Ley de Competencia: los cinco retos de la Sicom antes del 9 de diciembre
Con un nuevo superintendente al frente y el plazo del 9 de diciembre cada vez más cerca, la Superintendencia de Competencia debe acelerar su organización, contratar personal y establecer procedimientos para aplicar la ley. Expertos identifican las prioridades y los principales obstáculos que enfrenta la institución.
Tras el nombramiento de Carlos Federico Ortiz Ortiz como superintendente de Competencia, expertos identifican los principales desafíos de la institución ante la entrada en vigor de la segunda fase de la Ley de Competencia, el próximo 9 de diciembre.
Esta fase faculta a la Superintendencia de Competencia (Sicom) para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como analizar y autorizar concentraciones económicas, como fusiones y adquisiciones de empresas.
Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia (IDC), y Habibi Quiñonez Oliva, directora ejecutiva del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), coinciden en la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y conformar equipos especializados, aunque difieren sobre el nivel de preparación que alcanzará la entidad para esa fecha.
Los cinco principales retos de la Sicom
1. Estructura institucional y puesta en funcionamiento
Uno de los desafíos inmediatos es pasar del nombramiento del superintendente, efectuado el 9 de octubre del 2026, al pleno funcionamiento de la institución. Esto incluye contratar personal, ejecutar el presupuesto e implementar procesos administrativos y técnicos.
Quiñonez considera que la elección del superintendente era indispensable para avanzar en la estructura institucional, pues sin esa autoridad no era posible operar plenamente. Ahora, el reto es contar con una institución funcional, ejecución del presupuesto y procesos internos en marcha.
Palma señala que los retrasos en la elección, las controversias internas y las acciones judiciales han impedido avanzar oportunamente en la organización de la Sicom.
2. Contratar y capacitar personal especializado
Ambos expertos consideran fundamental contar con personal capaz de analizar mercados, evaluar conductas empresariales e investigar posibles prácticas anticompetitivas y concentraciones económicas.
Para Palma, conformar el equipo es prioritario, pero la capacitación constituye el principal desafío, porque numerosos abogados y economistas carecen de experiencia práctica en derecho de competencia, un tema relativamente nuevo en Guatemala. Recomienda incluso recurrir a la cooperación internacional.
Quiñonez considera que la ley solo generará beneficios para la población si existe una autoridad sólida, con personal especializado y criterios técnicos claros, capaz de aplicarla rigurosa, objetiva y predeciblemente.
3. Prepararse para la segunda fase de la ley
La proximidad del 9 de diciembre representa otro desafío por las nuevas responsabilidades que asumirá la institución.
Palma considera que la Sicom no estará preparada a tiempo debido a los retrasos acumulados, incluido el período transcurrido desde la renuncia del primer superintendente hasta la elección de su sustituto y las acciones legales relacionadas con el proceso. “Es decir, no ha tenido tiempo la superintendencia de poder conformar sus equipos como debió hacerlo desde el inicio”, afirma.
Advierte que, a partir del 9 de diciembre, la institución no podrá argumentar falta de preparación, pues tendrá la obligación de tramitar las denuncias que reciba.
Quiñonez reconoce que el plazo es corto y considera fundamental establecer prioridades. Además de conformar y capacitar al equipo técnico, recomienda impulsar la abogacía de la competencia que consiste en divulgar el alcance de la ley, explicar los cambios que entrarán en vigor y promover el conocimiento de los derechos, beneficios y obligaciones de los ciudadanos.
4. Superar diferencias internas y fortalecer la credibilidad
Los especialistas coinciden en que la Sicom debe fortalecer su credibilidad y evitar que las diferencias dentro del directorio afecten su funcionamiento.
“Una autoridad de competencia necesita credibilidad, independencia y reglas claras para que la población confíe en sus decisiones”, expresa Quiñonez.
Palma considera que los cuestionamientos entre directores han generado desgaste institucional. Recuerda que el directorio es un órgano colegiado cuyas decisiones pueden aprobarse por mayoría y que los desacuerdos no deben paralizar a la institución.
También considera que algunos cuestionamientos de comisiones del Congreso se han extralimitado, pues debe distinguirse entre la fiscalización legislativa y la autonomía otorgada a la Sicom mediante la ley que el mismo Legislativo aprobó.
