La Organización de Naciones Unidas (ONU) surgió en 1945, inmediatamente después del final de la II Guerra Mundial, como una instancia internacional que contribuyera a evitar otra conflagración aún peor que pusiera en riesgo la misma existencia humana. Tal misión no es exagerada, pues están a la vista las consecuencias devastadoras y mortíferas de los conflictos y guerras a toda escala, civiles o entre naciones vecinas; pero el cumplimiento de tal misión está en entredicho, a causa de una estructura de decisiones que poco ha variado en 80 años, así como las variables políticas —o politiqueras—, culturales, económicas, religiosas e incluso idiosincráticas de cada país miembro.

En septiembre del 2024 se lanzó el Pacto del Futuro, con el apoyo de unos 140 países, para redefinir una agenda de temas prioritarios, entre los cuales están los grandes pendientes en combate de la pobreza, desarrollo humano integral, salubridad, equidad de las mujeres, conservación ambiental y economía sostenible, efectos del cambio climático y valoración de las culturas originarias. Estos ya figuran en la agenda de desarrollo 2030, la cual, según los intereses y las polarizaciones internas de cada país, es vista como una hoja de ruta o es satanizada bajo interpretaciones conspiranoicas acicateadas a conveniencia.

Pero, además, se ha planteado la posibilidad de una transformación estructural de la forma de discutir y tomar decisiones, sobre todo en el Consejo Permanente, en el cual cinco países mantienen poder de veto absoluto, como si la geopolítica mundial no hubiera cambiado tanto en ocho décadas. Esta potestad suele bloquear resoluciones sobre agresiones, crímenes de guerra y otros abusos de superpotencias y países satélites.

Situaciones de grave impacto humanitario como la invasión rusa a Ucrania, la ofensiva israelí en Gaza o conflictos en países africanos constituyen desafíos en los cuales la ONU podría y debería tener mayor capacidad de acción; sin embargo, esto se ve limitado por la influencia de ciertos actores o intereses. Lo mismo aplica en situaciones de riesgo ambiental o crisis migratorias, para las cuales quizá podría responder mejor otra estructura de votos y toma de decisiones. Pero ello forma parte también de condicionamientos que prolongan la inercia.

En el 2024 también se adoptó un Pacto Digital de cara al futuro, para poder afrontar circunstancias surgidas en las últimas tres décadas: el acceso a la conectividad, el alfabetismo digital, la ciberseguridad y, últimamente, el papel de la inteligencia artificial. Sin una transformación acorde a los tiempos, la ONU parece limitada a ser un foro de discursos grandilocuentes, algunos con ínfulas nacionalistas, ideologizadas cerrazones y chantajes implícitos. A la vez, las oficinas nacionales de la entidad deben promover el diálogo con los Estados, facilitar la cooperación y propiciar el entendimiento a partir de prioridades locales, para que sean las propias naciones las que determinen su ruta.

Quizá el próximo gran paso institucional podría ser marcado por la elección de la nueva persona a cargo de la Secretaría General, en el 2026. Nunca en 80 años se ha designado a una mujer, lo cual contrasta con buena parte de tantos prolegómenos referentes a la inclusión y la igualdad. La expresidenta chilena Michelle Bachelet es una de las figuras que ya se perfilan, sobre todo porque, según una regla no escrita, debe haber una rotación continental en este liderazgo y viene el turno de América. Hay muchas y talentosas profesionales en el continente para afrontar los desafíos venideros.