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Con dinero baila el Congreso
En esta danza de millones flotantes, hasta el propio Ejecutivo, y especialmente el Ministerio de Finanzas, tiene su pieza.
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Después de una anodina secuencia de plenarias fallidas, ausentismo de diputados, citaciones y peroratas histriónicas en nombre de una supuesta fiscalización de recursos públicos, un combo de diputados autodenominados opositores tuvo el epóxico perfecto para aglutinarse. Ciento ocho votos avalaron una peligrosa y temeraria iniciativa, que ni siquiera fue discutida, y pasó a votación mediante “moción privilegiada”. Este decreto le da luz verde al traslado de fondos no ejecutados de Consejos Departamentales de Desarrollo, sin exigir mayores controles de transparencia. En otras palabras, también constituye un permiso para el dispendio, un aval a la mediocridad y un pretexto para los amaños.
Eso de moción privilegiada recuerda el ilícito aumento autorrecetado por diputados, a espaldas de la ciudadanía, y que sigue siendo legalmente dudoso, por no haber sido discutido en el pleno en la forma en que lo ordenó la Corte de Constitucionalidad, cuyo silencio la hace accesoria de tal arbitrariedad. Sin embargo, tanto ese caso como en el del decreto 7-2025, aprobado a toda prisa ayer, exhibe que cuando hay dinero de por medio, entonces sí se mueven los diputados y hasta llegan a sesión.
El solo número del decreto exhibe la improductividad legislativa de este año: apenas siete decretos en nueve meses, de los cuales ocho han sido cobrados con el sobresueldo de la vergüenza. Ahora, pretenden venderse como adalides de la descentralización a través de un permiso para crear un bolsón de gasto que apunta a la tardanza electorera y que hace previsible desde ya su uso clientelar en la campaña del 2027. En esta danza de millones flotantes, hasta el propio Ejecutivo, y especialmente el Ministerio de Finanzas, tiene su pieza, porque repetidamente han excusado y justificado la baja ejecución de los Codedes.
El precedente ya era malo: del 2024 se trasladaron fondos de Codedes sin ejecutar, junto con la asignación presupuestaria del 2025; ello formó un bolsón de Q12 mil 246 millones asignado para ejecución de obras. Tal monto no deja lugar a excusas en la construcción de proyectos viales, sanitarios, escolares y de utilidad para las comunidades. Sin embargo, hasta el 28 de agosto solo iban ejecutados Q2 mil 777 millones, menos de la cuarta parte de lo disponible.
El Ejecutivo anunció mecanismos para acelerar la ejecución, pero eso por sí mismo no asegura calidad en las obras. En numerosas municipalidades hay rezagos a causa de personal que aún no sabe —o no quiere— manejar las herramientas de monitoreo de gasto y controles de avance. Y ahora el Congreso, en un incentivo perverso, otorga licencia para acumular recursos. El saldo trasladado del 2025 al 2026 podría ser de hasta Q9 mil millones. Dadas las tendencias históricas, fondos y proyectos, tienden a ser deliberadamente retrasados para darles un efectismo politiquero en proximidad del siguiente evento electoral.
Es necesario señalar que, en ciertos casos, los proyectos locales enfrentan demoras por factores explicables: licitaciones que se atrasan, falta de permisos, obstáculos climáticos. El problema no es el traslado interanual de fondos para proseguir una obra comunitaria; el problema es que debe ser la excepción y no la regla, porque la permisividad se torna en desorden y en este pululan la mediocridad y la corrupción. El Congreso avaló un permiso para gastar sin candados de control, y basta ver quiénes bailaron a este son. Sin auditoría estricta ni informes de progreso ni sanciones a los retrasos injustificados, es un festín de voracidades. Mientras tanto, el oficialismo no protestó, como lo hacía en sus días de llanura, porque también le conviene.