“Pueden cuestionar algunas acciones, por ejemplo, por temas de fiscalización, pero yo creo es prematuro fiscalizar ahorita a la superintendencia por aspectos que ni siquiera ha empezado a operar o actuar como tal”, expresa.
5. Establecer reglas claras y generar certeza jurídica
Otro desafío es garantizar que empresas, consumidores y demás agentes económicos conozcan cómo se aplicará la ley.
Quiñonez considera indispensable establecer criterios técnicos y publicar guías sobre programas de cumplimiento, determinación del mercado relevante y posición de dominio.
“Todo debate es valioso cuando contribuye a fortalecer la institución y lo deseable es que las observaciones vengan acompañadas de propuestas y no de intereses políticos”, expresa.
Añade que integrar el directorio implica asumir la responsabilidad de decidir y no únicamente oponerse.
Palma considera prematuro evaluar la certeza jurídica que ofrecerá la institución porque todavía no ha conocido casos. Sin embargo, insiste en superar las diferencias internas, unificar criterios y, cuando existan desacuerdos, dejar constancia del voto razonado y continuar con las actividades.
Las prioridades para el nuevo superintendente
Quiñonez identifica tres prioridades para Ortiz: conformar equipos técnicos de alto nivel, seleccionados por mérito y con formación continua; consolidar procesos y publicar guías que permitan aplicar la ley con criterios predecibles; y fomentar la abogacía de la competencia.
Sobre este último aspecto, considera necesario explicar no solo los cambios legales, sino también los beneficios de la competencia y cómo el Estado puede evitar regulaciones que la limiten innecesariamente.
“Así se construye una cultura de competencia y la institución se convierte también en un referente técnico”, añade.
Palma también identifica tres prioridades: diseñar un plan para promover la competencia en diferentes sectores, elaborar estudios de los mercados que más afectan a los consumidores y preparar los procedimientos para investigar prácticas anticompetitivas.
Menciona que la mesa técnica de Compite Guate, iniciativa intersectorial liderada por el Consejo Nacional Empresarial (CNE), cuenta con estudios de mercado que podrían servir como punto de partida.
La elección y los desacuerdos en el directorio
Sobre los cuestionamientos al proceso de elección, Quiñonez opinó que se desarrolló conforme a la Resolución 55-2026, con transparencia y respeto a la legalidad.
Señala que la evaluación incluyó distintas etapas, expedientes públicos y reglas definidas. Destaca que Ortiz obtuvo la nota más alta en el examen de oposición aplicado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, lo que, a su criterio, respalda una elección basada en mérito y capacidad técnica.
Palma recuerda que las decisiones del directorio pueden tomarse por mayoría y que los desacuerdos no justifican cuestionar la institucionalidad. Señala que podría ampliar su opinión cuando disponga de más información del proceso.
¿Estará preparada la Sicom para el 9 de diciembre?
Javier Bauer, presidente del directorio de la Sicom, considera que la institución puede llegar al 9 de diciembre en condiciones de cumplir sus funciones esenciales, aunque reconoce que el tiempo es corto.
Explica que, desde marzo del 2026, la entidad estuvo a cargo primero de un superintendente que había renunciado y luego de uno en funciones, lo que retrasó decisiones de organización y contratación.
Entre los avances menciona la aprobación del Reglamento de la Ley de Competencia, el Reglamento Orgánico Interno y el Reglamento Interno de Trabajo, además del nombramiento de Ortiz.
“Lo urgente es que desde el primer día se puedan recibir y tramitar las notificaciones de concentraciones y las denuncias”, afirma.
Explica que Ortiz debe nombrar a los intendentes de Investigación, Promoción de la Competencia y Estudios Económicos. Espera que estén designados para el 9 de diciembre, “porque son las que van a llevar el trabajo de fondo cuando entre en vigor la segunda fase”.
Bauer comentó que propondrá al directorio que el superintendente presente un plan para completar la organización pendiente.
Acciones legales
Bauer informa que Juan Carlos Rodil Quintana y Byron Enrique Ochoa Paredes, integrantes de la nómina de candidatos de la primera elección a Superintendente, presentaron dos amparos contra la resolución que inició el nuevo proceso. Rodil Quintana también interpuso un recurso de reposición.
Sin embargo, hasta el viernes 16 de octubre, la institución no había sido notificada de ninguna acción legal contra la votación del 9 de octubre, en la que Ortiz fue designado superintendente.