría de ciudadanos sigue atrapada en la pobreza y la falta de oportunidades. Sino veamos las denuncias públicas, una de ellas es el caso del ex director de COVIAL, Mario Gustavo Aguilar Alemán, quien después de su paso por el ente gubernamental, lo único que mejoró fue su bolsillo.

Esto no va a cambiar mientras sigamos eligiendo a los mismos corruptos, solamente que vestidos de diferente manera y diferente color. Los “piratas modernos” ya no usan barcos, ahora usan cargos públicos que les permiten hacer con los impuestos lo que les viene en gana. Desde esos espacios institucionales saquean con total impunidad, blindados por pactos políticos y por la indiferencia de una ciudadanía que, aunque cansada, sigue atrapada en la impunidad. Es mejor “negocio” robar Q82 millones del erario nacional, que 5 pacayas tiernas, porque siempre hay un juez que está dispuesto a apoyar la corrupción.

La normalización de estos abusos es quizá el síntoma más grave. Hemos llegado a aceptar que las obras se pagan sin ejecutarse, que los contratos se adjudican a empresas fantasma, que los proyectos se anuncian con bombos y platillos, pero nunca se concretan. La corrupción dejó de ser un escándalo para convertirse en parte del paisaje político. Y en ese contexto, el ciudadano común se siente impotente, atrapado entre la necesidad de elegir y la certeza de que las opciones disponibles son las mismas de siempre.

El cambio que tanto deseamos no llegará mientras sigamos premiando con nuestro voto a quienes han demostrado ser parte del problema. No basta con indignarse, no basta con señalar los abusos. Es necesario romper con la costumbre de elegir a los mismos, exigir nuevas alternativas, apoyar liderazgos frescos que surjan desde la sociedad civil, desde las comunidades, desde los espacios donde todavía existe compromiso genuino con el país. El poder de transformación está en las urnas, pero solo si lo usamos con responsabilidad y dignamente.

El reto es grande, porque implica cambiar no solo a los gobernantes, sino también nuestra cultura política, nuestra forma de participar y de exigir. Mientras sigamos votando por los mismos, seguiremos obteniendo los mismos resultados, no podemos esperar cambios de ningún tipo. El verdadero cambio comienza cuando decidimos que ya no vamos a tolerar más abusos, cuando entendemos que el futuro del país depende de nuestra capacidad de elegir distinto.

Guatemala merece más que buenas intenciones y discursos reciclados. Merece instituciones que funcionen, proyectos que se ejecuten, impuestos que se traduzcan en bienestar. Merece políticos que rindan cuentas y ciudadanos que no se conformen con migajas. Solamente así va a cambiar nuestra realidad.